Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 12:30
Latinoamerica
(16/01/18 - Ecuador, Opinión, Por Martín Pastor)-.La cacería política al gobierno de Rafael Correa cuenta con 11 nuevos sabuesos. La comisión, creada por Pablo Celi, contralor general (s) del Estado, tiene como objetivo realizar una auditoría al examen especial de la deuda pública contraída entre 2012 y 2017. Sin embargo, al analizar la lista de veedores parecen asimilar más un grupo Anti-Correa que una objetiva y desinteresada auditoría ciudadana.
La Comisión estará conformada por Ana Abril, Patricio Alarcón, Pablo Dávalos, Marcelo Merlo, Alfredo Corral, Ramiro Crespo, Roberto Aspiazu, Magdalena Barreiro, León Roldós, Eduardo Valencia y Mariana Yépez. Lista en la que se puede encontrar miembros del Partido Social Cristiano (PSC) y Creo, exfuncionarios públicos con acusaciones de perjuicio al Estado y representantes de la más rancia derecha ecuatoriana.
Pero los medios nacionales respondieron rápidamente destacando al grupo de “notables” veedores por sus títulos en el extranjero, cargos sostenidos y pomposos ‘logros’. Lo que olvidaron comunicar o no les conviene son las relaciones partidistas con la oposición, los intereses políticos y económicos que representan y sus verdaderos ‘logros’ durante su paso por la política nacional.
Entonces, ¿cómo es posible hablar de una veeduría imparcial? Por definición este tipo de comisiones ciudadanas deben abstenerse de poseer conflictos de interés y estar conformadas por una diversidad de visiones que permitan, objetivamente, llegar a una conclusión no predeterminada, independiente de cualquier poder.
El problema no es la realización de una veeduría a la deuda pública sino que las intenciones no son motivadas para fiscalizar sino deslegitimar al Estado. Es por esta razón que es necesario conocer a los veedores y recordar su paso por la historia política, económica y social del Ecuador para así entender los intereses que estarán representando.
Primero se encuentra Mariana Yépez, ex Fiscal General del Ecuador durante el gobierno de Jamil Mahuad y aliada del PSC. Según un cable confidencial de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, filtrado por Wikileaks (2005), cuando la Fiscalía General presentó la acusación de fraude bancario en contra de los hermanos Isaías, Yépez viajó a Colombia para reunirse con Xavier Neira (PSC), de quién, continúa el cable, recibió 2 millones de dólares.
En su retorno, la Fiscal se rehusó a firmar la acusación y desmanteló la Unidad de Delitos Financieros. Y aunque dos meses más tarde se presentó dicha acusación "mucha de la evidencia en contra desapareció". Luego, Yépez dictaminó que no hubo peculado en el caso Filanbanco y redujo los cargos de los Isaías de fraude bancario a fraude civil, un crimen no-extraditable. A pesar de que un año antes, la Comisión Anticorrupción le había enviado un informe concluyendo que los Isaías habían desviado los préstamos recibidos del Banco Central.
La lista de “veedores imparciales” continúa con los representantes de las cámaras empresariales. Patricio Alarcón, Presidente de la Cámara de Comercio de Quito, abiertamente ha sido crítico y opositor del proyecto económico y de gobierno de Correa. Su postura se resume en la fórmula clásica del neoliberalismo: menos impuestos al sector privado y las elites y menos regulación estatal.
Una posición similar a la de Roberto Aspiazu, Presidente del Comité Ecuatoriano Empresarial, enemigo de la Revolución Ciudadana desde sus inicios. Su posición ha demostrado reiteradamente su desinterés por el bienestar del país, como continuar promoviendo un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, defender los tratados bilaterales e incluso estar dispuesto a “negociar” la permanencia de la Base de Manta en 2006. Dos claros ejemplos de una rancia derecha neoliberal con claros intereses políticos para deslegitimar al Estado y sus políticas sociales.
A ellos se les suman dos ex contralores. Primero se encuentra Alfredo Corral, socialcristiano y Contralor General del Estado de Jamil Mahuad. En 2005, el abogado Juan Francisco Morales denunció en más de 4000 documentos la negligencia y desidia de la gestión de fiscalizar las instituciones dirigidas por representantes del PSC, entre las que se destaca la Fundación Malecón 2000. Morales señaló que hubo falsificación de la ley, enriquecimiento ilícito, y perjuicio al Estado.
En el mismo año y como parte de la impugnación a Corral para su candidatura a la Corte Suprema de Justicia se presentaron 14 diferentes casos con pruebas de conflicto de intereses. Entre estos están permitir la caducidad de glosas para Jaime Torres, ex director financiero del Ministerio de Trabajo y la Contraloría, y el perjuicio de 1.4 millones de dólares al Fondo Privado de Jubilación Patronal de dicha cartera de Estado. Caso en el que la Comisión de Fiscalización del Congreso, en 2003, determinó indicios de responsabilidad penal, civil y administrativa, "cometidos por el doctor Alfredo Corral Borrero en sus funciones de ex contralor general del Estado...".
