A través de un comunicado del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), la Corte "llamó la atención del Estado ante el evidente incumplimiento de la mayoría de las medidas dictadas y le recordó que sus sentencias son obligatorias", publica hoy AFP.
CEJIL es una organización no gubernamental técnico legal que actúa como representante de las víctimas en los casos investigados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en los juicios ante la Corte IDH.
"No hay una sola persona sancionada por las graves violaciones de derechos humanos en El Mozote", reclama Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de la CEJIL.
Durante la audiencia ante la Corte, los representantes de las miles de víctimas de la masacre corroboraron que la investigación está paralizada desde 1993, año en el que se aprobó la Ley de Amnistía en El Salvador.
También se realizaron denuncias por las demoras para realizar las exhumaciones y avanzar en el plan de desarrollo que la Corte IDH ordenó que se realizara en la zona como parte de las medidas de compensación, agrega el organismo.
El pasado febrero, la CIDH entregó las primeras dos osamentas a familiares de las víctimas, luego que dieron positivo las pruebas de ADN realizadas por el laboratorio de Biología Forense del Instituto de Medicina Legal (IML).
La matanza de El Mozote, considerada la mayor que haya sido investigada y juzgada por el sistema interamericano de derechos humanos, se produjo entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 en la aldea El Mozote, en el oriental departamento de Morazán.
Según las pesquisas, se determinó que en el operativo militar, supuestamente destinado a atacar bases insurgentes, fueron asesinados entre 1000 y 2000 campesinos, en su mayoría niños o menores de edad.
