Declaración de La Vía Campesina sobre Comercio, Mercados y Desarrollo en el marco de la CNYCYD 2016.
“La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a una alimentación sana y adecuada culturalmente producida mediante métodos ecológicos y sostenibles, además del derecho a decidir los propios sistemas alimentarios y agrícolas. Son las aspiraciones y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen el alimento el centro de las políticas y los sistemas de alimentación en vez de las exigencias de mercados y multinacionales". Declaración de Nyéléni sobre Soberanía Alimentaria (Mali, 2007)
(Nairobi, 19 de Julio de 2016)En el contexto de la décimo cuarta sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD o UNCTAD), realizada del 17 al 22 de Julio en Nairobi, Kenya, La Vía Campesina reitera su compromiso con la Soberanía Alimentaria y el Derecho a la Alimentación, así como su resolución para acabar con el “paradigma de libre comercio” y el “desarrollo de mercado”; así llamados por el neoliberalismo, estos patrones que solo sirven para consolidar el poder de las multinacionales sobre nuestros sistemas alimentarios. Descargar, aquí
En cuanto a las Naciones Unidas, esperamos de la CNUCYD y sus estados miembros prioricen los procesos democráticos y participativos enfocados en políticas que promueven con éxito la Soberanía Alimentaria. La CNUCYD no debe servir para promover los Acuerdos de Libre Comercio (ALCs), incluyendo los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) con la Unión Europea en África, que sin excepción, han resultado en mayor hambruna, pobreza y exclusión para mucha gente de todo el mundo.
La Vía Campesina es un movimiento internacional que agrupa a millones de campesinos, pequeños y medianos agricultores, personas sin tierra, mujeres campesinas, pueblos indígenas, así como emigrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Defendemos los sistemas alimentarios agroecológicos de los campesinos como medio para promover la justicia social y la dignidad, nos oponemos frontalmente a las multinacionales y la agricultura a gran escala que destruye nuestros sistemas alimentarios, nuestras comunidades y el medio ambiente.
La Vía Campesina está conformada de 164 organizaciones locales y nacionales en 73 países de África, Asia, Europa y las Américas. Representamos a un total de 200 millones de campesinas y campesinos. Somos un movimiento independiente, plural y multicultural, sin afiliaciones políticas, económicas ni de ningún otro tipo.
Acerca de la CNUCYD
La Vía Campesina recibió con optimismo la publicación del informe de la CNUCYD titulado “Pequeños campesinos y el desarrollo de producción sostenible”, donde se reconoce el papel clave que desempeñamos en la cadena de producción alimentaria y en los mercados, así como la necesidad de que tanto gobiernos como instituciones multilaterales trabajen directamente con nosotros para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero nos oponemos frontalmente a las numerosas recomendaciones del informe acerca de mercantilizar la producción agrícola. Rechazamos de pleno la premisa implícita en el informe según la cual solo somos una fuente viable de alimento y nutrición a largo plazo si buscamos generar beneficios o “empresarializarnos”. Denunciamos los intentos continuos de mercantilizar la alimentación y la nutrición, y les recordamos a todos los asistentes de la 14a de la CNUCYD que la alimentación es un Derecho Humano.
La CNUCYD puesta en marcha presenta un modelo neoliberal de comercio y libre mercado que contrasta fuertemente con el paradigma de Soberanía Alimentaria, en el cual los pequeños campesinos son actores sociales, culturales e históricos que toman decisiones basadas en una miríada de razones personales, éticas y culturales, no solamente el beneficio, el negocio y el mercado. Queremos que la CNUCYD nos proteja de los destructivos y secretos TLAs que promueve la antidemocrática OMC, tales como la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI o TTIP), el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG o CETA), el Acuerdo en Comercio de Servicios (TiSA), los AAE y sus supuestos mecanismos de Arbitraje de diferencias estado-inversor (ISDS).
Nosotras y nosotros, el campesinado del mundo, actualmente, alimentamos a la mayoría de la población, a pesar de los múltiples tratados de libre comercio que buscan desubicar la producción y el comercio campesino en el mundo entero.
Producción campesina y mercados locales
Más del 80% de las y los pequeños campesinos funcionan en ámbito local o regional, y una amplia mayoría lo hace mediante canales informales. Estos mercados tan diversos acogen la mayoría del flujo de alimento consumido mundialmente. El rango va de lo local a lo regional, y estos espacios se encuentran en zonas rurales, periurbanas y urbanas.
