Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 8:00
Argentina
(17/12/18 - Jujuy, Law fare)-.Alejandro David “Pilo” Mancilla es uno de los testigos estrella en las causas contra Milagro Sala. Fue procesado por secuestro, abuso, lesiones, robo y uso de armas de fuego. En septiembre de 2014 lo detuvieron.
En 2017 recuperó su libertad. Mientras la causa en su contra duerme en el cajón de algún despacho de la fiscalía, Mancilla desfila por los juzgados, pero no para defenderse sino para acusar a la dirigente con la cual fundó la Túpac Amaru.
Además, provee servicios de audio al gobierno de Jujuy y figura en relación de dependencia con la Contaduría de la Provincia. La historia de un militante que fue amigo, terminó preso y se convirtió en testigo falso.
Cada vez que Alejandro David “Pilo” Mancilla se presenta a declarar, los órganos de comunicación oficiales y no oficiales del gobierno lo muestran como “el testigo clave” o el “tupaquero arrepentido”.
Debutó el 26 de diciembre de 2017. Ese día se presentó espontáneamente ante el juez Pablo Pullen Llermanos, uno de los principales ejecutores del hostigamiento contra Milagro Sala. Pidió prestar declaración testimonial en relación a hechos que sucedieron ocho años atrás y que lo podrían tener a él como imputado por el delito de encubrimiento. Se trata de una causa que se abrió en diciembre de 2009 y en la que se investigaba la sustracción de un expediente. Después de ordenar medidas de prueba, entre las que se tomaron declaraciones testimoniales, careos e inspección ocular, el juez Javier Aróstegui dictó en diciembre de 2012 el sobreseimiento total y definitivo de todos los imputados. El Ministerio Público Fiscal no apeló y la resolución quedó firme. El nombre de Milagro Sala no había sido mencionado en ninguna instancia.
Sin embargo, ocho años después de los hechos, Mancilla apareció en el juzgado y relató, entre otras cuestiones, que la sustracción del expediente objeto de investigación había surgido por un pedido de Milagro Sala. Agregó que participó junto a Alberto Bellido, un abogado que tenía una relación laboral con la dirigente, y otro sujeto que no logró identificar, pero que asumió era una de las personas que trabajaba en el Juzgado de Instrucción en lo Penal 3 y que había participado en la sustracción del expediente 1401/07; en la quema y destrucción de un expediente judicial que no logró identificar pero asumió era el mismo que había sido sustraído del Juzgado de Instrucción en lo Penal 3 y que luego daría lugar a la apertura de esta investigación. A pesar de que en la propia declaración se auto incriminaba en los hechos que denunciaba se le tomó declaración testimonial bajo juramento de ley. En virtud de esa declaración, y sin que medie pedido por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Pullen Llermanos dictó el 26 de febrero de 2018 una resolución por la que declaró nulo el sobreseimiento de 2012. Esta es una de las dieciséis causas que actualmente hay en contra de Milagro Sala. Días atrás, el 12 de diciembre, Pullen Llermanos procesó a la dirigente en la causa. Llamativamente, y al contrario de lo que hizo en todos los expedientes en los que intervino anteriormente, no dictó la detención.
Testigo multiuso
En mayo de 2018, Mancilla se presentó en la “Megacausa” donde, además de la dirigente, es investigado el ex gobernador de la provincia, Eduardo Fellner, y otros funcionarios por fraude a la administración pública y asociación ilícita. Ante el juez Isidoro Cruz aseguró que, en los hechos, Milagro Sala era la verdadera dueña de la empresa Fiad Construcciones. La compañía es propiedad de Horacio y Guillermo Fiad –parientes directos del senador radical Mario Fiad–. La única relación con Sala es haber sido contratada por la Túpac Amaru para realizar trabajos de movimientos de suelo para la construcción de viviendas. Además, en el marco de ese proceso judicial, acusó a la dirigente social y a su marido de comprar distintas propiedades en beneficio de familiares directos.
