Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 19:00
Argentina
(21/06/16 - Seleccionado de Transilvania)-.El lunes 6 varios barrios de Buenos Aires amanecieron cubiertos de afiches con la cara del ministro de Energía, Juan José Aranguren, y un mensaje que decía: “Y tú te vas, te vas, te vas”.
Los afiches, que no llevaban firma, fueron el punto más alto de una campaña que se había iniciado algunas semanas atrás, fuertemente agitada por los medios hegemónicos. A través de estos se hablaba de un quiebre en el gabinete macrista, en donde el ex CEO de Shell habría quedado aislado -a tal punto que habría presentado su renuncia en dos ocasiones- debido a que desde el gobierno se lo culpaba de haber planificado mal las subas de gas y electricidad, volviendo a agitar el fantasma de la conflictividad social.
El objetivo de ese discurso no era otro que desviar la atención sobre la mala política energética hacia su principal responsable. Así, el tarifazo podía explicarse no como una política de Estado, sino como un mal cálculo de Excel del ministro Aranguren, convertido en un fusible que en el momento más conveniente puede saltar. Por Felipe Gutiérrez | OPS.
La cronología del tarifazo se inicia el 25 de enero, cuando a través de la Resolución 6/2016 se retoma un definición de precios del Mercado Eléctrico Mayorista en base a criterios económicos, tomando como referencia el precio sin subsidio a $1.427 por megavatio/mes, lo que en la práctica significó un aumento del 345%.
Esta medida fue acompañada de otras subas, como la de las naftas, que en mayo acumularon una alza de 31% en 5 meses. Si la implementación del aumento de los combustibles fue gradual (6% en enero, marzo y abril, más el 10% de mayo), con el gas la política fue directamente de shock. El gobernador chubutense Mario das Neves mostró boletas con un aumento de 1800% en su provincia, durante una reunión entre Aranguren, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y los gobernadores patagónicos.
El objetivo de fondo del tarifazo es mantener los programas de estímulo a las empresas operadoras, a través de una transferencia de US$4 mil millones pagados por las y los usuarios y ya no por el Estado. En materia de precios la ruptura con la política de precios del kirchnerismo es evidente. A través de subsidios estatales las boletas de luz, agua y gas estuvieron virtualmente congeladas durante una década. Sin embargo, el plan macrista sostiene dos lineamientos del kirchnerismo.
El primero es el estímulo a las operadoras, que tuvo su inicio en 2008 con el Programa Gas Plus que posteriormente sería complementado con otros planes de incentivo a la extracción. En sintonía, el 18 de mayo el Ministerio de Energía creó el Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural. En el texto de la resolución su objetivo es bastante explícito: “resulta necesario continuar con los programas impulsados con miras a incrementar en el corto plazo la producción de gas”, consigna.
De este modo las empresas que no hubieran sido beneficiarias de los anteriores planes de estímulo, recibieron el compromiso del Estado de ser compensadas hasta alcanzar el valor de 7,5 dólares el millón de BTU “en el caso que el beneficiario no hubiera recibido dicho valor por la venta del gas en el mercado interno” (Resolución 74/2016). Este anuncio fue acompañado por un alza de los precios del “gas viejo” en boca de pozo [1].
Por otra parte, el sostenimiento de los valores pagados a las operadoras mediante el incremento a los y las usuarias fue la base de la política de precios de combustibles que sostuvo el Estado Nacional desde la renacionalización parcial de YPF en 2012. Entre mayo de ese año y diciembre de 2015 se aplicaron 24 aumentos de precios a los productos de YPF, lo que significó una suba de, por ejemplo, un 137% de la nafta super en Capital Federal, mientras que en Mendoza el aumento fue de un 154%[2]. Si bien la suba es similar a la del dólar, va totalmente en contra de los precios internacionales del barril de petróleo que, según el indicador de referencia WTI, era de US$106,1 en mayo de 2012 y de US$41,8 en diciembre de 2015, cuando asumió Macri.
De este modo, el gobierno de Cristina Fernández desacopló el petróleo del valor internacional, creando el “barril criollo”, uno de los más caros del mundo[3]. Su objetivo era sostener el efímero “boom de Vaca Muerta” que se vio fuertemente amenazado por la baja del precio del petróleo. No solo los puestos de trabajo sino que la totalidad del proyecto -principal y casi única salida a la crisis energética que esbozó el kirchnerismo- estuvo en entredicho debido a que por sus fuertes costos es “marginalmente rentable” solo con un barril a US$84, en palabras de Galuccio. Según cálculos realizados por el diario Rio Negro, esta transferencia de los consumidores a las petroleras significará unos US$ 6 mil millones durante 2016 (Rio Negro, 17/01/2016).
