Dentro de la Emergencia en Seguridad Pública decretada por Mauricio Macri existe un punto que despertó críticas: el derribo de aviones. "Identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino", detalla el comunicado oficial, con el objetivo de combatir al narcotráfico.
Este miércoles, el Gobierno salió a justificar la medida que muchos cuestionaron por tratarse de una especie de "pena de muerte sin juicio previo". Hay quienes advierten, incluso, que muchos de los vuelos irregulares a los que hace mención el oficialismo son de fumigadores.
Eugenio Burzaco, secretario de Seguridad de la Nación, habló en Radio Mitre de "una situación desbordada" y búsqueda de eficiencia para probar las bondades del nuevo DNU. "Nueve de los diez países de la región tienen una ley de protección del espacio aéreo; la única excepción es Paraguay", destacó.
El funcionario resaltó a su vez que "el año pasado el sistema de radares, que funcionaba 8 horas por día, detecto más de 400 vuelos irregulares. Ahora lo estamos extendiendo a 24 horas. Queremos ponernos a la altura de nuestros países vecinos por el problema que tenemos con el narcotráfico. Los narcos se extienden a donde tienen más ventajas. Si en Brasil es difícil entrar, van a venir a la Argentina por default".
Burzaco consideró que "la única que tiene la capacidad de actuar frente a un ingreso ilegal es la Fuerza Aérea y sería una hipocresía plantear lo contrario". Agregó que las avionetas llegan principalmente a las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa, y que este mecanismo no es nuevo sino que se utilizó "en los últimos diez años en numerosas oportunidades". "Lo justo es que se establezca un protocolo. Son contados con los dedos de una mano los casos en que ha ocurrido un derribo", cerró.