El pasado 18 de septiembre bajo juramento de decir verdad se sentó frente al tribunal que juzga a la dirigente y otros 30 imputados en “Pibes Villeros”. Cuando le preguntaron que rol cumplió en la Tupac Amaru respondió que al principio fue delegado, pero después Milagro lo llevó a trabajar más cercano a ella y que cumplía tareas como chofer, secretario y distintas cosas que le ordenaban. Sin embargo Mancilla, fue mucho más que eso. Fue uno de los cofundadores de la organización barrial. Fernando Acosta recordó que Mancilla llegó a la CTA con un grupo de compañeros del barrio San Pancho cuando la CTA ni siquiera era tal, alrededor del año 97, 98. “Primero armaron una copa de leche, participaban en las movilizaciones. Era aplicado, de los más curiosos, estudioso, con ganas de aprender y así se fue acercando a Milagro. Fue incluso uno de los fundadores de la Tupac con la flaca. Cada vez fue tomando más responsabilidades en la organización”, contó. “Pilo era el segundo de Milagro, era responsable de la organización. Cuando el Ministerio de Desarrollo Social armó el programa de Promotores Sociales para el Cambio Social las organizaciones ponían los mejores cuadros y en ese entonces fueron Milagro y Pilo. Era el tipo más operativo de la orga, recorría el territorio, estaba en el día a día”, dijo otro integrante de la organización. Tal como figura en los registros oficiales Mancilla mantuvo una relación de dependencia con la cartera que condujo Alicia Kirchner entre febrero de 2008 y marzo de 2011.
Mancilla aseguró en la audiencia que se fue de la Tupac Amaru porque no soportó ver cómo se enriquecía el entorno del matrimonio conformado por Milagro Sala y Raúl Noro. Quienes compartieron con él los tiempos que estuvo en la organización cuentan otra historia: “Fue tomando bronca porque cuando se empezó a formar la Red de Organizaciones Sociales fue perdiendo espacios de poder”. Otra versión sostiene que Mancilla quería que Milagro siguiera a cargo del movimiento social y él quería armar el partido político de la Tupac Amaru. “Cuando empezamos a discutir la posibilidad de construir un partido él quería ser el armador y quedarse a cargo de la estructura partidaria. Pero después descubrimos que tenía un acuerdo con Pedro Segura –dirigente político y empresario– que jugaba la interna del peronismo, pero tenía un arreglo además económico, oculto. El quería poner la estructura partidaria en favor de Segura. Ahí se produjo una ruptura entre ellos dos. Cuando él se va arma “La 27” y vio que no iba ni para atrás ni para adelante. Creía que era fácil conseguir recursos y se dio cuenta que no era así”, relató una persona que solicitó reserva de identidad. El diputado provincial Juan Manuel Esquivel, en el mismo sentido, contó: “La versión oficial fue que quería dedicarse a la política. Le exigía a la flaca distancia de la Red. Él polemizaba mucho con ellos. Eso fue lo mas extraño, que salió diciendo que iba a ser política, pero armó una organización social para disputar planes sociales y mercadería”.
Mancilla aseguró en el marco de la causa Pibes Villeros que Milagro Sala presionaba a la gente del barrio que no participaba de las manifestaciones para que abandonaran las viviendas. Cuando el fiscal Diego Cussel le preguntó cómo se realizaban los desalojos que mencionó en su declaración dijo que Sala tenía un grupo en Alto Comedero que por indicación de ella iban y les decían a los habitantes de las viviendas que se tenían que retirar. Cuando le preguntaron concretamente quiénes integraban ese grupo respondió “todos eran integrantes de la Tupac”. También dijo que creó su organización con disidentes de la Tupac Amaru que estaban en contra de los desalojos ordenados por Milagro Sala y que gracias a “La 27” lograron frenarlos. Es decir, no mencionó un solo nombre, ni fecha, ni lugar de esos supuestos intentos de desalojo ni de cómo supuestamente lograron evitarlos. También dijo que denunció en medios digitales que Milagro Sala benefició a su familia y a la de Raúl Noro comprando propiedades. Matías Duarte, uno de los abogados defensores de la dirigente social, señaló que el testimonio fue “impreciso, ambiguo, con poca claridad y certeza respecto a la adquisición de los bienes por parte de Milagro y su familia. Son afirmaciones sobre las que no brinda ningún tipo de indicación sobre fechas, formas de adquisición”. Es decir, se trata de afirmaciones genéricas, que tienen impacto mediático, pero que desde lo jurídico no aporta ningún elemento.
