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» » “Las medidas adoptadas por Macri impactan negativamente sobre los derechos conquistados tras décadas de luchas”

(27/12/15 - Derechos Humanos)-.Unas cincuenta organizaciones sociales y de Derechos Humanos del noroeste y del nordeste repudiaron la declaración de emergencia nacional en materia de seguridad y el nombramiento de funcionarios vinculados al terrorismo de Estado y a hechos de violencia institucional. También pidieron garantía de continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad.

Un amplio abanico de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales del noroeste y nordeste del país se encuentran en estado de alerta. Luego de dos encuentros autoconvocados en Chaco y en Tucumán emitieron comunicados en los que llamaron la atención sobre el nuevo contexto político, rechazaron medidas como la designación por decreto de dos jueces de la Corte y sobre las presiones del Ejecutivo para separar de su cargo a la procuradora general Alejandra Gils Carbó (foto). 

“El nuevo escenario político y social generado a partir de las medidas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri –dijeron desde Tucumán– impactan negativamente sobre los derechos conquistados, tras décadas de luchas por el conjunto del pueblo argentino.” 

En la misma línea, las organizaciones reunidas en Chaco exhortaron a los tres poderes del Estado, a hacer propios los logros “que hoy constituyen un patrimonio de todo el pueblo argentino, a través del fortalecimiento y profundización de las políticas públicas, con el correspondiente presupuesto para su desarrollo”.

Los textos fueron distribuidos con las firmas de unas cincuenta organizaciones
El comunicado de Tucumán está firmado por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy; Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet de Salta; HIJOS Salta, Casa de la Memoria de Catamarca, ex Presos Políticos de La Rioja, la Asociación por Memoria, Verdad y Justicia de Santiago del Estero y la Agrupación de Ex Presos Políticos de Tucumán y Andhes del NOA, entre otras. El comunicado escrito desde Chaco refleja la presencia de organizaciones de pequeñas localidades. Lleva la firma de la Comisión Provincial por la Memoria de Chaco, APDH y Familiares de Víctimas de la Masacre de Margarita Belén y Fundación Napalpi, todas de Chaco. La Asociación de Ex Detenidos de Corrientes; Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres; Dirección de Derechos Humanos de Goya; Casa de los Derechos Humanos de Curuzú Cuatiá; Comisión de familiares y víctimas de la represión en Gobernador Virasoro. También Asociación de ex Detenidos e HIJOS de Entre Ríos; Foro contra la Impunidad y por la Justicia e HIJOS de Santa Fe; Fundación Germania de Misiones y Cátedra Abierta de Derechos Humanos de la UNAF de Formosa, APDH y la Liga también de Formosa.

El texto del NOA incluyó un repudio a la declaración de emergencia nacional en materia de seguridad. “Los anuncios de la ministra Patricia Bullrich sobre declarar la Emergencia Nacional en Seguridad consideramos que esconden un intento de criminalizar la protesta social, lo cual representa una flagrante violación a los derechos y garantías individuales que nos retrotrae a los momentos más oscuros de nuestra historia como así también el nombramiento de funcionarios nacionales y provinciales vinculados al terrorismo de Estado y a hechos de violencia institucional.” 

Uno de los escenarios que causa más preocupación en este momento en Jujuy da cuenta de uno de los sentidos de esa frase. Se trata del acampe que realizan frente a la casa de gobierno local las organizaciones vinculadas a la Tupac Amaru, que no logran ningún canal de comunicación con el gobierno de Gerardo Morales. 

La semana pasada los organismos de derechos humanos de esa provincia manifestaron su solidaridad a través de un comunicado, encuadraron a las protestas como un derecho ciudadano en contra de la línea de explotación y violencia que promueve el Gobierno y manifestaron su preocupación por la falta de respuestas.

Pero la lista NOA incluyó otros aspectos. En línea con los reclamos de Buenos Aires, también pidieron garantía de continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el territorio; sostenimiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia; y la puesta en función de la comisión bicameral para la investigación de la participación civil-empresarial durante el terrorismo de Estado.

Desde el NEA señalaron: “Repudiamos todo intento de instalar el relato de los sectores económicos y dominantes por medio de la teoría de los dos demonios, cuya falsedad ha sido demostrada con más de 600 juicios de lesa humanidad, la recuperación de 119 nietos y la conciencia social que recuperó la verdad histórica”.

Fuente: AgePeBA

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