"Ante la evidencia bien documentada de que soldados ejecutaron a civiles en Tlatlaya, el hecho de que nadie sea responsabilizado por esos crímenes sugiere la misma clase de incompetencia grave, o incluso de encubrimiento, que ha sido demostrada en el caso de Ayotzinapa por parte de las autoridades judiciales", declaró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW) en un breve correo electrónico, publicado este domingo por AFP.
Por su parte, el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Santiago Aguirre, dijo que la sentencia absolutoria "es sumamente grave porque consolida la impunidad de uno de los casos más relevantes de violaciones de derechos humanos de militares en la historia reciente de México y revela las fallas del sistema judicial”.
Las autoridades ya no podrán apelar el fallo del tribunal, pero los familiares de los fallecidos aún pueden interponer un juicio de amparo contra la resolución que exoneró a los militares, aseguró Aguirre.
Un juez federal ordenó la liberación de de los tres militares detenidos por el conocido caso del asesinato de 22 personas en Tlatlaya hace dos años.
Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández fueron absueltos de los delitos de homicidio, encubrimiento y modificación de pruebas, informó la Fiscalía general en un comunicado la noche del viernes.
En junio del 2014, 22 civiles murieron en un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos del Ejército mexicano en una bodega de una comunidad de Tlatlaya.
Aunque la dependencia aseguró que había aportado "los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares" por ocho ejecuciones extrajudiciales, acató la decisión del juez.
Los otros cuatro soldados acusados por el caso, entre ellos un teniente, fueron absueltos en octubre por un tribunal militar de haber infligido deberes militares.
