“En los ingenios Fronterita (foto) y Concepción, ambos de Tucumán, hubo 50 víctimas de delitos de lesa humanidad", señaló Verbitsky y sostuvo que los propietarios de "ambas empresas tuvieron en común acciones de represión contra los trabajadores y sus dirigentes sindicales”, que les permitieron maximizar sus ganancias.
"Los dos ingenios redujeron a la mitad su planta de empleados y su costo laboral pero aumentaron significativamente su producción y sus ganancias, al punto que Fronterita abrió un nuevo ingenio”, agregó Verbitsky ante el ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán que integran Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga.
El testigo indicó que estos datos constan en un informe sobre la responsabilidad empresarial en crímenes contra trabajadores en la última dictadura elaborado por investigadores de cuatro instituciones, entre ellas la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Argentina) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La investigación “partió de una selección de 200 empresas sobre las que se hizo un relevamiento de toda la información disponible en sus archivos”.
Del total de esas empresas fueron seleccionadas 25 que tuvieron una relación privilegiada con las fuerzas represivas estatales "para profundizar la investigación y realizar un trabajo de campo" que reflejara la diversidad regional y productiva del país, explicó.
Verbitsky se refirió además al diario personal de Adel Vilas, primer jefe del Operativo Independencia, un documento que fue ofrecido como prueba en este juicio oral y público que tiene 19 imputados por delitos cometidos en perjuicio de 271 víctimas.
"Es el testimonio de uno de los protagonistas del Operativo y revela una serie de métodos y procedimientos utilizados en ese periodo, cuyos datos coinciden con una serie de comprobaciones fácticas realizadas por la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP), por la Comisión Bicameral y en procesos judiciales”, señaló.
El titular del CELS dijo que a ese diario personal "Vilas lo preparó junto al periodista Carlos Tortora con la intención de publicarlo, pero el Estado mayor del Ejército le prohibió hacerlo porque revelaba una serie de procedimientos ilegales que se habían cometido bajo su mando, tanto en Tucumán como en Bahía Blanca”.
En otro pasaje de su declaración testimonial, Verbitsky afirmó que durante el Operativo Independencia gran parte de la prensa se convirtió en "reproductor de toda la información generada por los comandos militares de una manera acrítica y formó parte de un dispositivo de acción psicológica dirigido por la V Brigada de Infantería”, principal componente del Ejército en esa operación represiva.
El megajuicio por los crímenes del Operativo Independencia comenzó el 5 de mayo y se prevé que durará alrededor de un año.
La entonces presidenta Estela Martínez de Perón firmó el 5 de febrero de 1975 el decreto que ordenó al Ejército iniciar el Operativo Independencia, un plan neutralizar a la guerrilla que era en realidad un ensayo del terrorismo de Estado, que en un primer momento estuvo a cargo de Vilas y luego de Antonio Domingo Bussi.
