La Sala Constitucional se ha convertido en un actor decisivo en la política venezolana al contravenir las decisiones del Legislativo, en un abierto enfrentamiento entre los poderes.
Cuando se trata de legislar sobre el Tribunal Supremo de Justicia, la iniciativa debe partir del mismo poder judicial", declaró el diputado oficialista Edwin Rojas, rechazando así la reforma, que considera inconstitucional.
La diputada opositora Delsa Solórzano dijo que el cambio responde a que el venezolano "está esperando justicia", y al no encontrarla en el sistema judicial la está procurando por sus propias manos.
La reforma es parte de la confrontación que tiene de un lado al Parlamento, donde la oposición cuenta con una mayoría que roza los dos tercios, y del otro a los restantes cuatro poderes: el Ejecutivo, el Judicial, el Electoral, y el Moral, que integran la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.
Si la reforma prosperase, la mayoría opositora podría colocar en la Sala Constitucional a juristas que contraviniesen la línea de conducta sostenida por los actuales siete magistrados. Por lo tanto, esa reforma va a ser declarada inconstitucional, advirtió el diputado oficialista Francisco Torrealba, del partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Por su parte, el diputado Luis Emilio Rondón defendió a nombre de la coalición opositora la reforma legal asegurando "que tiene base constitucional", y recordó a la bancada oficialista que el ahora fallecido presidente Hugo Chávez promovió en abril del 2004 una ley del Tribunal Supremo para ampliar de 20 a 32 el número de magistrados y facultar a una mayoría simple de congresistas para remover y designar jueces.
Rondón afirmó que la reforma permitirá a los venezolanos tener "confianza en un Tribunal Supremo que ha insistido en inmiscuirse en el debate político", garantizará la celeridad de las causas y, "contrariamente a lo que estamos viendo, el Tribunal Supremo esté al servicio de todos los venezolanos y no de una parcialidad política".
La reforma señala que el cambio en el número de magistrados es sólo en la Sala Constitucional, ya que las restantes quedarán con cinco miembros.
Entre enero y marzo, el Tribunal Supremo suspendió la designación que hizo el Congreso de tres diputados opositores; declaró vigente el decreto de emergencia económica planteado por el presidente Nicolás Maduro que fue rechazado por la mayoría opositora —medida que renovó 60 días después—, limitó las funciones del Legislativo para citar a los funcionarios civiles y militares; y dejó sin efecto la revisión de las designaciones de 13 magistrados que la Asamblea Nacional saliente, dominada por el oficialismo, aprobó el 23 de diciembre por mayoría simple luego de la derrota electoral sufrida en los comicios legislativos del 6 de diciembre del 2015.
