Los diputados nacionales del Frente Para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade pidieron al juez federal Ariel Lijo una batería de medidas de prueba en la denuncia formulada contra la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, en la que se investiga el origen del dinero robado de su domicilio el pasado 22 de noviembre.
En el pedido, los legisladores llaman la atención sobre las explicaciones de Michetti respecto a que parte del botín sustraído, 200 mil pesos, correspondían a donaciones de la fundación SUMA, presidida por la funcionaria de Cambiemos.
¿Qué solicitaron a la justicia?
- Que se libren oficios a la Inspección General de Justicia (IGJ) para que se detalle:
1) Si la fundación SUMA informó sobre las donaciones recibidas y aportó la documentación respaldatoria correspondiente (está prohibido recibir donaciones en efectivo; en tal caso es imprescindible el depósito o giro bancario)
2) Si cumplió con la declaración jurada en materia de prevención de lavado de activos que debió ser presentada antes del 30 de junio pasado
3) Si presentó los balances de la entidad, auditoria, y la certificación sobre el estado del denominado "plan trienal", que es el proyecto que pretende ejecutar con miras a satisfacer el bien común, exigido a todas las fundaciones.
En este marco Cabandié y Tailhade señalaron que numerosos dirigentes del PRO utilizan a las fundaciones como mecanismos de financiamiento de su actividad política, en franca violación a las normas que regulan su funcionamiento.
Por su parte señalaron que la fundación FORMAR, presidida por el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, nunca presentó balances ni cumplió con la normativa en materia de prevención de lavado de activos. Situación que se repite con la fundación FUNDAR, cuyo titular es el Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco.
Asimismo, la fundación CREER Y CRECER, cuyo presidente es el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, ya imputado por enriquecimiento ilícito tras el escándalo de los Panamá Papers, tampoco presentó las declaraciones juradas ante la IGJ sobre el cumplimiento de la entidad de las normas sobre lavado, e incluso sostuvieron que la entidad habría fugado divisas al exterior a través de la operatoria denominada "contado con liqui".
Debido a esto manifestaron que la justicia debe indagar el nivel de cumplimiento de estas normas por parte de la fundación SUMA, presidida por Michetti, para evaluar si el argumento esgrimido por la funcionaria es verosímil.
