Fue luego de ratificar la prisión preventiva de ambos ex funcionarios judiciales, consignó el portal Chaco Día por Día.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani –como presidente-, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, rechazó el recurso de la defensa del ex juez Ángel Córdoba y del ex fiscal Roberto Mazzoni, interpuesto contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que había confirmado la prórroga de prisión preventiva de los nombrados, quienes están acusados por incumplimiento de deberes de funcionario público, incumplimiento de obligación de promover la persecución de delitos de acción pública y encubrimiento.
Asimismo, los magistrados de la Sala IV exhortaron al juez de primera instancia a que extreme las medidas necesarias a los efectos de otorgar celeridad al trámite del proceso, según informó el Centro de Información Judicial.
En la causa se investigan la supuesta complicidad y participación de funcionarios judiciales y policiales en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la provincia del Chaco.
Asociación ilícita, sin confirmación
Vale recordar que la Cámara Federal de Casación Penal aún debe resolver una presentación realizada en diciembre de 2015 por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia pidiendo que revoque la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que “desprocesó” al exjuez Córboba, al exfiscal Mazzoni y del exjefe de Guardia de la U7, Pablo César Casco por el delito de “asociación ilícita” para perpetrar crímenes de lesa humanidad contra los detenidos políticos. Los tres imputados habían sido procesados por asociación ilícita en junio de 2015 por el juez federal Carlos Skidelsky.
En aquella resolución, dictada en línea con la postura de los fiscales de la Unidad de DDHH (Diego Vigay, Patricio Sabadini y Carlos Amad), el juez sostuvo que "el método implementado por Luis Ángel Córdoba y Roberto Domingo Mazzoni, en la llamada 'lucha antisubversiva', era 'no hacer', no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a declarar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables". En ese sentido, indicó que "los represores conocían que podían actuar sin preocupaciones, ya que desde la magistratura de la justicia federal de Resistencia le aseguraban una 'zona liberada' jurisdiccional".
Sobre la participación del penitenciario en el plan criminal, el magistrado sostuvo que "los pabellones fueron acondicionados específicamente para detenidos por razones políticas, separados del resto de los detenidos denominados 'comunes', donde estos sufrieron todo tipo de vejámenes y severidades por parte del Personal Penitenciario, en especial la denominada 'guardia dura o la guardia de Casco', la que se movía bajo las órdenes del oficial Pablo César Casco".