Cuando el defensor de Milagro Sala le preguntó si era empleado de la provincia de Jujuy dijo que no. Y agregó: “yo soy monotributista”. Reconoció que provee sistemas de audio a la provincia. En abril de este año prestó el servicio para la apertura de sesiones legislativas que encabezó el gobernador Gerardo Morales, según él mismo le comentó a integrantes de ATE que lo vieron ese día en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. Luego, ante otra pregunta del defensor de la dirigente social negó ser empleado de la Contaduría de la Provincia de Jujuy. El abogado insistió. “No”, respondió Mancilla. “¿La Provincia de Jujuy no le paga aportes sociales a usted?”, “No”. Desde el 2011, hasta la fecha, ¿usted recibió el pago por parte de la Provincia de Jujuy de alguna suma dineraria de manera mensual? No. Los registros oficiales confirman que Mancilla mantiene relación de dependencia con la Contaduría de la Provincia desde febrero de 2016.
Por último, el pasado 10 de diciembre volvió a los Tribunales. Esta vez se sentó en la sala en la que se realiza el debate oral y público de “La balacera de Azopardo”, el cuarto juicio en contra de Sala.
Relato de un secuestro extorsivo
El 28 junio de 2014, a las 23.55 Maximiliano Joel Tolaba, que tenía entonces 21 años, se presentó en la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Jujuy. Denunció que ese mismo día, alrededor de las 11.30 de la mañana, cuando caminaba por la calle, tres hombres –entre los que se encontraba Alejandro David Mancilla– lo subieron a una camioneta y lo golpearon. Lo llevaron al barrio Gorriti donde subieron a otro hombre con un arma de fuego y de ahí fueron hasta la ciudad de Palpalá a buscar a otra persona de nombre Darío. También lo subieron al auto y fueron hasta Forestal. En el trayecto volvieron a golpearlos. Dos días antes de estos hechos se habría producido un robo en lo de Mancilla y éste los culpaba de saber dónde se encontraban las cosas. Cerca de las 14.30 los bajaron en un descampado. A uno de los jóvenes lo empalaron y después de colocarle un arma en la oreja dispararon al aire. Los volvieron a subir al auto.
Según relató Tolaba, la camioneta en un momento se quedó sin combustible y Mancilla buscó otro vehículo. Amenazó a los dos jóvenes. Les dijo que tenía sus casas vigiladas y que no intentaran huir ya que de lo contrario atacaría a sus familias. Luego, cuando encontraron a Maximiliano Romano –a quien acusaban de dirigir el robo– comenzaron a pegarle y también lo subieron al auto. Recién a las 22 liberaron a los dos jóvenes y siguieron con Romano con rumbo desconocido.
La División de Trata de Personas y Leyes Especiales de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Jujuy labró un acta el 29 de junio de ese año en la que dejó constancia que Romano ingresó al hospital San Roque a las 0.45 con agresiones ocasionadas por terceros y restos de sangre en la parte anal.
Al día siguiente el joven radicó la denuncia. Contó que en la noche del 28 de junio fue abordado por Mancilla y las personas que se encontraban con él. Lo obligaron a subir a un vehículo a punta de pistola. Lo golpearon, lo llevaron por distintos lugares, lo metieron en el baúl de un auto, lo hicieron bajar en un descampado, lo golpearon, lo volvieron a subir al auto hasta que luego lo llevaron a la localidad de El Carmen, donde volvieron a pegarle. Mientras lo tenía con un cinto en la boca y le pegaban patadas, el propio Mancilla también lo empaló. Le gritaban que querían las cosas y que lo iban a matar. Lo subieron nuevamente al baúl sin ropa, al rato lo sacaron y volvieron a subirlo al auto. Amenazaron con hacerle daño a su familia. A las 0.40 lo dejaron tirado y desnudo con sus prendas en la calle. Por sus propios medios llegó hasta el Hospital San Roque. De ahí fue trasladado al Hospital Pablo Soria, del que se retiró en la medianoche.
Por la mañana, Mancilla y otra persona lo amenazaron con matarlo si seguía en el centro. Fue entonces a la Comisaría primera y mientras esperaba para hacer la denuncia se sentó en un escritorio. Ahí vio a Miguel Mauricio Gallardo, una de las personas que lo había agredido junto con Mancilla el día anterior. El hombre era oficial de policía. Al verlo, le dijo que no hiciera la denuncia, que ahí se terminaba todo, que no lo iban a volver a tocar y que si no obedecía iban a matar a la madre. Otro policía logró sacar a Romano del lugar y lo llevó a la División de Trata para que hiciera la denuncia.
