Los candidatos a la presidencia y al congreso cierran hoy sus campañas electorales, mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelve un recurso extraordinario destinado a inhabilitar a la aspirante presidencial favorita, Keiko Fujimori.
El JNE informó que sus miembros votarán en un plazo máximo de tres días la decisión sobre el recurso que el legislador Heriberto Benítez presentó este lunes con el objeto de que Fujimori sea excluida de los comicios.
Benítez imputa a Fujimori por su presencia en un concurso de baile organizado por una institución cercana a su partido en el que se otorgaron premios en dinero, pues la ley prohíbe a candidatos efectuar cualquier tipo de dádiva en actos de campaña.
La candidata del partido populista de derecha Fuerza Popular (FP) ya fue sobreseída en dos instancias por el Jurado Electoral Especial (regional) de Lima en cinco causas abiertas por el mismo motivo.
Si pese a ese antecedente el JNE resolviera dejar fuera de carrera a Fujimori dos o tres días antes de los comicios, será probablemente la última -y también la mayor- de las muchas curiosidades que caracterizaron al presente proceso electoral.
Fujimori encabeza holgadamente las preferencias para la primera vuelta (37,7 por ciento) y es la que tiene mayor "voto duro" (personas identificadas con ella, que la votarían en cualquier circunstancia, 30 por ciento), según las últimas encuestas divulgadas por las firmas Datum e Ipsos.
Pero también atrae una alta proporción de "antivoto" (ciudadanos que no la votarían por ningún motivo, 45 por ciento), lo que puede convertirse en un serio obstáculo para la segunda vuelta, tal como le sucedió hace cinco años frente al presidente Ollanta Humala.
El "antivoto" por Fujimori quedó de manifiesto ayer, cuando unas 50.000 personas solo en Lima y otros varios miles en el resto del país y en el exterior -incluida Buenos Aires- salieron a las calles para recordar el autogolpe de estado del 5 de abril de 1992.
Si bien el responsable de aquella maniobra fue el entonces presidente Alberto Fujimori -actualmente preso por delitos de lesa humanidad y corrupción- y Keiko aseguró que no utilizará "poder político para beneficiar a un familiar", esas manifestaciones resultaron tanto o más actos de campaña contra ella que de conmemoración de lo hecho hace 24 años por su padre.
Por otra parte, si el JNE excluyera a Keiko Fujimori habrán quedado al margen de la primera vuelta más de la mitad de los 19 candidatos a presidente inscriptos originalmente.
De los nueve descartados hasta ahora, dos lo fueron por decisión del JNE -uno de ellos, Julio Guzmán, era el segundo con mayor intención de voto en el momento en que fue inhabilitado- y los otros siete, para evitar la pérdida de la personería política que la ley impone a los partidos que obtienen menos de cinco por ciento de los votos.
Sin embargo, no todas esas bajas llegaron a ser registradas al momento de imprimirse la boleta única -que contiene a todos los candidatos- con que se vota en Perú, que incluye a cuatro postulantes que ya renunciaron a la contienda.
El JNE aclaró hoy que serán considerados nulos los votos a favor de candidatos que figuren en la boleta pero ya no participen de los comicios.
Eso resultará un problema acotado en el caso de los cuatro candidatos que se retiraron por tener baja intención de voto, pero puede adquirir una magnitud significativa si Fujimori fuera inhabilitada.
Otra de las curiosidades de este proceso electoral es la presencia de un candidato a presidente que está en la cárcel con prisión preventiva mientras se lo procesa por presunta corrupción.
Se trata del maoísta Greogorio Santos, recluido desde mayo de 2014 y que cinco meses después fue reelecto como presidente regional del departamento norteño Cajamarca, cargo que hasta ahora no pudo asumir.
Santos fue autorizado especialmente a salir de la prisión el domingo pasado, para que asistiera al debate televisado entre los candidatos a la Presidencia.
En un video que grabó para que fuera exhibido en el acto de cierre de su campaña y en declaraciones a la Radio Nacional peruana, Santos postuló un referendo para que la ciudadanía opine si debe reformarse o no la Constitución vigente, que data de 1993.
También se pronunció a favor de privilegiar la agricultura y la pesca, porque la minería "tiene impacto" en el ambiente, y de enrolar en las fuerzas armadas y la Policía a jóvenes de 16 a 25 años que "están declarados en abandono o reincidencia", para que, "con educación y salud, empiecen su rehabilitación".
En tanto, el cónsul general de Perú en la Argentina, Marcos Núñez Melgar, dijo hoy a Télam Radio que solo en la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano residen unos 350.000 peruanos, de los cuales se espera que unos 100.000 voten allí el domingo.
