Como parte de la política de despidos, ajuste y vaciamiento del Estado que lleva adelante el gobierno nacional, en los últimos días se ha concretado la cesantía de los profesionales que integraban el equipo de los Centros de Acceso a la Justicia ( CAJ) de Avellaneda.
Se trata de espacios de acompañamiento a la comunidad creados por el Ministerio de Justicia durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en los que se brinda asesoramiento y orientación profesional gratuita, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades.
El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, se manifestó claramente en contra de los despidos: “Son una consecuencia del ajuste que lleva adelante este gobierno. Se está estigmatizando negativamente a los empleados públicos, y en este caso, como en muchos otros, se trata de profesionales que le acercaban a la población más humilde la posibilidad de un acceso a la justicia en el territorio”.
Avellaneda cuenta con tres de estos centros, en Gerli, Dock Sud y Wilde, que trabajan articuladamente con las sedes de la Policía Local. Al respecto Ferraresi agregó: “Esa es una diferencia filosófica entre este gobierno nacional y el modelo que nosotros defendemos: un proyecto de país en donde las políticas públicas del Estado tienen que relacionarse con el territorio y su comunidad a través de los trabajadores, para poder llegar efectivamente a todas partes”.
Los CAJ cuentan con abogados, psicólogos, trabajadores sociales y mediadores comunitarios, quienes articulan acciones con organismos locales y nacionales a fin de dar una rápida y efectiva respuesta a las necesidades de cada consulta.
Su objetivo general es fortalecer y ampliar las políticas de acceso a la justicia, fundamentalmente aquellas destinadas a los sectores más vulnerables de la población, enmarcado en una concepción del acceso a la Justicia que la entiende tanto como un derecho humano fundamental, como una garantía que permite el respeto y el restablecimiento de los derechos desconocidos o quebrantados.
Entre otras acciones, en los CAJ cada ciudadano puede:
Conducir e impulsar las actividades relacionadas con los programas jurídicos y sociales de atención comunitaria.
Encontrar atención a sus demandas mediante acciones que permitan la satisfacción de las mismas, en el marco de las competencias asignadas.
Un espacio de escucha y acompañamiento para la resolución de problemas jurídicos y sociales en general o un área de contención para la resolución alternativa de conflictos familiares o entre vecinos, en donde psicólogos y trabajadores sociales brindan herramientas para una mejor calidad de vida.
Una oportunidad para gestionar su DNI, poner al día su documentación de manera sencilla y además, en caso de que ser migrante, tomar contacto con el consulado de su país.
