Sin abrir juicio sobre las limitaciones al derecho de manifestarse pacíficamente que conlleva el mal llamado Protocolo de Seguridad que se intenta llevar a la práctica desoyendo advertencias de organizaciones sociales, partidos políticos y de ciudadanos que alertan sobre sus posibles consecuencias represivas, ARGRA considera su deber dar a conocer su oposición al pretendido “Corralito Periodístico” que conlleva.
El Protocolo determina que los medios de prensa serán confinados en “una zona determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento”. Solo falta que se aclare que “se garantizará su integridad física” en tanto no “interfieran con el procedimiento”.
No es necesario reflexionar demasiado para concluir que una cobertura periodística callejera no puede realizarse de ningún modo desde “una zona determinada” por la policía, y que esta solo sirve para ocultar un accionar que se presupone así represivo cuando no ilegal.
No es necesario tampoco abundar en ejemplos donde la cobertura periodística justamente desnudó y ayudó a castigar ese accionar abusivo o ilegal de las fuerzas de seguridad.
Fotos icónicas de la Matanza de Tlatelolco o de la universidad de California lo demuestran, y las fotos de nuestros colegas que cubrieron y denunciaron y facilitaron el castigo de los asesinatos de Kosteki y Santillán lo confirman.
Hacemos responsable en forma directa al gobierno nacional y a su ministra de seguridad por la integridad física de los trabajadores de prensa que cubren la protesta social, y exigimos que se les permita cubrir los hechos con la libertad de movimiento y perspectiva que corresponde a una prensa libre y responsable.
