(13/12/17 - Gestión Macri, Represión, Opinión *Por Carlos A Villalba)-.Un amplio análisis del primer bienio de gestión del gobierno neoliberal conservador de Cambiemos que encabeza Mauricio Macri.
Sólo con prevaricato puede sostenerse la existencia de una traición a la Nación.
Asimilar un delito o una agresión a una guerra,
es caer en una integración analógica que viola la letra expresa
y, por ende, cae en el tipo de prevaricato judicial.
No creemos que los jueces de segunda instancia, los de casación,
los ministros de la Corte Suprema, todos, estén dispuestos a caer en el prevaricato,
violando la letra expresa, clara, jamás discutida,
del artículo 119º de la Constitución Nacional.
Eso importaría la quiebra total del Estado de Derecho
y su Poder Judicial caería como un castillo de naipes.
¿Traición a la Nación o prevaricato de los jueces?, Página 12, 10-XII-17
E. Raúl Zaffaroni, Profesor Emérito de la UBA.
A partir del 10 de diciembre de 2015 y de manera lenta, se instaló en la Argentina el concepto de “clima de época”, utilizado cada vez que se produjo un hecho de violencia institucional, ya fuese la invasión del territorio a autónomo de una Universidad por parte de las fuerzas de Seguridad que maneja la ministra Patricia Bullrich o la represión a las protestas de trabajadores contra despidos, pérdida de derechos o cierres de fuentes laborales; ante los 111 hechos represivos comprobados desde enero 2016 a noviembre 2017 o el muerto diario que provoca la violencia estatal, si se suman los casos de fusilamientos por gatillo fácil, muertes por tortura en cárceles y otros lugares de detención, las desapariciones y asesinatos en movilizaciones y jornadas de lucha.
Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, fueron y son la expresión más acabada de la decisión represiva sin límite adoptada por el gobierno de Mauricio Macri.
Sin embargo, el “clima de época”, que mata ciudadanos y elimina derechos, se enmarca en una estrategia más amplia, como lo es la “temporada de caza”, abierta ya sin límites, contención ni, mucho menos, contralor de alguno de los aparatos del Estado que debieran supervisar las acciones, frenar decisiones y actos ilegales, censurar y remitir a la justicia a los funcionarios que incurren en esas faltas.
Se trata de un tiempo “excepcional”, en que el cazador o la cazadora, con una hoja de ruta aprobada por las autoridades, recorre territorios y apunta contra las “especies” seleccionadas. Eso, exactamente, es lo que sucede. Se reprime cualquier tipo de protesta social, política, laboral, educativa; se persigue judicialmente a las escasas expresiones político partidarias opositoras y se encarcela a los funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que acreditan responsabilidad sobre el mayor proceso de redistribución de ingresos en las últimas seis décadas en el país.
No es necesaria la existencia de “órdenes secretas” ni de un “plan maestro” detallado. Existe un puñado de objetivos estratégicos, relacionados con una concepción del poder desembarcada en la administración del Estado por Macri y los representantes de los principales grupos económicos concentrados de la economía, que manejan los comandos gubernamentales correspondientes al área en la que actúan en el mundo privado.
Es la diferencia entre acusar de “corrupto” y encarcelar a un funcionario pretérito o representar la “legitimidad” de multiplicar desde un ministerio los dividendos de la empresa de la que se es (o fue) accionista, entregar las licitaciones a los prestanombres a los que se les ceden temporariamente las acciones de las empresas propias o permitir el lavado de dineros mal habidos que estaban ocultos y sin pagar impuestos en guaridas fiscales de medio mundo.
Esos “objetivos estratégicos” son pocos y dañinos para el país y para la ciudadanía:
• Transferir, de manera rápida, la mayor cantidad de recursos a los sectores concentrados de la economía (a través de pérdida del poder adquisitivo del salario, devaluación, neobicicleta financiera y exenciones impositivas).
• Preparar la privatización de áreas y empresas redituables, hoy en manos o bajo control del Estado (desde YPF y Aerolíneas Argentinas, hasta las jubilaciones de la ANSES).
• Evitar que amigos y socios privados o posibles jugadores financieros internacionales sean “molestados” (Benetton, Lewis, sucesión Tompkins, por ejemplo, asentados en tierras mapuches o fiscales).
