El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Corrientes juzgará desde el lunes a cinco ex militares y a dos ex gendarmes por los crímenes cometidos contra doce víctimas, siete de las cuales pertenecieron a las Ligas Agrarias, el movimiento campesino de gran influencia en la zona tabacalera y algodonera que fue perseguido especialmente en esa zona del país durante el terrorismo de Estado.
El juicio será el resultado de la acumulación de dos causas. La que aborda los casos de las víctimas de las Ligas, que tiene como único acusado al ex jefe de la Agrupación “Mesopotamia Sur” de Gendarmería Nacional de Curuzú Cuatiá, Domingo José Issler (88), y la que trata los secuestros padecidos por otras cinco personas en distintos puntos de la provincia y que tienen en común que parte de su cautiverio lo pasaron por la unidad a cargo de Issler.
Los otros acusados son el ex jefe del Área 243 con sede en el Regimiento de Infantería 5 de Corrientes, Guillermo Ramón Añaños (87); los ex jefes del Grupo de Artillería 3 de Paso de los Libres, Juan Carlos Medrano Caro (83) y Alfredo Manuel Arrillaga (82); el ex Jefe de Sección de la Compañía de Ingenieros 3 de Monte Caseros, Julio Miguel Plazaola (64); el ex jefe del Cuartel de Vigilancia de Alvear, Julio Santiago Canteros (69); y el ex jefe de la Sección Comando y Servicios del Escuadrón 7 de Gendarmería Nacional, Ángel Ricardo López Ferro (70).
Todos, menos López Ferro, están acusados por su participación, en distintas calidades, en el delito privación ilegal de la libertad cometido con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley con el agravante de haber sido cometida con violencias y amenazas. López Ferro fue acusado de imposición de severidades a presos bajo custodia de funcionario público.
Durante el juicio se van a ventilar hechos ocurridos en las localidad de Perugorría con integrantes del movimiento agrario y de Curuzú Cuatiá, Santo Tomé, Paso de los Libres y Alvear. En esta ultima ocurrió el secuestro del contador Raúl Figueredo, la única víctima del objeto de este juicio que se encuentra desaparecida. .
De acuerdo con la acusación fiscal, los imputados tuvieron responsabilidad en función de los cargos que ocupaban durante la represión ilegal y se les atribuyeron los casos de acuerdo a la jurisdicción donde se produjeron y los lugares por los que se encuentra acreditado que pasaron detenidas las víctimas.
El debate oral y público estará a cargo de la jueza Lucrecia Rojas de Badaro (presidenta) y de los jueces Víctor Alonso y Amado Fermín Ceroleni. Intervendrán el fiscal federal Flavio Ferrini y el fiscal ad hoc Juan Martín García. El tribunal admitió entre 50 y 60 testigos y, tras el inicio de este lunes a las 9.00, dispuso audiencias en el mismo horario para el resto de los días de la próxima semana y para el lunes 30 de mayo.
Perugorría
La localidad de Perugorría fue el epicentro de la acción social llevada a cabo por las Ligas Agrarias en Corrientes. Allí colaboró con el movimiento la religiosa francesa Alice Domon, secuestrada en Buenos Aires en la Iglesia de la Santa Cruz y luego asesinada en un "vuelo de la muerte" con su compañera Léonie Duquet tras pasar el cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Carmen Cantero, víctima en el juicio que arranca el lunes, fue secuestrada el 24 de marzo de 1976 en el domicilio de su hermana en Perugorría por militares de la jefatura del Área 241. Estaba embarazada y tenía un hijo de dos años de edad. "No le explicaron los motivos de su detención, aunque, al igual que otros detenidos en el mismo operativo, la víctima colaboraba con las 'Ligas Agrarias', y fue interrogada por ello y sobre su actividad como docente", indicó la Fiscalía al requerir la elevación de la causa a juicio oral y público.
Cantero fue encerrada en la comisaría local y horas más tarde fue trasladada a un local de la Gendarmería en Curuzú Cuatía junto a Ramona Victoria Benítez, Ana Isabel Olivo y Ana Lucía Vega, cuyos casos también forman parte del objeto de este juicio.
Cantero, Benítez y Olivo permanecieron allí incomunicadas durante quince días hasta que el obispo de Goya, Alberto Devoto, logró localizarlas. Después, su detención fue reconocida por el gobierno: fueron puestas por decreto "a disposición" del Poder Ejecutivo Nacional. Luego de un mes, las tres mujeres fueron trasladadas al Regimiento de Infantería 5 de Paso de los Libres, y más tarde a la sede de la Gendarmería de esa ciudad.
En septiembre de ese año, Cantero fue separada de Benítez y Olivo -quienes fueron trasladadas a Buenos Aires- y llevada en una ambulancia hasta el Hospital Militar de Curuzú Cuatiá. Tras quince días de permanecer encerrada en una habitación, fue dejada en libertad.
Olivo padeció dos secuestros. El primero, el 15 de septiembre de 1975, cuando fue secuestrada en Perugorría y llevada a un lugar no identificado de la localidad de Solari, donde fue torturada e interrogada acerca de la actividad de las "Ligas". El segundo secuestro fue el mismo día del golpe de Estado. Parte de su derrotero fue común al de Cantero y Benítez. En junio de 1977 recuperó la libertad desde la cárcel de Devoto. Tras hacer uso de la "opción" de dejar el país, se fue a México, donde se encontró con su novio, Sergio Tomasella, el secretario general de las Ligas Agrarias.
Olivo perteneció al movimiento rural de acción católica y a las "Ligas”, relacionadas con la Iglesia Católica. Por eso, explicó la Fiscalía en la elevación a juicio, "vivía [al momento de los hechos] en la escuelita del Paraje Palmitas, hecha por el obispo Devoto".
Otra de las víctimas cuyo caso se tratará en el juicio es Jorge Eduardo Puntín, secuestrado también en Perugorría en la noche del 7 de noviembre de 1976. Estuvo privado ilegalmente de la libertad en la comisaría local y en las dependencias de la Gendarmería Nacional, desde donde lo liberaron durante la madrugada, tras interrogarlo sobre las Ligas. Mientras estuvo en cautiverio pudo escuchar cómo interrogaban a su cuñada, María Claudia Ybarrola -también su caso forma parte del objeto procesal-, a quien habían secuestrado durante el trayecto en el que lo trasladaban.
Ybarrola no recuperó la libertad inmediatamente. El 5 de diciembre la trasladaron nuevamente a la comisaría y salió de allí doce días más tarde, luego de un mes de torturas diarias.
Finalmente, Pedro José Tomasella -otra víctima de este juicio- fue secuestrado el 12 de noviembre de 1976 y liberado cuatro días más tarde. Pasó por la comisaría local y por las dependencias de la Gendarmería Nacional, donde fue torturado e interrogado por su participación en actividades de las Ligas Agrarias.
