Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 18:00
Sociedad
(29/03/18 - Memoria, Verdad y Justicia)-.Pasaron ocho años y el crimen sigue impune. En agosto empieza otro de los juicios por delitos de lesa humanidad que la tenía como víctima, denunciante y testigo.
Como la desaparición de Julio López, el asesinato de Silvia Suppo inquieta, indigna y duele, por la gravedad del hecho y por la impunidad. Suppo fue asesinada a plena luz del día la mañana del 29 de marzo de 2010 en su local comercial de Rafaela, provincia de Santa Fe. Era militante política, víctima de delitos de lesa humanidad y testigo clave en los juicios a los represores de la última dictadura en Santa Fe. La mataron a puñaladas; según la Policía y el Poder Judicial, fue para robarle. La ciudad, de unos 100 mil habitantes, no registra un hecho similar en su historia criminal.
La mujer, de 51 años, había declarado como testigo en el juicio que condenó al ex juez federal Víctor Brusa por delitos de lesa humanidad, meses antes de ser asesinada. Este año tenía que volver a declarar en el juicio por los crímenes cometidos contra ella y otros seis jóvenes de Rafaela, entre 1977 y 1980. Al caso se lo conoce como causa Hattermer o Megacausa Rafaela, y los acusados son cuatro ex policías.
A Silvia la habían secuestrado en mayo de 1977, la trasladaron al centro clandestino de detención conocido como “La Casita”, en Santa Fe, la golpearon, la torturaron, la violaron, la dejaron embarazada y la obligaron a abortar. La liberaron en diciembre de 1978. Su entonces compañero, Reinaldo Hattemer, continúa desaparecido.
Con la vuelta de la democracia y, más tarde, la reapertura de los juicios, Silvia denunció los crímenes y comenzó, junto a compañeras y compañeros, una incasable lucha por la verdad y la justicia.
Ocho años
Este 29 de marzo se cumplirán ocho años de su asesinato y los jueces federales todavía no encontraron a los verdaderos responsables. En 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a cadena perpetua a dos jóvenes, Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, que lavaban autos cerca del local comercial donde la mataron. Los encontraron culpables de haber asesinado a Suppo después de haber robado algunos elementos y dinero del comercio, que vendía bijouterí y artículos de cuero.
La familia de Suppo y organizaciones de Derechos Humanos de Santa Fe se opusieron a que se realice ese juicio porque no se habían agotado las instancias de investigación para dar con los autores intelectuales. El caso quedó desdoblado: por un lado, se condenó a Cóceres y Sosa. Por el otro, aún sigue abierta la causa que investiga el móvil político en el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, pero sin avances.
En el juicio en el que se condenó a Cóceres y Sosa, el fiscal federal Martín Suárez Faisal reconoció que no se podía descartar el crimen político. “Si bien es cierto que la prueba no logra demostrar absolutamente que el crimen no está relacionado con causas de lesa humanidad, tampoco puede cuestionarse que hubo un apoderamiento ilegítimo de pertenencias”, dijo en relación a los elementos del comercio de Silvia que aparecieron en los allanamientos a las viviendas de los dos condenados y sus familiares.
Los procedimientos que realizó la Policía de Santa Fe en las horas posteriores al asesinato de Suppo fueron denunciados tanto en asuntos internos de la Policía como en la Justicia: desaparición de pruebas, allanamientos ilegales, toma de declaraciones bajo presión, falsificación de actas.
Reclamo de justicia
El Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo, de Rafaela, junto con organizaciones de toda la provincia exigen verdad y justicia. “Pasaron ocho años y todavía seguimos conviviendo con la impunidad porque la causa que investiga a los autores intelectuales del crimen todavía no ha avanzado, no hay medidas ni pistas concretas”, dijo a La tinta Marina Destéfani, hija de Silvia.
En un primero momento, tanto la Policía como fiscales y jueces de Rafaela intentaron cerrar el caso como un homicidio en ocasión de robo. Sin embargo, un testigo de identidad reservada vinculó el crimen a su condición de testigo y denunciante en casos de delitos de lesa humanidad. Por este motivo, el 29 de marzo de 2011, a un año de asesinato, la Corte Suprema de Justicia ordenó que se investigue el posible asesinato político en el fuero federal.
“El paso del tiempo lo único que hace es sumar más impunidad y más injusticia”, continuó la hija de Suppo. “Y vemos con preocupación el contexto político actual, con los intentos que hubo de dar prisión domiciliaria a represores o de favorecerlos con maniobras legales como la del 2×1”.
Violencia de género como parte del plan criminal
Marina destacó la posibilidad de que en el juicio por la Megacausa Rafaela, que comenzará el próximo 30 de agosto, se condene por primera vez en Santa Fe el abuso sexual y la violencia de género como parte del plan criminal de la dictadura para “disciplinar” a las mujeres militantes. “Sería un avance si se logran esas condenas”, sostuvo.
Los acusados son Juan Calixto Perizzotti, ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe; Ricardo Ramón Ferreyra, ex jefe de la Policía de Santa Fe; María Eva Aebi y Oscar Farina. Otro de los acusados era el represor Jorge Diab, que murió en 2015. Entre los delitos que se les imputan se enumeran privación ilegítima de la libertad, tormentos, asesinato, violación y aborto. Perizzoti, Ferreyra y Aebi ya fueron condenado por delitos de lesa humanidad. Los dos primeros, están en prisión domiciliaria.
Las víctimas, además de Silvia, son Reinaldo Hattemer, desaparecido; Rubén Carignano asesinado; Hugo Suppo, hermano de Silvia, quien logró escapar del hospital a donde lo habían llevado luego de torturarlo, se exilió y desde entonces vive en el exterior; Jorge Destéfani, quien luego formó pareja con Silvia y tuvieron dos hijos (Marina y Andrés); Graciela Rabellino y Ricardo Díaz, quienes sobrevivieron
Marina y Andrés son querellantes en el juicio en representación de sus padres. Jorge, el papá, murió de cáncer un año antes de que la asesinaran a Silvia.
“Aunque estas maniobras en la Justicia de desdoblar las causas y obligar a las víctimas a volver a declarar frente a quienes las torturaron, las abusaron y violentaron sea un desgaste, también entendemos que es necesario para llegar a la verdad y que haya una justicia real”, dijo Marina. Y finalmente concluyó: “Pero hubiéramos querido que la que esté declarando sea mi mamá”.
Por Lucía Guadagno, La Tinta/ANRed
