A su vez, la comisión independiente por justicia por Darío y Maxi este jueves 23 movilizó a los tribunales federales de Comodoro Py para exigir que se agilice la investigación de la causa que investiga las responsabilidades políticas de la denominada masacre de Avellaneda, ocurrida el 26 de junio de 2002.
La masacre de Avellaneda fue el corolario represivo contra activistas y militantes nucleados en los movimientos de trabajadores desocupados que desde mediados de los ’90 trabajaban en distintos barrios del conurbano bonaerense resistiendo la implementación de políticas neoliberales.
Este 26 de junio se cumplen 14 años de aquel día trágico en el que fueron asesinados dos jóvenes dirigentes políticos. Durante los meses previos, el Estado había hecho inteligencia sobre los militantes nucleados en la Coordinadora Aníbal Verón.
Las organizaciones denuncian responsabilidades políticas y señalan a Eduardo Duhalde, presidente de aquel entonces, del gobernador de Buenos Aires Felipe Solá, de Luis Genoud (ministro de Seguridad de la Nación), de Jorge Vanossi (ministro de Justicia), del ex vicejefe de la SIDE (Oscar Rodríguez), de Alfredo Atanasoff (jefe de Gabinete), de Aníbal Fernández (secretario general de la Presidencia), y de Juan José Alvarez, secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Como todos los años, Alberto Santillán, padre de Darío, y Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano, tomarán la palabra ante la multitud reunida en el puente para conmemorar la lucha piquetera. Esta vez lo enmarcan en un escenario político en conflicto con el actual gobierno por los despidos masivos, el plan de ajuste y tarifazos que repercuten directamente en los barrios bonaerenses.
“Luchamos para que algunas vez los políticos estén presos por las atrocidades que cometen”, afirmó Alberto Santillán haciendo referencia a Eduardo Duhalde, “pero también a quienes ordenaron la represión del 19 y 20 de diciembre”.
Explicó que en estos 14 años los gobiernos no tuvieron interés en impulsar esta búsqueda de justicia, y destacó la importancia de rescatar la lucha de Darío y de las organizaciones que llevan su bandera por un cambio social, construyendo día a día en los territorios.
“La masacre de Avellaneda está en la memoria de la sociedad ya de por sí, la gente puede llegar a conocer la vida de Darío, hay algunos que pueden estar en desacuerdo con esta lucha pero existe un respeto y un reconocimiento”, expresó Santillán.
Aquel 26 de junio del 2002, las organizaciones salieron a las calles y decidieron cortar Puente Pueyrredón. Se manifestaban reclamando aumentos de salarios y subsidios, alimentos para los comedores, por el desprocesamiento de las y los luchadores sociales y solidaridad con la fábrica Zanón de Neuquén.
Ese día, el gobierno había diseñado un esquema de seguridad a cargo de la Policía Federal y bonaerense, Gendarmería y Prefectura Naval. El saldo de aquella mañana fue una de las cacerías televisadas más tremendas de las que se tenga memoria: la persecución y balacera ininterrumpida por parte de la policía contra los militantes que corrían a guarecerse entre las casas y en la estación de tren de Avellaneda.
Además de los 30 heridos con balas de plomo y decenas de detenidos, en la estación de tren Darío Santillán encontró tirado en el piso a Maximiliano Kosteki: estaba baleado y agonizaba. Cerca de él, el agente policial Acosta se reía y le levantaba las piernas contra una columna sin buscar ayuda médica.
La secuencia fotográfica publicada con posterioridad demostró que Darío, desarmado, decidió quedarse junto a Maxi y pidió ayuda a los gritos. A cambio fue baleado por la espalda, lo que posteriormente provocó su muerte mientras era trasladado al hospital en un móvil policial por su propio asesino, el ex comisario Fanchiotti.
Los testigos centrales de estos hechos fueron dos fotógrafos -Pepe Mateos y Sergio Kowalewski- que documentaron lo que vieron. Gracias a su trabajo pudo probarse la responsabilidad de ambos policías y condenarlos a cadena perpetua por las muertes.
