provincial del Chaco, cometidos en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, comenzaron hoy con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio por parte de la Secretaría del Tribunal Oral Federal.
En diálogo con Télam, el fiscal Diego Vigay, fiscal federal ad hoc en Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal detalló que se fijó para el 23 de junio próximo la apertura formal del proceso.
En esa oportunidad en la que el Tribunal dará la palabra a los acusados para que hagan sus respectivos descargos y donde se espera la declaración del actual secretario de Derechos Humanos del Chaco, Juan Carlos Goya, quien fuera detenido ilegalmente y torturado.
Por primera vez en la provincia la figura del abuso sexual será considerada delito de lesa humanidad y por tal delito será juzgado el sargento de la Policía del Chaco, Gabino Manader. Silvina Canteros, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco, que se constituyó como querellante en la causa, destacó que gracias a los avances jurisprudenciales y de visibilizar los derechos de las mujeres, las diferentes instancias judiciales fueron condenando como delito de lesa humanidad las violaciones sexuales que se producían en situaciones de encierro. “El Chaco tendrá la posibilidad de condenar este tipo de hecho aberrante que se producía junto con la tortura y las privación ilegítima de la libertad”, expresó Canteros.
Entre los oficiales del Ejército juzgados se encuentran el capitán (RE) Tadeo Bettoli y el teniente (RE) Luis Alberto Patetta (foto), mientras que se hará lo mismo con el ya mencionado Manader, el comisario Ramón Esteban Meza, el oficial principal Francisco Rodríguez Valiente y los agentes Enzo Breard, Héctor Rubén Roldán, José Marín, Albino Luis Borda, Ángel Jorge Ibarra y Miguel Pelozo, efectivos ya retirados de la Policía del Chaco y de la Dirección de Investigaciones.
De los 11 imputados todos fueron condenados en la primera parte de la causa Caballero y también durante el juicio por la Masacre de Margarita Belén a penas de entre 15 y 25 años.
Se los acusa de delitos cometidos contra el matrimonio de Sara Fulvia Ayala y Pedro Morel, quienes eran formoseños y militaban en las Ligas Agrarias de la zona de Goya (Corrientes), y estaban vinculados con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Ambos se encuentran desaparecidos y fueron vistos por última vez en la Brigada de Investigaciones a mediados del año 1977, en estado de salud precario como consecuencia de los tormentos sufridos en dicho centro clandestino de detención.
Además, se juzgará la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por Graciela de la Rosa, Emilio Eduardo Saliva Carlos Erasmo Aguirre, Julio Aranda y Roberto Alcides Greca, estudiantes universitarios de la Facultad de Arquitectura, secuestrados en noviembre 1976, y también de Mauricio Berger, un pequeño productor agropecuario militante de Ligas Agrarias de Chaco.
En todos los casos fueron secuestrados en operativos de fuerzas conjuntas, encabezados por oficiales del ejército y con participación del grupo de tareas de la Dirección de Investigaciones y sufrieron todo tipo de tormentos en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones.
El Tribunal está integrado por los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte (de Formosa), Luis González (de Corrientes) y Mario Alurralde (de Reconquista), intervinientes en los juicios orales de la causa Masacre de Margarita Belén.
El Ministerio Público Fiscal estará representado por Carlos Amad, Patricio Sabadini y el ya mencionado Vigay; como querellantes figuran la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por Mario Bosch y la ya mencionada Secretaría de Derechos Humanos del Chaco.
Según explicaron desde la Fiscalía declararán más de 40 testigos, y las audiencias de este juicio oral serán registradas como material audiovisual por parte del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, con el fin de contar con registros de calidad.
