Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 16:17
Sociedad
(09/05/16 - Violencia Institucional)-.Los representantes del Ministerio Público consideraron probado que se cumplieron los tres elementos necesarios para condenar a los uniformados que participaron de la detención ilegal y el ocultamiento del joven de 24 años desaparecido en Comodoro Rivadavia. Es la primera vez que se puede llegar a condenas por ese delito. Seis de los testigos del caso aparecieron muertos en distintas circunstancias.
El titular de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, Teodoro Nürnberg, y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, pidieron ayer penas de entre 12 y 17 años y cinco absoluciones para los policías acusados por la desaparición forzada de Iván Torres, el joven de 24 desaparecido en 2003 en la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia.
Los representantes del Ministerio Público consideraron develada ante los jueces Enrique Jorge Guanziroli, Pedro José De Diego y Nora María Cabrera de Monella “la hipótesis criminal” que indica “que los integrantes del móvil 469 que salieron a la 12:25 del día 3 de octubre de 2003 de la Seccional Primera de Policía en recorrida por la jurisdicción –oficial Betvede, sargento Gómez y sargento 1º Fajardo- detuvieron a Iván Torres en la parte posterior del edificio que posee forma triangular, que correspondería al estudio jurídico del Dr. Chapelo, contiguo al local comercial que en el año 2003 correspondía a un bar denominado ‘Caribean’. Luego de ello, fue conducido a la Seccional Primera de Policía y golpeado, negándose las autoridades policiales a brindar información sobre su destino hasta la actualidad”.
Es la primera vez que se piden penas encuadradas en la figura de desaparición forzada y que pueden lograrse condenas por ese delito, incorporado al Código Penal el 9 de mayo de 2011. Los fiscales argumentaron que durante el juicio quedó probado que se cumplieron los tres elementos necesarios para conformar el tipo penal: 1) la privación legal o ilegal de la libertad; 2) la falta de información y el ocultamiento de la víctima; y 3) la negación de la captura, que tiene como resultado concreto la sustracción de la víctima del amparo legal. Palazzani y Nürnberg resaltaron ante los jueces: “Estamos ante la comisión de uno de los delitos más graves en materia de vulneración de derechos humanos: la desaparición forzada de una persona”.
Durante el alegato, los representantes del MPF repasaron además la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la Argentina por este caso, en la que el propio Estado asumió su responsabilidad: “El Estado reconoció que el 2 de octubre de 2003 el señor Torres Millacura se encontraba con dos amigos en la plaza Bitto de Comodoro Rivadavia. A la media noche aproximadamente estos entraron a una heladería y desde allí vieron pasar cerca del Señor Torres Millacura al patrullero 469 con tres policías en su interior.
Pocos minutos después, cuando regresaron a la plaza, no encontraron al Señor Torres Millacura. Desde entonces no volvieron a verlo”. Los jueces de la Corte IDH concluyeron que “el señor Torres Millacura fue visto en la Comisaría Seccional Primera de Comodoro Rivadavia por el señor David Hayes quien, a través de una carta entregada a la señora María Leontina Millacura Llaipén (la madre de Iván), declaró que una madrugada vio a través de una ventana de un baño cómo le pegaban varios policías al señor Torres Millacura, que cayó desmayado y que lo sacaron ‘a la rastra’ hasta una escalera que da a la unidad regional”.
Palazzani y Nürnberg recordaron también las irregularidades encontradas por el tribunal del Sistema Interamericano que “dan cuenta de un accionar entorpecedor en este caso, por manos de la Policía de Chubut”: “Intervención de la Policía de la Comisaría Primera los primeros días posteriores a la desaparición”; “El comisario y los policías hicieron averiguaciones luego de ser desplazados de la investigación”; “Trato con la madre por parte de algunos funcionarios policiales”, y “Amenazas sobre los testigos”.
“Están muertos”
“Cada vez que este Ministerio Público intentó corroborar extremos vinculados a las actividades o detenciones sufridas por varios jóvenes, nos encontrábamos con la misma situación: están muertos”. El fiscal ante el TOF de Comodoro Rivadavia y el titular de la Procuvin repasaron el contexto de hostigamiento y persecución policial que sufrían, entre otros, Iván Torres, quienes circulaban por el centro de Comodoro Rivadavia: “David Hayes está muerto”; “Dante Camaño está muerto”, y “Walter Mansilla y Hector Alejandro Vidal también están muertos”.