Justicia paralizada
El 7 de julio de 2014 el juez Raúl Gutiérrez, en concordancia con lo solicitado por el fiscal Carlos Farfán, declaró la incompetencia del Poder Judicial de Jujuy para investigar los hechos y el expediente pasó a la justicia federal. Desde entonces se ordenaron distintas medidas de prueba, entre ellas allanamientos y pedidos de grabaciones de cámaras en distintos puntos de la ciudad para corroborar los dichos de los denunciantes. La historia clínica de Romano y Tolaba en la que se constataba el abuso en el primer caso y las lesiones denunciadas en ambos ya estaban incorporadas a la causa.
La Unidad Especial de Investigaciones y procedimientos judiciales de Jujuy, logró además individualizar a Mancilla en un auto como el descripto por los denunciantes. En un informe señalaron: “Advertido de la comisión que estaba haciendo las tareas investigativas, Mancilla baja de su auto y comienza a filmar y tomar fotografías del vehículo oficial y del personal que estaba realizando las tareas mostrando una actitud agresiva y amenazante y expresó: sigan en mi casa y ya van a ver los que le va a pasar. Luego el vehículo con los oficiales continuó su camino y Mancilla cruzó su auto delante de la comisión y le dio un golpe al vehículo a través del cual rompió el parabrisas. Mancilla comenzó a gritar que lo querían robar y que son de la Milagro Sala. Personal de Policía de la Provincia que vio los hechos intervino y labró un acta”.
La Unidad Especial de Investigaciones también señaló que los lugares denunciados por Romano y Tolaba son de existencia real.
En el allanamiento a uno de los domicilios de Mancilla secuestraron un revolver calibre 32 milímetros y una pistola de aire comprimido calibre 4,5 mm con su respectivo cargador con dos cilindros de gas y pistolera de color negra marca Crosman.
A principios de septiembre de ese año, el fiscal federal Pablo Pelazzo ordenó la detención de las personas que participaron en el secuestro, en el abuso y en los otros delitos denunciados. Pocos días después Mancilla fue privado de su libertad. Estuvo en el Penal Federal de Güemes. Cuando se cumplieron los dos años de prisión preventiva, su defensa presentó un recurso y recobró la libertad.
El 8 de noviembre de 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que la causa debía ser investigada en la justicia provincial en tanto el hecho en cuestión se debía a motivaciones particulares y no se encontraban comprometidos los intereses ni la seguridad de la Nación. El 27 de abril de 2017 las actuaciones fueron remitidas al Poder Judicial de Jujuy.
A más de 4 años de los hechos denunciados, el abogado de la familia Tolaba, César Singh, asegura que la causa está paralizada y que no le permiten acceder al expediente a pesar de ser querellante. El fiscal Carlos Farfán dice que tuvo el caso hasta los primeros meses de 2018, cuando el Ministerio Público de la Acusación (MPA) modificó la estructura institucional. La causa habría pasado entonces a la fiscalía de delitos complejos, a cargo del fiscal Diego Cussel. Consultado por el estado de la misma, dijo a Nuestras Voces que no sabía si estaba en la órbita o no de la dependencia a su cargo ya que hace cinco meses está exclusivamente avocado a la causa Pibes Villeros, que tiene como principal imputada a Milagro Sala. En Mesa de Entradas del MPA indicaron que la causa que fue caratulada en la provincia como “actuaciones informativas” no tiene movimiento desde 2017 hasta diciembre de este año, cuando el abogado Singh presentó un escrito. Lo cierto es que los delitos considerados gravísimos, siguen impunes. Según afirmó uno de los fiscales intervinientes en el fuero federal, la investigación estaba lista para ser elevada a juicio.
Mientras Mancilla pasea por los distintos juzgados provinciales testificando contra Milagro Sala, las víctimas del secuestro coactivo, el abuso, las lesiones y las amenazas que lo tuvieron como protagonista y que fueron probadas durante la investigación en el fuero federal siguen esperando justicia.
Por Sabrina Roth, Nuestras Voces
