La detención de Milagro Sala en Jujuy generó un amplio repudio en todo el país y la región. Diversas organizaciones políticas y sociales se movilizaron ayer hacia la Casa de Jujuy, en Capital Federal, y mañana realizarán un nuevo acto en Plaza de Mayo.
“Exigimos la liberación inmediata de Milagro Sala y rechazamos firmemente esta política de achique y silencio para que la gente quede afuera, que se ejecuta implacable desde el último 10 de diciembre”, dijo Florencia Saintout, concejala platense y decana de la Facultad de Periodismo de la UNLP.
En un comunicado conjunto con el resto de los ediles de su bloque, el Frente para la Victoria Nacional y Popular, Saintout explicó que “el gobierno nacional y sus réplicas provinciales intensifican los mecanismos para acallar las voces opositoras”.
“Lo hicieron en los medios, los están haciendo en el Estado y ahora deteniendo militantes comprometidos con el proyecto nacional y popular. Un gobierno que hizo campaña hablando de institucionalidad y democracia actúa contrariamente silenciando, persiguiendo y criminalizando la política”, subrayó.
Sala, líder de la organización Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur, fue detenida luego de 33 días de acampe de la Red de Organizaciones Sociales frente a la Gobernación que conduce el radical Gerardo Morales, en reclamo por las fuentes laborales de más de 60 mil trabajadores cooperativistas. La orden la dio el juez Raúl Gutiérrez, a cargo del Juzgado de Control N° 3 de Jujuy, bajo la acusación de “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real”.
Organizaciones políticas, sociales, culturales y de derechos humanos condenaron el arresto y anunciaron su participación en la concentración de este lunes, prevista para las 17 en Plaza de Mayo en demanda de “Trabajo, Dignidad y Libertad a Milagro Sala”.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificaron el hecho como un “gravísimo precedente de criminalización de la protesta social”.
“La detención es producto de una causa penal que está armada de un modo similar a muchas que han pretendido criminalizar la protesta (…) Si se siguiera el razonamiento del juez Raúl Eduardo Gutiérrez, con las pruebas que se indican, cualquier liderazgo de una protesta social que se oponga a la implementación de una norma o de una resolución de gobierno podría implicar el delito de ‘alzarse públicamente para impedir la ejecución de una ley o resolución nacional o provincial’”, argumentó el organismo y agregó que “criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta conduce a una restricción de las libertades democráticas y a una aplicación ilegítima del derecho penal”.
El caso también generó preocupación en el seno del Parlasur. La Bancada Progresista de ese órgano, que incluye a parlamentarios de izquierda de todos los países miembros del Mercosur, manifestó su repudio por la detención de Sala y se solidarizó “con la lucha de las organizaciones sociales ante el gobierno provincial de Jujuy”.
Los parlamentarios responsabilizaron “a las autoridades nacionales y de la provincia de Jujuy, en la persona del gobernador Morales, por la integridad física de la parlamentaria Milagro Sala” y ubicaron el episodio en el marco de “un intento de restauración conservadora y resurgimiento del neoliberalismo, que busca revertir los avances alcanzados” en toda la región.
