Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin dejaron de acudir a las audiencias el pasado 3 de marzo, cuando declaró la hermana del monarca y, al igual que el resto de los acusados, regresaron esta mañana al edificio de la Escuela Balear de Administración Pública, lugar habilitado para las sesiones del mediático e histórico juicio en Palma de Mallorca, para conocer las conclusiones del proceso.
Ambos acusados arribaron minutos antes de las 11 e ingresaron a paso muy ligero, con semblante serio.
El único querellante contra Cristina de Borbón, es el pseudo sindicato Manos Limpias, que mantuvo su solicitud de ocho años de cárcel para ella como "cooperadora necesaria" de dos delitos fiscales cometidos en 2007 y 2008 por su marido a través de Aizoon, empresa que comparten al 50%.
Virginia López Negrete, abogada de Manos Limpias -organización cuyo presidente está en prisión preventiva por estafa y habría intentado sobornar a la infanta para retirar la acusación-, pide la "máxima pena", sin atenuantes, porque en su declaración la infanta negó el delito al responder sólo a las preguntas de su abogados, según fuentes judiciales.
Por su parte, el Fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, presentó su escrito de acusación final en el que también reitera sus pedidos de penas de presión de 19 años y medio para Urdangarin y 16 años y medio para su ex socio Diego Torres, principales acusados.
Urdangarin, ex estrella de handball en el FC Barcelona y la selección española, y Torres, son considerados los cerebros de una trama de corrupción que utilizó la Fundación Nóos, una entidad deportiva supuestamente sin fines de lucro, para apropiarse seis millones de euros de fondos públicos.
Según la investigación, Nóos hizo negocios con los gobiernos balear, madrileño y valenciano, entre 2004 y 2007 -entonces en manos del Partido Popular (PP)-, sin que mediara contrato alguno.
Al menos un millón de euros de la trama fueron a parar a Aizoon, que según Manos Limpias, era una empresa "pantalla".
Si bien la Fiscalía no acusa a la infanta, la considera responsable civil de la evasión fiscal cometida por su marido y ya pidió que pague medio millón de euros en concepto de fianza.
Al cuñado del rey se le atribuyen delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, estafa, delitos fiscales y blanqueo de capitales.
En tanto, la Fiscalía rebajó de 11 a 5 años el pedido de pena para el ex presidente balear Jaume Matas, después de que éste pagó más de 800.000 euros en concepto de responsabilidad civil por el daño causado.
Al menos un millón de euros fueron a parar a Aizoon, que según Manos Limpias, era una empresa "pantalla".
Si bien la Fiscalía no acusa a la infanta, la considera responsable civil de la evasión fiscal cometida por su marido y pidió que pague medio millón de euros en concepto de fianza.
