Será a las 18.30 horasen el Centro Cultural Caras y Caretas, Sarmiento 2037, por un panel integrado por Abel Furlán (foto), secretario general UOM-Campana; Daniel Catalano, secretario general ATE-Capital; Laurana Malacalza (Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires); Narce Santibañez (Centro Prodh); Juan Gabriel Tokatlian,(Universidad Torcuato Di Tella), Gastón Chillier y Horacio Verbitsky (CELS).
El primer capítulo del informe aborda las dificultades de los sectores populares en cuanto al acceso a la tierra en escenarios donde son comunes las "restricciones estructurales de acceso al hábitat, prácticas represivas y criminalizantes del Estado" y un "entramado de negocios ilegales con connivencia policial".
Sobre la narcocriminalidad, advierte sobre una "agenda regresiva" a partir del decreto 228/16 que menciona la perspectiva de "nuevas amenazas", y que califican como "dañina e ineficaz en diferentes experiencias" y cuestiona los términos en que se desarrolla la "lucha contra el narcotráfico".
En otro capítulo analiza el funcionamiento de los servicios de inteligencia y las "líneas operativas de la inteligencia estatal sostenidas en acuerdos con líneas internas de gobiernos, con operadores políticos, sectores de la justicia, empresarios, lobistas y servicios de inteligencia extranjeros".
Respecto de la que denominan "letalidad policial", el Cels advierte sobre "un núcleo duro de muertes que las estrategias desplegadas por el Estado no han podido reducir", con el agravante que en la mayoría de los hechos "un integrante de fuerzas de seguridad mató a una persona estando fuera de servicio".
Los capítulos 6 y 7 abordan las violaciones de derechos en situaciones de detención, como situaciones de tortura y maltrato en el encierro; y también analiza las causas y las consecuencias del aumento del encarcelamiento, cuya tasa pasó de 91 personas detenidas cada 100 mil habitantes en 1997 a 161,8 en 2014.
"Ni una menos. La violencia institucional a la luz de la Ley de Protección Integral a las Mujeres" es otro capítulo que analiza la problemática de la respuesta estatal a sectores "aún subalternos que demandan acceso a derechos" y profundiza sobre penalización del aborto, las mujeres encarceladas junto con sus hijos, los femicidios a manos de personal policial, entre otros.
El acceso a la justicia es otro de los temas que recorre el informe y en el que abordan la manera "desigual" en que impacta el sistema de administración de justicia sobre los derechos de quienes reclaman, en especial en los litigios impulsados contra comunidades indígenas o campesinas por la ocupación de tierras.