Aún más preocupante fue la acusación principal de Morales a Corral por ocultamiento y retención del expediente del Juicio Mahuad-Armijos, junto al escrito acusatorio que se había preparado en contra del expresidente por su involucramiento en el fraude bancario, que se estima causó un perjuicio al Ecuador de 8.000 millones de dólares.
Le sigue Marcelo Merlo, quien fue Contralor General del Estado durante el gobierno de extrema derecha de Febres Cordero y Ministro del Interior de Gustavo Noboa. Merlo expresó que la Contraloría debe estar “encargada de vigilar los recursos públicos de todas las entidades del estado, desde las pequeñas hasta las más grandes”. Sin embargo, parece no haber escuchado su propia explicación durante la descarada corrupción del PSC en el febrescorderato.
Casos como la compra de recolectores de basura mexicanos (Caso Torbay), Ecuahospital, Ran Gazit, la compra del avión Fokker para Tame, la subvaloración de autos de lujos (Plan Carro) y, el segundo mayor robo al Estado ecuatoriano desde su fundación, la Sucretización de la deuda privada, demuestran que el ex contralor no “vigiló los recursos públicos” como asegura.
Sobre la Sucretización de la deuda se encuentra otro de los “notables” veedores. Eduardo Valencia, ex presidente de la Corporación Financiera Nacional, se destaca por haber elaborado el informe que dio sustento al proceso de Sucretización en 1983, en su posición como subgerente de Mercado de Capitales y Crédito Externo del Banco Central del Ecuador (BCE).
El trabajo titulado ‘El problema de la Deuda Externa del Sector Privado’, permitió que el BCE asuma la deuda externa privada del país, lo que llevó a la firma de las primeras Cartas de Intención con el FMI y el ingreso del neoliberalismo al Ecuador. La Sucretización causó un perjuicio de aproximadamente 4.000 millones de dólares al Estado y sentó las bases para el Feriado Bancario.
Además, Valencia fue parte de la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera (2007) creada para ofrecer indicios que permitan establecer responsabilidades en el Feriado Bancario. En ese año afirmó en Revista Vistazo y diario El Comercio que Guillermo Lasso fue uno de los responsables directos. Sin embargo, como suele pasar en la política ecuatoriana, Valencia cambió radicalmente su discurso.
Su nueva posición fue que Lasso no estuvo relacionado y Correa era el “corresponsable del Feriado Bancario”. Aunque en el informe de la Comisión, el mismo texto asegura que “existen diversas y variadas contradicciones que impiden llegar a una conclusión clara y determinante”. Valencia renunció a la CFN y se convirtió en un crítico del modelo correista calificándolo de “fiasco y gran decepción”.
Al grupo se suman otros miembros como Ana Abril, quien fue asesora de Febres Cordero y de la Contraloría General del Estado en el gobierno de Sixto Durán-Ballén. Además de recientemente haber sido candidata a la Asamblea General por CREO. Otro candidato opositor en el grupo es el economista Pablo Dávalos quien propuso eliminar impuestos para promover el consumo durante su candidatura a la Asamblea para Pachakutik. El discurso del autodenominado “economista de izquierda” resonará armónicamente con sus compañeros Aspiauzu y Alarcón.
Dávalos es un ávido crítico del modelo económico de Correa. Algo que comparte con el economista Ramiro Crespo, quien mantiene una posición imparcial sobre la deuda; asegurando que es “costosa…y que el modelo económico no es el correcto, ha fracasado, y que la excesiva intervención estatal ha desplazado al sector privado”. Por último se suman más críticos y defensores de intereses privados como León Roldós Aguilera, “eterno” directivo de la banca privada y Mariana Barreiro, ex Ministra de Economía y Finanzas de Alfredo Palacio.
Para terminar, Pablo Celi, gestor del grupo, fue subsecretario de educación en la presidencia de Abdalá Bucaram y fue asesor del expresidente Lucio Gutiérrez. En un Ministerio de Educación que fue cómplice con Bucaram del caso de la Mochila Escolar, bajo la Ministra Sandra Correa. Es decir una Comisión que en sí debería tener su propia veeduría para responder a todos estos ‘casos’.
La lista es una muestra de los mayores opositores de Rafael Correa. Más que una Comisión para revisar la deuda, parecer ser un grupo de enemigos políticos públicamente declarados que buscarán deslegitimar el gobierno de la Revolución Ciudadana con una posición imparcial, subjetiva y dependiente a intereses de ciertos grupos de poder.
Incluso carece de sustento legal ya que Celi debía haber solicitado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la conformación de la misma, en cumplimiento del Art. 78 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y del Reglamento General de Veedurías Ciudadanas. Además que la deuda ya fue auditada hasta el 2015 y una doble auditoría es ilegal.
En otras palabras, como dijo el expresidente, una “vulgar persecución” pero en el gobierno del ‘diálogo’ la institucionalidad del país es olvidada regularmente. Esta Comisión Anti-Correa nos recuerda y retorna a las épocas de la ‘dedo-cracia’, donde las decisiones desde el ejecutivo o provenientes de las elites, buscan satisfacer los intereses económicos y políticos de grupos puntuales con el fin de satanizar al Estado y eliminar cualquier propuesta progresista en el Ecuador.