Dichos mercados están conectados a sistemas alimentarios locales, regionales y/o nacionales: el alimento se produce, procesa, comercia y consume en un área determinada, con lo que el valor añadido permanece en la zona y se comparte, con lo que se fomenta la creación de empleo. Tienen lugar en espacios organizados o de manera más informal, lo que dota a los pequeños agricultores de mayor flexibilidad y menos barreras para entrar en el mercado y más control sobre los precios y las condiciones. Sus funciones exceden el mero intercambio de bienes, son espacios de interacción e intercambio de conocimiento. Son los mercados más importantes, particularmente para las mujeres del campo, respecto a la inclusión y el acceso; contribuyen de manera significativa al cumplimiento de nuestro derecho a la alimentación y nutrición.
A pesar de su importancia, estos mercados informales se ignoran en los sistemas de recaudación de datos, lo que afecta negativamente a la hora de aportar pruebas que informen a las políticas públicas. La mayoría de mujeres pequeñas campesinas trabajan en estos mercados, su aporte esencial a la cadena alimentaria, incluyendo la distribución y el crecimiento económico permanece invisible en los procesos de desarrollo de políticas y en el comercio. Por eso estas mujeres enfrentan obstáculos a la hora de acceder a recursos y oportunidades de publicidad. Dada su relevancia para la seguridad alimentaria y las comunidades de pequeños campesinos, tanto inversiones como políticas públicas deberían orientarse a reforzar, ampliar y proteger los mercados campesinos locales y nacionales.
Nuestro llamado a la CNUCYD y sus estados miembros busca el apoyo al recabado extensivo de datos de los mercados a nivel local, doméstico e informal, tanto rural como urbano, su conexión al territorio en cuestión para mejorar la base de datos que crea políticas, incluso los datos no relacionados al género, y poder incorporar todo esto a los sistemas de recopilación de datos nacionales e internacionales.
Recomendamos precios transparentes y justos para todos los productos agrícolas que remuneren adecuadamente el trabajo y la inversión del pequeño campesino, especialmente las mujeres. Estas políticas de precios deberían proporcionar acceso asequible y puntual a la información del mercado que le permitiera tomar decisiones sobre qué, cuándo y dónde vender, y estar a resguardo del abuso de poder del comprador, especialmente en mercados saturados.
Exigimos programas públicos e institucionales de abastecimiento que permitan a los pequeños campesinos contar con una demanda regular y estable de sus productos a precios justos, y a los consumidores el acceso a productos sanos, nutritivos, variados, frescos y locales, incluso si hay crisis y conflictos. Queremos que dichos programas abastezcan a escuelas, hospitales, prisiones, asilos, cantinas de funcionarios, de manera que se integre en el proceso a los campesinos quienes aportan sus productos. Reiteramos nuestro llamado a una solución permanente al problema del almacenamiento público de los granos — dado los desequilibrios en las provisiones de apoyo de los países desarrollados — y nuestro compromiso en construir programas de abastecimiento públicos e institucionales sólidos.
Para que estos programas tengan éxito, les recordamos a los gobiernos nacionales que deben garantizar un acceso justo y equitativo a la tierra, el agua, el territorio y la biodiversidad, y para ello, les referimos a las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.
Los alimentos son un derecho humano y no se deben tratar como mera mercancía.Apelamos a la CNUCYD del 2016 a revisar cómo afronta el problema de la alimentación y su relación con el comercio y el desarrollo. El campesinado es el corazón de la producción de alimentos y necesitamos con urgencia la Soberanía Alimentaria — la cual requiere la protección y renacionalización de los mercados alimentarios nacionales, la promoción de circuitos locales de producción y consumo, la lucha por la tierra, la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y una reforma agraria integral — no las falsas promesas de los sistemas de producción dependientes y muy exigentes en insumos externos y capital, al estilo de la Revolución Verde, los cuáles funcionan bajo la falsa premisa de la competitividad que logran éxito solo cuando perjudica los medios de subsistencia de los campesinos en otros lugares.
Recordamos a los gobiernos que tienen obligaciones respecto a la prestación de servicios públicos de calidad que dignifiquen la vida rural (salud, educación, etc.) y que no se puede cumplir con estas obligaciones sin precios justos que protejan los campesinos locales contralas transnacionales ávidas de lucro y el sistema de comercio internacional que sirve hoy en día solo a los intereses de la agroindustria y las otras élites empresariales. La CNUCYD, como órgano* de la Naciones Unidas, debe procurar ser coherente con sus otros esfuerzos actuales, incluyendo la realización efectiva de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es así que junto con nuestros aliados en Nairobi, y en todo el planeta, les invitamos a unirse con nosotros en la lucha para la Soberanía Alimentaria y el fin del “libre comercio” promovido por instituciones antidemocráticas como la Organización Mundial del Comercio (OMC).
