Con el nuevo proyecto de reforma, viene una novedad: los países miembros podrán pagar su derecho de no albergar migrantes y refugiados.
Una vez que el flujo de refugiados en un país de la Unión Europea sobrepase el límite preestablecido —el cual se calcula a partir de la densidad de población y el nivel de bienestar del país- el estado que se niegue a conceder asilo deberá pagar 250.000 euros por persona.
Para que este mecanismo entre en vigor, se necesita el consenso de la mayoría de los países de la Unión y del Parlamento europeo.
