Los familiares, sobrevivientes y amigos de víctimas de Cromañón agrupados en el espacio "X Memoria y Justicia - Cromañón - Que no se repita", entregaron esta mañana los panfletos en el edificio de Tribunales de la calle Talcahuano 550, donde los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal 3 realizaron la última audiencia antes de cerrar formalmente la etapa de debate del proceso y pasar a deliberar.
"Nos duelen en lo más profundo estas nuevas muertes evitables de jóvenes que llevan el mismo sello general de Cromañón, como desprecio por la vida, complicidad estatal-empresarial y culpabilización de las víctimas", comienza el escrito.
"A lo largo de estos años, hemos dicho una y otra vez que las condiciones están dadas para que nuevos Cromañones se repitan", dice el texto, y agrega: "Otra vez la búsqueda de maximizar sus ganancias por parte de empresarios, con la complicidad estatal, lleva a descuidar la vida de jóvenes y producir muertes evitables".
En el caso de Costa Salguero "podemos decir, sin lugar a dudas, que fue irregular la concesión del predio, que se permitió entrar a más de 20.000 personas cuando el espacio podía albergar a 13.000, que se restringió el acceso al agua y se vendieron sustancias psicoactivas ilegales".
Por otro lado, indicaron que "es aberrante que se privatice el control y la seguridad, cuando es el Estado quien debe ejercer poder de policía", ya que "al privatizar la seguridad, la misma se vuelve discrecional porque responde al interés particular de quien la contrata. Es lo mismo que se hizo en Cromañón".
"El Estado no puede desconocer esta situación, y si la desconoce, también es responsable ya sea por acción u omisión", enfatizaron.
Respecto de la presentación que la Agencia Gubernamental de Control hizo en la Legislatura "deslindando responsabilidades y diciendo que se había cumplido la normativa", afirmaron que "la investigación está demostrando que eso no es verdad, tanto respecto a los controles como a la seguridad y el exceso de público presente".
Además, reiteraron su compromiso y solidaridad con las víctimas y pidieron que se investiguen "las responsabilidades empresariales y estatales".
