(10/01/16 - Despidos PRO)-.El recurso judicial citado por el diputado Héctor Recalde sentó precedente en 2007, cuando la Corte Suprema falló a favor de la garantía constitucional de la estabilidad del empleo público.
El 3 de mayo de 2007, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Marta Madorrán, que había demandado al Estado tras ser cesanteada de la Aduana en noviembre de 1996, luego de ser empleada allí desde 1970.
En materia de jurisprudencia, el fallo firmado entonces por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Carlos Fayt, sentó precedente.
Es que la Corte Suprema de Justicia reconoció que los empleados públicos tienen derecho a la estabilidad propia en el empleo, por lo cual no pueden ser despedidos sin causa justa, ni siquiera mediante el pago de una indemnización.
Además, advierte que la única posibilidad que tiene el Estado de despedir a uno de sus empleados es luego de sustanciarles un sumario administrativo y de demostrar que hay causa justa de despido.
Distinta es la situación de los trabajadores del sector privado, que pueden ser despedidos mediante el pago de una indemnización.
Por el fallo, Madorrán debió ser reincorporada y cobrar todos los sueldos devengados desde ese año.
Detalles del fallo
•La estabilidad en el empleo público es una cláusula desarrollada en el siglo XX por el constitucionalismo social.
•La norma fue incorporada en la Constitución nacional para evitar que el empleado público esté sujeto a las cesantías en masa, en ocasión de los cambios de gobierno.
•El artículo 16 de la Constitución establece que la idoneidad es una condición para ser empleado público. El Estado, al despedir al trabajador, debe probar la causa, es decir demostrar que dejó de ser idóneo.
•La "estabilidad del empleado público" expresada por el artículo 14 bis "es una cláusula operativa, según ya lo entendió esta Corte: en su recto sentido la norma proscribe la ruptura discrecional del vínculo de empleo público y es, así, susceptible de autónomo acatamiento por las autoridades administrativas".
*Por Cintia Vespasiani, IR Noticias
El gobierno no respeta el fallo Madorrán