• Impedir a través de represión que se generalice la protesta socio laboral por el deterioro de las condiciones de trabajo y pérdida de salario (Cresta Roja, Pepsico, maestros, etc)
• Responsabilizar a la “pesada herencia” del gobierno de Cristina Kirchner por el deterioro que muestran todos los indicadores sociales y económicos del presente, que perjudican a los sectores recursos bajos y medios (En consecuencia demonizar a la ex presidenta y sus equipos de gestión 2007/2015).
Caza en La Pampa
En 1942 el rey de España le pidió al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo que pusiera en valor la villa de La Isabela, primera ciudad de calicanto de América, construida por la segunda expedición de Cristóbal Colón, para que sus representantes la visitasen el 12 de octubre de ese año, al cumplirse 450 años del primer desembarco español en la región.
El gobernante, uno de los más sanguinarios de la historia, con más de 50.000 muertes en 31 años al frente del Ejecutivo, ordenó a la línea castrense de mando “limpiar” el sitio. El sargento que finalmente se hizo cargo de los “arreglos”, llegó con los bulldozer y las retroexcavadoras, arrasó el lugar, tiró las paredes y la historia de más de cuatro siglos al Caribe y, finalmente, dejó “limpio” el lugar. Jugó el papel del alcahuete imprescindible de todo dictador.
Por estos lados y en estos tiempos, el gobernante de turno goza de la “legitimidad de origen” que le dieron los votos de la mitad y un poco más de los argentinos. Sin embargo, los “limpiadores” usan los mismos reflejos de aquel ignoto suboficial arrasador.
A un “sácame ese problema de encima”, dicho a la pasada y pensando en el mayor productor mundial de lana o en un grupo económico británico de más de 5.000 millones de dólares y dueño de las principales empresas de generación y distribución de electricidad del país, le corresponde un despliegue de guerra de las fuerzas de seguridad. Gendarmería en Chubut, Prefectura en la Villa Mascardi. Un muerto en cada lugar. (1) (2)
Letras a pedido del consumidor
Corren tiempos en que un magistrado como Martín Irurzun, Juez de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 45 años después de haber empezado su carrera, decide lisa y llanamente ignorar principios constitucionales como el de presunción de inocencia y logra instalar la “doctrina” que ya lleva su apellido, que pasó a ser la “biblia jurídica” de colegas como Ariel Lijo o Claudio Bonadío y llegó para quedarse, de la mano de la detención del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, de los encarcelamientos del ex vicepresidente Amado Boudou y de los ex funcionarios implicados en la causa del Memorándum por el caso AMIA, con el pedido de desafuero y detención de la ex presidenta Cristina Kirchner incluidos.
El camarista allegado al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzzetti, y jefe de su sistema de escuchas judiciales, amplió los motivos para someter a prisión preventiva a un presunto inocente, más allá de la inexistencia de “peligro de fuga” o “entorpecimiento de la investigación” por parte del imputado, enterró la biblioteca histórica de las leyes argentinas y sentó jurisprudencia al considerar “especialmente relevante” la posibilidad de que cualquier alto funcionario acusado, pueda conservar “cómplices”de supuestos delitos dentro de la estructura del Estado después de su salida del mismo.
En la situación presente abrió la puerta y orientó el camino con balizas como para que cualquier juez pueda detener a la ex Presidenta, ya que ejerció el máximo cargo del Ejecutivo, y podría haber “tejido lazos funcionales” vigentes aún con funcionarios de la administración Macri.
Lo extraño de esta doctrina improvisada a efectos de actuar contra el “kirchnerismo”, en una maniobra semejante a la de creación de un “tribunal especial” al efecto y nuevamente anticonstitucional, fue su decisión como camarista federal de confirmar el procesamiento dictado Bonadio en la causa “dólar futuro”, con procesamiento de ex funcionarios del gobierno anterior por la venta de la divisa extranjera y, sin embargo, exculpar a los compradores de esas mismas divisas, entre los que se encuentran funcionarios y allegados al actual gobierno. Otro tanto sucedió con el cierre de una denuncia penal contra el presidente Macri, por la presunta fijación de un precio del dólar inferior al de mercado a través de la emisión de Lebac y de emisión de deuda pública. Esos temas, pusieron a Irurzun ante un pedido de juicio político en trámite en el Consejo de la Magistratura.