En su acusación, Palazzani y Nürnberg esbozaron una hipótesis para explicar cómo habrían llegado los efectivos a detener ilegalmente y desaparecer a Iván Torres: “Su condición social (…) es muy simple y clara: persona de bajos recursos económicos, con situaciones familiares complejas, con problemas de adicción en general y procedentes de los barrios más alejados y carenciados de la ciudad”.
La noche del 2 de octubre de 2003 no fue la primera vez que el joven de 24 años había sido detenido por la Policía de Chubut. El 30 de agosto de ese mismo año, había sido aprehendido por averiguación de antecedentes y medios ilícitos de vida. Según el registro del Comando Radioeléctrico de Comodoro Rivadavia, el 26 de septiembre de 2003 a las 3:12 el móvil 479 de la Seccional Primera se despachó luego de un llamado telefónico que había alertado sobre la presencia de dos personas con “actitud sospechosa”. Aunque en los libros de la dependencia no quedó registrado, Palazzani y Nürnberg consideraron “acreditado que Iván Torres fue detenido por personal policial en inmediaciones del Hospital Regional, siendo conducido a la Seccional Primera de Policía, donde fue golpeado salvajemente”.
El 30 de septiembre, luego de un robo cometido en una remisería ubicada frente a ese mismo centro de salud, una de las víctimas de ese hecho explicó que los autores de la sustracción de un discman eran “dos chiquitos” y que se habían dirigido a la vivienda de Torres. Fue así que los uniformados “allanaron” el domicilio. En el lugar, el oficial Marcelo Alberto Chemin le preguntó a un amigo de Iván “¿Vos qué hacés acá?”. Luego, lo puso contra la pared y lo golpeó. Torres salió en defensa de su compañero y el policía lo amenazó: “Vos no te metas porque te voy a terminar bajando”. En ese momento, la hermana de Iván entró al ambiente. Chemin volvió a la carga: “Vos vas a seguir el mismo camino que tu hermano”.
Dilaciones policiales
Los representantes del Ministerio Público detallaron la ruta crítica que debió recorrer la madre de Iván Torres, para que la justicia comience a buscar a su hijo. El joven fue visto por última vez el 2 de octubre de 2003. María Leontina Millacura Llaipen intentó denunciar la desaparición dos días después. “Los policías de turno se negaron a recibirla. La madre volvió días después, el 6 y el 8 de octubre del mismo año, pero tampoco pudo radicarla”, recordaron los fiscales.
Recién el 14 de octubre, “cuando la noticia había tomado estado público, decidieron en la Seccional Primera recibir la denuncia”. Finalmente, la causa se radicó en el Juzgado de Instrucción N°2 a cargo del juez Herrera. Palazzani y Nürnberg puntualizaron que “las primeras declaraciones testimoniales se tomaron el 23 de octubre, es decir casi 20 días después de la desaparición de Iván Torres. Antes, había sido la propia seccional primera quien tuvo la instrucción de la causa”.
Penas
Así, Palazzani y Nürnberg pidieron que se condene a Fabián Alcides Tillería a 17 años de prisión; 15, para Hernán Eliseo Leiva, Pablo Miguel Ruiz y Mario Alberto Gómez, y 12, para Nicolás Alfredo Fajardo, Sergio Omar Thiers, Marcelo Alberto Chemin y Pedro Cifuentes. Además, solicitaron que todos sean inhabilitados para ejercer cualquier función pública y tareas vinculadas a la seguridad privada.
Los fiscales pidieron también la absolución de José Luis Bahamondez, Héctor Enrique Cocha, Santiago Antonio Rodríguez, Roberto Damián Soto, Juan Sandro Montecino y Roberto Damián Soto.
En tanto, solicitaron que los jueces ordenen la extracción de testimonios para investigar la posible participación de otros efectivos por la “deficiente” investigación inicial.
