Simultáneamente, ratificó el embargo preventivo de ambas por 80 millones de pesos de pesos, la suspensión y congelamiento por 90 días de todas sus cuentas y depósitos bancarios o financieros y la prohibición de salida del país de aquéllas.
Las medidas había sido ordenada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral a instancia del fiscal Pedro Zoni el 28 de agosto pasado, pero luego el juez fue apartado del expediente y el trámite continuará a cargo de su par federal sorteado, Claudio Bonadío.
En cuatro fallos correlacionados entre si, la Cámara validó el curso de la investigación al rechazar el pedido de los abogados de Sara Grafunkel y Sandra Nisman para que se declarara nulo todo el trámite anterior aduciendo la invalidez de pruebas remitidas por la justicia norteamericana.
Votaron a favor de la citación a prestar declaración indagatoria, asi como los embargos y prohibiciones para salir el país, los camaristas Eduardo Freiller y Jorge Ballestero, mientras que Eduardo Farah lo hizo en contra.
Además de la madre y la hermana de Nisman están imputados y citados a declarar el ex empleado de UFI-AMIA, Diego Lagomarsino, y el empresario Claudio Picón, los otros dos cotitulares de la cuenta.
En la causa se investigan supuestas maniobras de lavado de activos a través de una cuenta abierta por el fallecido titular de la UFI-Amia en el año 2002, en la que figuraba como apoderado con capacidad para mover fondos, aunque sin declarar su condición de “persona políticamente expuesta”.
De acuerdo a la documentación divulgada, tenía un saldo de 660.000 dólares, con aportes de varios depositantes, entre ellos el financista Damián Stefanini, desaparecido en 2014.
La investigación apunta también determinar el origen de los fondos para la compra de propiedades en Argentina y Uruguay a nombre de la madre de Nisman, quien dejó de pagar los saldos tras la muerte de su hijo, y a la propiedad del auto de alta gama que usaba habitualmente el fiscal fallecido.
En otros fallos relacionados, la misma Sala I del tribunal con la misma composición de votos, ratificó la interevención judicial del a firma Palermopack S.A. de Picón y le denegó la restitución reclamada del auto Audi Q3 dominio MPC641.
“No puede soslayarse que el objeto de este proceso es dilucidar si un grupo de personas -entre las que se encuentra el peticionante- ha llevado a cabo diversas maniobras tendientes a introducir en el circuito financiero legal, bienes o activos provenientes de un ilícito”, señala el fallo.
En referencia al vehículo añade que “aún se desconoce tanto la verdadera propiedad del bien en cuestión -más allá de la situación registral del mismo- como el origen de los fondos con los que aquél fue adquirido”.
La existencia de la cuenta bancaria en Estados Unidos fue revelada por la jueza Sandra Arroyo Salgado en el marco de la causa en que la fiscal Viviana Fein investiga la muerte del fiscal Nisman, el pasado 18 de enero.
Para pedir la nulidad, los abogados de los imputados adujeron que los documentos de la unidad antilavado de los Estados Unidos, la Fincen, carecen de valor probatorio y sólo puede usarse con fines de inteligencia por tratarse de registros secretos y por ende no pueden sustentar un “estado de sospecha” contra los titulares de la cuenta bancaria.
Tanto Freiller como Ballesteros rechazaron esta pretensión así como la nulidad de los exhortos librados a Estados Unidos y de los datos cursado por aquel organismo a la Unidad de Información Financiera (UIF) argentina, que los retrasmitió al tribunal.
En su voto consideraron que el estado de sospecha contra Sara Garfunkel, Sandra Nisman, Claudio Picón y Diego Lagomarsino "surge de la valoración en conjunto de diversas probanzas" y no sólo a las aludidas por sus defensores.
