En el marco de la rendición pública de cuentas, registrada la anterior semana, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde informó que durante la pasada gestión se atendieron ese tipo de denuncias que involucran al vecino país, además de las referidas a remoción de hito; así, admitió que con Santiago “hay una relación difícil”.
“Hemos visto que están perforando pozos de agua cerca de la frontera, ya hemos mandado un equipo de inspección y ya hemos hecho la denuncia internacional (…); Chile nos ha respondido que son pozos de agua de ellos. (…) Están usando nuestros acuíferos los chilenos”, afirmó.
Labor. Ante esa situación, el viceministro Alurralde señaló que ya se solicitó al Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la Unesco (un programa intergubernamental de cooperación en materia de investigación sobre recursos hídricos), hacer una inspección de esos pozos “para que se evite esa explotación”, manifestó la autoridad, sin precisar la región exacta donde se verificaron esos hechos.
Empero, el tratamiento de recursos hídricos entre ambos países tiene una larga data. Pasa por la controversia del uso de las aguas del Silala; el desvío de los ríos Lauca, que provocó la ruptura de relaciones entre Bolivia y Chile en 1962; y el Caquena, cuyo curso fue afectado por esa nación el mismo año.
De 2005 data una resolución sobre la controversia de las aguas del Silala, para beneficiar a las comunidades fronterizas de Bolivia y Chile, en base a estudios conjuntos sobre esos recursos. “Se busca una solución práctica y de un beneficio concreto”, afirmó en esa oportunidad el extinto canciller boliviano Armando Loaiza.
Además, ese mismo año, en España, los presidentes Eduardo Rodríguez (Bolivia) y Ricardo Lagos (Chile) acordaron avanzar en la agenda referida al aprovechamiento de los recursos hídricos. En la oportunidad, el mandatario chileno reconoció que se deben lograr acuerdos sobre el uso del agua para beneficiar actividades vinculadas con la minería y la agricultura; no obstante, su gobierno autorizó la exploración de reservas acuíferas a través de perforaciones en su país, pero que podrían afectar las reservas hídricas que traspasan, de forma natural, al territorio boliviano.
Las zonas fronterizas, cercanas a Bolivia, carecen de agua porque el área corresponde al desierto de Atacama, uno de los más áridos del mundo.
En 2006, el tema del Silala, cuyas aguas ahora benefician al país vecino que asegura que se trata de un río de curso internacional, también fue incluido en la agenda de 13 puntos, suscrita entre la presidenta Michelle Bachelet y su homólogo Evo Morales; empero, en 2010, Santiago canceló el diálogo bilateral y hasta la fecha no hubo un avance entre ambos países para discutir el uso de esos recursos.
“El agua no conoce fronteras, entonces, están usando nuestros acuíferos”, enfatizó la pasada semana Alurralde, quien insistió que los pozos de agua, perforados en la frontera, son usados por empresas mineras.
“Hasta los hermanos aymaras de Chile están sufriendo de agua porque las mineras todo se lo llevan”, agregó el Vicecanciller boliviano.
En 2015, comunarios de Potosí denunciaron la remoción de un “hito intermedio”, cerca del mojón 55, en la frontera, por parte de personal de una empresa minera afincada en Chile, para obtener agua dulce de la laguna El Desierto, en territorio nacional.
No obstante, una comisión del Instituto Geográfico Militar (IGM) del Ejército, que se desplazó hasta esa región, descartó ese extremo. Ante esas denuncias e ilícitos, la Cancillería activó un control integral fronterizo.
