En la sala de audiencias de los tribunales federales de Mendoza, fiscales y querellas dicen que están viviendo un acontecimiento único.
En el “juicio a jueces”, que entró en la etapa final, el ex juez Otilio Romano despliega, desde hace un mes, una enorme cantidad de citas, argumentos y reflexiones defendiendo su inocencia.
Desde la fiscalía creen que no hubo juicio de complicidad civil con semejante voluntad de un acusado en ampliar la indagatoria.
“Es notorio cómo Romano demuestra su liderazgo entre el grupo de jueces acusados, hace gala de su gran conocimiento jurídico, histórico y político. Pero también es una estrategia dilatoria porque la defensa tiene la expectativa de un cambio de gobierno en octubre y por eso quieren retrasar la sentencia”, dijo el abogado querellante Carlos Varela Álvarez.
Las audiencias son lunes y martes y fuentes del Tribunal no saben cómo seguirá. A Romano le quedan varias horas más para decir que no sabía nada de lo que pasó en la última dictadura cívico militar.
Lo que quedó claro es que el ex juez, que dominó el juzgado federal mendocino tras la vuelta a la democracia, no es ningún improvisado. Dueño de una retórica lenta, que suele cambiar de tono cuando enfatiza algún punto, dejó relucir su as en la manga: dijo que en la represión sobreseyó a 80 detenidos por la ley 20.840.
“No sé por qué me acusan por delitos de lesa humanidad si defendí a muchas personas”, dijo. Y que en los 98 hechos que le imputa la fiscalía, las pruebas no demuestran su “participación directa y sustantiva”.
No sólo que descalificó la “ligereza” de la fiscalía sino, también, que criticó al juez de instrucción Walter Bento, a quien lo acusó de procesarlo “presionado” por el Ejecutivo provincial.
“Vamos a seguir escuchándolo. Desde que se derogaron las leyes en 2005 no tuvimos un juicio así, donde un ex juez haga un descargo tan profundo. Ni el caso de Brusa en Santa Fe, ni Manlio Martínez en Tucumán, ni ningún caso de complicidad civil. Acá no tenemos un proceso donde aparezca lo duro de la represión sino que es un ideólogo judicial que está acusado fundamentalmente por no actuar ni investigar”, dijeron desde la fiscalía a Infojus Noticias.
Tres patas de una defensa
Existen tres aspectos básicos en su defensa.
Romano dice que en la última dictadura hubo un plan clandestino de represión que no conocía y por lo tanto no podía ser cómplice.
Que la justicia federal no tenía competencia para intervenir sobre el accionar militar y que, aun así, sobreseyó a 80 detenidos por causas políticas.
“Él dice: cómo iba a investigar, si eran incompetentes. Pero nunca declararon la incompetencia. Es una persona muy preparada, inteligente. Habla unas tres por hora por audiencia y cita doctrina.
Las últimas habló de Eugenio Raúl Zaffaroni, diciendo que si él se enteró de las desapariciones tiempo después, por qué a él no pudo haberle pasado lo mismo”, analizó la fiscalía y agregaron: “Queremos que el juicio finalice con prontitud porque hay otras causas en instrucción y en elevación a juicio que se retrasan enormemente”.
En los pasillos de Tribunales se murmura que, como todavía faltan los alegatos, la sentencia llegaría recién el año próximo. Se calcula que restan 19 audiencias.
El megajuicio, que ya lleva un año y ocho meses, tiene 41 imputados entre militares, policías y cinco ex integrantes del sistema judicial. Los procesados de la justicia son Luis Miret, que fue subrogante y luego juez designado durante la dictadura, de la misma forma que ocurrió con Otilio Romano, también destituido por el Consejo de la Magistratura antes del juicio.
A estos dos se suman otros tres ex jueces, Gabriel Guzzo –que falleció antes del proceso-, Guillermo Petra y Rolando Carrizo, todos funcionales a los procedimientos ilegales practicados a partir del golpe de Estado de 1976.
El punto común de la acusación es por no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron por centenares a sus juzgados en forma de hábeas corpus y demás recursos.
Romano, ex presidente de la Cámara Federal de Mendoza que se fugó a Chile para burlar a la Justicia y fue extraditado en agosto de 2013, está acusado por 98 hechos de delitos de lesa humanidad por su desempeño como fiscal y juez subrogante entre 1975 y 1983.
Había pedido asilo político en el país trasandino, pero le fue denegado. Ariel Civit, su abogado defensor, insistió en las pruebas ofrecidas por su defendido y solicitó que se busque en expedientes a fin de cotejar “cuántos magistrados fueron procesados por su actuación vinculada a delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1975 -1983”.
“Hay testigos que lo vieron en los centros clandestinos”
Para Varela Álvarez, el ex juez no está agregando nada nuevo a lo que ya declaró en etapa de instrucción. Se toma atribuciones, dice, de ser su propio abogado, como si estuviera alegando.
“Lo interesante es que remarca que estaba cumpliendo su deber y que confiaba en lo que hacían las fuerzas de seguridad. Él dice que los jueces no formaban parte de un plan sistemático de exterminio. Pero su inacción en no investigar las denuncias por secuestros y detenciones y por no dar lugar a habeas corpus es evidente. Más allá de los hechos donde sobreseyó, no puede negar que también actuó en complicidad con la represión. Hay testigos, incluso, que lo vieron presente en los centros clandestinos”, precisó.
A la acusación de la víctima Luz Faingold, quien asegura haberlo visto en el ex D2, la calificó de “burda” y aseveró que jamás tomó una indagatoria en ese lugar. “Desafío al fiscal a que lo demuestre”, lanzó.
Expresó que nunca asistió a reuniones sociales con militares y hasta se mostró acongojado por no haber asistido con su esposa de entonces, ya fallecida, a la visita a Mendoza del Papa Juan Pablo II “para no aceptar una invitación militar”.
Agazapado, Romano cerró su última declaración con un anticipo:
-Voy a responder a todas las preguntas. Quiero que se sepa la verdad.
*Por: Juan Manuel Mannarino, Infojus Noticias
