La causa judicial donde se investigan las responsabilidades de cuatro funcionarios penitenciarios por las irregularidades que rodearon el suceso tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de la Capital Federal.
La causa se encuentra elevada a juicio desde agosto de 2014 y aún no se ha dispuesto fecha para la celebración del debate oral y público.
Pese a que el tribunal dispuso un año atrás la citación a juicio de cuatro agentes penitenciarios acusados por el delito de homicidio culposo –incluyendo el director de la unidad al momento de los hechos–, aún no se ha dispuesto fecha para la celebración del debate oral y público.
Entre las razones de la demora en la fijación del debate se encuentran las diversas maniobras dilatorias interpuestas por la defensa de los acusados. Al día de la fecha, el tribunal interviniente aún no ha resuelto el pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por la defensa de los imputados, pese a que la norma que regula esa figura–el art. 76 bis del Código Penal de la Nación– excluye expresamente a los funcionarios públicos de su ámbito de aplicación.
La Procuración Penitenciaria de la Nación se encuentra constituida como parte querellante, al igual que las familias de ambas víctimas con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación.
El Servicio Psiquiátrico para Varones funcionaba dentro del predio del Hospital de Salud Mental “J. T. Borda” bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal y como consecuencia del siniestro fue desactivado definitivamente. El incendio se inició en una de las salas individuales de tratamiento, celdas de aislamiento del establecimiento, falleciendo el joven de 22 años que se encontraba en ella y un muchacho español de 19 años, alojado en la celda contigua, consecuencia de la prolongada inhalación de humo. La tragedia dejó a la luz graves deficiencias en el cuidado de las personas internadas.
En el marco de la investigación preliminar, se recuperaron imágenes de una de las cámaras de seguridad, que habían sido inicialmente borradas deliberadamente. Este video es contundente y documenta la escasa supervisión y la falta de cuidado de los pacientes al momento de los hechos, irregularidades que se suman a las deficiencias estructurales previas y la intervención deficiente posterior.
Estándares internacionales y la jurisprudencia aplicable a graves vulneraciones a derechos humanos, como lo son las muertes bajo custodia, exigen avanzar rápida, exhaustiva y eficazmente en el juzgamiento del siniestro.
