Legisladores del Frente para la Victoria presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental en la cuenca Nahuel Huapi–Río Limay, ocasionada por la contaminación que producen en el área los desechos cloacales, y la presencia de metales pesados y otros contaminantes.
Luego de referir las garantías constitucionales sobre la obligatoriedad del Estado de velar adecuadamente por la salud de la población y el equilibrio medioambiental, Alejandro Ramos Mejía y Jorge Vallaza sostuvieron: “Las autoridades deben proveer a la protección de este derecho a garantizar el uso racional de los recursos naturales, como así también a la preservación del patrimonio natural, cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.
A su vez, los autores del proyecto señalan: “La política ambiental argentina está sujeta al cumplimiento de los siguientes principios: de congruencia, de prevención, precautorio, de equidad intergeneracional, de progresividad, de responsabilidad, de subsidiariedad, de sustentabilidad, de solidaridad y de cooperación”.
Ramos Mejía y Vallaza detallan que es constante el vertido de aguas y líquidos sin tratar al Lago Nahuel Huapi “hecho que incluso ha motivado la presentación de acciones judiciales dirigidas al cese y a subsanación del daño”.
Asimismo, los concejales recuerdan que “la cuenca del Nahuel Huapí es utilizada y destinada a usos recreativos y de provisión de agua para consumo humano, por lo cual debería tener los tratamientos adecuados con el fin de obtener una calidad determinada, ya que se encuentra afectada la protección de la salud pública”.
En este sentido -resalta la publicación de El Cordillerano- los autores del proyecto indican que “es de conocimiento público el amparo presentado por la senadora Magdalena Odarda, actualmente en trámite por ante el Superior Tribunal de Justicia, que se declaró preliminarmente competente e intimó a los potenciales responsables.
Pedido llevado a cabo con la participación de asociaciones ambientalistas, incluyendo una solicitud para que el gobierno provincial impulse la creación del segundo colector costanero, la ampliación del colector oeste, y la construcción del segundo módulo de la Planta de Tratamiento”.
Ramos Mejía y Vallaza hacen hincapié en que los vertidos en “crudo” son “constantes y se han convertido en parte del sistema o mecanismo de saneamiento de la ciudad. Dicha circunstancia desnuda la cruda realidad de que existe en materia de saneamiento -en el área señalada-, que tiene por causa la ausencia de políticas e inversión pública en la materia”.
Por último, los ediles argumentan: “El Estado Provincial debe velar adecuadamente por la salud de la población y el equilibrio medioambiental y adoptar finalmente y sin más dilación, acciones conducidas por un plan de acción para dar fin a los hechos que ponen en riesgo la salud pública y el ambiente de la región circundante del Lago Nahuel Huapi”.
