Veinte represores están imputados y se busca determinar el destino de 269 víctimas que estuvieron en diversos centros clandestinos de detención en la provincia. En ese territorio fue donde empezaron a montarse los centros de tormento como la “Escuelita de Famaillá” Diego de Rojas.
Ayer, desde muy temprano las inmediaciones del Tribunal Oral Penal Federal (TOF) se colmaron de organizaciones sociales que acompañaron a los familiares y a los querellantes en la extensa jornada de lectura de la imputación para cada uno de los veinte represores.
Días antes del inicio de las audiencias, los jueces tuvieron que armar el circuito para que los represores pudieron escuchar la lectura del Ministerio Público Fiscal. Estuvieron algunos presentes y otros desde Comodoro Py, por el sistema de teleconferencias. Como es habitual en las primeras jornadas de estos juicios, los abogados defensores hicieron planteos para demorar el inicio de la audiencia. A los 25 minutos de comenzada la jornada se tuvo que pasar a un cuarto intermedio para que los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Reynaga evaluaran un pedido para separar del juicio a uno de los imputados. Hicieron lugar al planteo y Enrique Benjamín Bonifacino no será juzgado por su estado de salud. Sufriría Alzheimer y permanecerá bajo prisión domiciliaria en Buenos Aires. El informe del perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue determinante para que los magistrados accedieron al pedido de su defensor.
Cuando entraron los imputados a la sala los familiares de desaparecidos levantaron las imágenes de sus seres queridos, mientras que los familiares de los represores imputados, levantaron una bandera argentina y comenzaron a cantar el Himno Nacional. Cada sector marcaba su presencia, divididos por gendarmes.
Luego llegó el turno de la acusación de los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit, quienes se dividieron la lectura de la imputación, en la que detallaron el accionar represivo instalado en Tucumán, con la instrumentación del Operativo Independencia. A través de los diarios personales del genocida Abdel Vilas, se reconstruyó cómo la provincia fue dividida militarmente, y de qué forma “nació” la “Escuelita” de Famaillá como centro del terror.
“Fue el propio Vilas quien dijo que la comisaría de la localidad de Famaillá estaba en muy malas condiciones por lo que debían buscar un lugar alternativo para alojar de los detenidos subversivos. Fue ahí cuando se eligió a la Escuela Diego de Rojas, establecimiento construido entre 1972 y 1974. Allí los represores tuvieron entre 30 y 40 detenidos porque era la capacidad de la escuela”, sostuvo Camuña frente a los jueces.
“Es más, a la última aula de la escuela se la utilizó como sala de torturas. Allí había un equipo de grabación para tomar registro de las declaraciones bajo tormento y una radio, entre otras cosas. Entre febrero de 1975 y abril de 1976 pasaron por allí 1507 personas quienes fueron torturadas. Este lugar se encuentra a 36 kilómetros de San Miguel de Tucumán”, aseguró el fiscal.
Un apartado muy importante de parte de los fiscales Chit y Camuña fueron los delitos sexuales en contra de las mujeres desde que comenzó el Operativo Independencia. Violaciones en las casas, frente a sus maridos. Manoseos constantes en todos los puntos de control en la provincia. Violaciones y vejaciones en todos los campos de concentración. Se inauguró así por primera vez en la Argentina la violencia sexual en contra de la mujer, de forma sistemática. Muchas de las mujeres que sobrevivieron relataron su padecimiento. Muchas otras no pudieron hacerlo, porque murieron”, aseveró Camuña en parte de su relato.
Los acusados son Luis Armando De Candido, Ricardo Oscar Sánchez, Ramón César Jodar, Jorge Omar Lazarte, Roberto Heriberto Albornoz, Néstor Rubén Castelli, Enrique José Del Pino, Jorge Gerónimo Capitán, Miguel Angel Moreno, Alfredo Alberto Svendsen, Pedro Adolfo López, Casiano Pedro Burtnik, Julio César Meroi, Omar Edgardo Parada, Manuel Rubén Vila, Francisco Camilo Orce, José Luis del Valle Figueroa, José Ernesto Cuestas y José Roberto Abba.
Por el volumen de casos que se relevarán y el ofrecimiento de más de 1400 testigos, se calcula que el juicio durará más de un año. Las audiencias seguirán todos los jueves (jornada completa) y los viernes (media jornada), según lo dispuso el Tribunal Oral Federal.
Estuvieron presentes autoridades nacionales, provinciales y legisladores del Frente para la Victoria, como la presidenta de la Comisión de Educación, Silvia Rojkés de Temkin, quien dijo a Página/12, “vengo como una militante más a acompañar este proceso que sin dudas es muy doloroso, pero necesario para encontrar verdad y justicia”.
*Por Ramiro Rearte