A tono con estos hechos, la propia ministra Bullrich, en cumplimiento de los deseos presidenciales, también creó su propia legislación a la carta y sostuvo que las fuerzas de Seguridad a su cargo no deben demostrar su inocencia, a pesar de que sus acciones generen muertos, a pesar de que en los escenarios de la represión se encuentren vainas calibre 9 milímetros o calibre 13 de escopeta 12/70, armamentos orgánicos de sus fuerzas.
Un dominó siniestro
Los peritajes de los principales expertos forenses del país demostraron que el deceso del titular de la Unidad Fiscal AMIA (UFI AMIA, Alberto Nisman, fue producto de su decisión de suicidase. El hecho ocurrió a pocas horas de denunciar “la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa (AMIA), para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina, con competencia en el caso”, hecho del que responsabilizó a la entonces presidenta Cristina Fernández.
El cambio de gobierno y aquel consecuente nuevo “clima de época”, así como alteró todas las lógicas económicas y sociales preexistentes, sacudió los escritorios judiciales, en particular los de los jueces federales del hoy Comodoro Py, catalogados de “tiempistas” que acomodan sus trámites, urgencias y retardos al apellido de quien ocupa el sillón principal de Balcarce 50 y faltan el respeto a la supuesta y proclamada “independencia” de los jueces y de abstenerse total y absolutamente de entrometerse en la función judicial que se atribuyó al gobierno anterior, como señala un ex Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en una Carta del Lector que La Nación jamás publicó. Esos vientos también empujaron los papeles de Nisman.
Se pidió una nueva pericia, realizada por la Gendarmería Nacional de Patricia Bullrichque destruyó la investigación del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema en el que se afirmó en mayo de 2015 que “no se encontraron indicios que permitan sostener con rigor médico que la muerte de Alberto Nisman fue un homicidio”. Los gendarmes sostuvieron por el contrario que a Nisman le pegaron “una golpiza”, “lo durmieron con ketamina” y lo asesinaron dos personas.
El contrainforme forense gubernamental, fue pedido al efecto de sostener una hipótesis que pudiese involucrar al gobierno kirchnerista, en particular a su Presidenta. Es la primera pieza del dominó que lleva al eslabón de la causa AMIA; Nisman asesinado da más sustento a su propia denuncia, acusación que, según la fábula, habría desatado el accionar de los sicarios que, a decir verdad, no tendrían forma de entrar junto a su “víctima” en un baño de las dimensiones del correspondiente al departamento B del piso 13 de la torre Boulevard, en el complejo Le Parc de Puerto Madero.
Tampoco el diseño y resultado de la contrapericia parece haber tenido consecuencias inocuas. Durante los largos días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, de modo inusual se filtraron fotos y comunicaciones -de teléfono y whattsapp- entre los efectivos que operaron, que comprometieron a una de las fuerzas actuantes y todavía duermen el sueño de la justicia patagónica.
No hay respuestas para las preguntas que surgen; solo especulaciones sobre las “broncas” entre los “azules” de la Federal y los gendarmes, cuya pericia los instaló en el centro del escenario Nisman.
No es un país de fábula, porque los muertos… muertos están. Tampoco lo será cuando las presiones y los intereses de la casta judicial se sientan respaldados por algunos de los sectores que “acompañan” al gobierno pero siguen sin invertir un peso y aceleran la fuga de sus pingues ganancias especulativas. Será el momento en que los apellidos de ex funcionarios sean reemplazados por los de empresarios, socios y testaferros del grupo presidencial.
Será el capítulo previo al que protagonizarán aquellas mismas figuras judiciales, solo que involucrando a funcionarios de la actual alianza de gobierno.
Notas
(1) Carlos A Villalba: La Argentina Mapuche: Maldonado está donde Bullrich lo oculta. https://www.telesurtv.net/opinion/Maldonado-esta-donde-Bullrich-lo-oculta-el-uso-de-la-desaparicion-forzada-20170920-0042.html
(2)Carlos A Villalba: La Argentina Mapuche III: El asesinato del pibe de dos mundos. http://estrategia.la/2017/11/28/la-argentina-mapuche-iii-el-asesinato-del-pibe-de-dos-mundos/
* Psicólogo y periodista. Investigador argentino asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
