Los Jueces Alejandro Silva (presidente), Guido Otranto y Marcos Aguerrido resolvieron en la audiencia de hoy fijar la fecha inicial de los alegatos. Ese miércoles alegará el Fiscal Walter Romero (foto) y en los días sucesivos, lo harán las querellas de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y el Centro de Profesionales de los Derechos Humanos (Ceprodh). Luego será el turno de los defensores oficiales: Lucas Soler, María Laura Irastroza y Gabriela Labat, y por fin el del defensor particular Rubén Bortolatto.
El Tribunal dispuso reanudar las audiencias el 22 de junio para escuchar la ampliación de las indagatorias solicitadas por los imputados Jorge Di Pasquale, Jorge Soza, José Rozar y Gustavo Sommer. Al día siguiente comenzará la etapa de alegatos que se extenderá hasta después de la feria judicial del mes de julio.
El Fiscal Walter Romero dijo a Télam que "hasta ahora las hipótesis que se fueron construyendo a lo largo de las audiencias de debate permiten acreditar todos los cargos que se les imputan a los acusados de crímenes de lesa humanidad y vamos a esperar un resultado favorable en la sentencia a la cual arribará el Tribunal Oral Federal".
Romero señaló que "varios imputados en sus indagatorias tratan de eludir la responsabilidad negándole la competencia a los Tribunales Civiles, quieren que los pasen a la justicia militar pero esa cuestión ya ha sido zanjada".
"Los Tribunales juzgan con una absoluta imparcialidad, con todas las garantías que da un Estado de Derecho mientras que ellos cuando lo tuvieron a su cargo implantaron un Estado de Terror y no les dieron ninguna garantía a sus víctimas", afirmó.
El Fiscal explicó que "a lo largo del juicio hemos corroborado y el Tribunal pudo escuchar los testimonios de algunas de las víctimas, de sus parientes, lo que nos permite arribar a una conclusión y solicitar la condena de todos los imputados".
Los 22 acusados fueron efectivos del Ejército, Gendarmería, Policía Federal y a las policías provinciales de Río Negro y Neuquén.
El total víctimas cuyos casos se investigan asciende a 28 de los cuales 14 corresponden a detenidos desaparecidos.
