Del 14 de enero -cuando tomó posesión- al día de hoy, suman ya más de 600 citaciones realizadas por diputados a ministros, viceministros y secretarios presidenciales, lo cual Jimmy Morales califica que “es un abuso del Congreso” e, incluso, hasta inconstitucional y tal vez hasta de consecuencias penales para los principales funcionarios del Ejecutivo.
Se indicó al respecto que, por ejemplo, los responsables de Salud Pública y Asistencia social encabezados por Alfonso Cabrera contabilizan a la fecha no menos de 136 llamados, y que con 111 le sigue Óscar Hugo López, de Educación. Guatemala está pasando por un mal momento y necesita del trabajo de todos, insistió el mandatario al advertir que así eso no puede lograrse.
En sesión del 5 de abril pasado, el pleno parlamentario rechazó con 106 votos a favor y 35 en contra, el veto dado por Morales al Decreto No. 13-2016 que aprobado el 17 de febrero contiene reformas al Código Penal, que incluyen penas de prisión y pecuniarias para los ministros y otros altos funcionarios del Estado que no cumplan con asistir a citaciones en el Legislativo.
Los diputados ordenaron así la publicación de las modificaciones al Código, mas el jefe del Ejecutivo había recurrido a la CC al sostener que ese articulado contiene diversificada gama de violaciones a garantías constitucionales, por lo cual lo vetó en Consejo de Ministros a través del Acuerdo Gubernativo 49-2016, de fecha 7 de marzo y publicado en el Diario Oficial el 9, devolviéndoselo.
La Presidencia terminó por divulgarlo en el Diario de Centro América días después, pero hoy Jimmy Morales ha vuelto a la carga señalando en conferencia de prensa, tras concluir la Junta de Gabinete semanal, que accionará de nuevo ante la Corte de Constitucionalidad –para proteger a sus ministros, viceministros y secretarios presidenciales, del acoso de legisladores que no dejan trabajar adecuadamente al equipo de gobierno.
Lo que dice el Decreto 13-2016
La normativa modificó el Decreto 17-73 del Código Penal, incluidas disposiciones regulatorias de sanciones de cárcel y económicas a personas particulares, funcionarios y empleados públicos que incumplan a los llamados legislativos para presentarse.
En el caso de burócratas, la enmienda por adición al Artículo 420 Bis agrava la pena, y quedó así: “… El funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones y órdenes de autoridad superior dentro de los límites de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de doscientos a dos mil quetzales”.
Se tipifica como delito de incumplimiento el que los ministros, viceministros, funcionario o empleado público que por cualquier concepto maneje, administre, custodie o reciba fondos públicos, no asistieran a citas del pleno Legislativo, comisiones o bancadas.
A lo anterior, el Gobierno respondió en su rechazo o veto inicial que “recae nuevamente la violación de las garantías constitucionales de derecho de defensa y presunción de inocencia, debido a que solo se permite excusarse por enfermedad”.