“Es la política, pavote”
La reacción al tarifazo comenzó en los lugares más fríos del país. El 25 de mayo cerca de 3 mil personas marcharon bajo la lluvia en Bariloche para manifestarse en contra de las subas. Días antes habían presentado un amparo con más de 32 mil firmas, buscando retrotraer las tarifas al valor de marzo. Similares acciones legales se repitieron en todo el país.
También reaccionaron otros sectores como el comercio y la industria, que según la Unión Industrial Argentina (UIA) perderían unos 200 mil puestos de trabajo producto de la suba de los servicios. Y aunque Aranguren sostuvo que este era un reajuste gradual y no un shock, a los trabajadores de la recuperada cerámica Zanon no les quedó tan claro eso cuando llegaron las facturas de gas (que aumentó de $ 700 mil a casi $ 8 millones en un mes) y electricidad, (de $ 360 a $ 800 mil) teniendo que destinar cerca de 9 millones de pesos a servicios; el triple de lo que la gestión obrera reparte como sueldos.
De manera tardía, a comienzos de mes, el gobierno retrocedió en algunas de las medidas: puso un tope de 400% a la suba en el sector residencial y 500% en el comercio. En el interin una serie de declaraciones públicas tanto desde el gobierno como de la oposición, así como la filtración de un supuesto acorralamiento del gabinete al ministro, buscaban situarlo a Aranguren como único responsable del tarifazo. A esto abonaban sus antecedentes: no sólo proviene de Shell, sino que es sinónimo de Shell Argentina. Luego de trabajar 37 años ahí, recibió $16 millones en acciones de la multinacional, que casualmente tuvo amplios beneficios con el nuevo gobierno. Primero porque su filial Shell Western se adjudicó siete de las ocho licitaciones de contratos de barcos de gasoil para este invierno; y luego por el contrato de compra de gas a Chile -que a su vez se lo compra a la British Gas, empresa de Shell- a US$ 6,9 el millón de BTU, un 128% más caro que el gas boliviano. Aranguren se defendió señalando que no hay incompatibilidad pues sus acciones son de Shell Internacional y no de su filial Argentina y que todas las decisiones que involucraron a operadoras, fueron firmadas por subalternos. A estos antecedentes se suma su particular estilo de afrontar el conflicto, como cuando justificó las subas frente al Intendente de San Martín, diciendo que “tenía una planilla de Excel que cumplir”.
En efecto la planilla fue llenada de manera particular. Arrojó subas similares en hogares de ingresos muy dispares sin considerar que este aumento golpea distinto a los presupuestos familiares, aún cuando porcentualmente sea lo mismo. De igual manera con las empresas, mientras las grandes pueden recomponer su presupuesto a partir de la suba de los servicios, el impacto sobre los empleos en las medianas y pequeñas es mucho mayor. Aún más gráfico es que no se hayan tenido consideraciones geográficas para limitar las subas, tomando en cuenta las grandes diferencias de temperatura en una punta del país y la otra. Sin embargo, el problema no pasa por una mala planificación -aunque el tarifazo demuestre los límites de la política de Excel- ni solo porque el ministro sea un representante de las empresas -aunque los riesgos están a la vista y siendo denunciados penalmente- si no que tiene que ver con una abierta política de beneficio (“estímulo”) a las grandes corporaciones con el objetivo de atraer capitales.
Ese proceso puede ser rastreado en las políticas de fomento al extractivismo, pilar económico de la gerencia macrista. La trilogía aumento de los subsidios a las petroleras + quita a las retenciones al campo[4] ($16 mil millones en 2015) y la minería ($3300 millones) + fin del cepo, evidencia una política orientada a asegurar la estabilidad financiera de los sectores concentrados que controlan las principales actividades extractivas del país, con particular énfasis en la exportación. En ese sentido hay una suma de decisiones que son ideológicas y que van más allá del problema de pesos más o pesos menos.
Esta concepción quedó en evidencia cuando el Ministerio de Energía lanzó los pliegos de lo que será la licitación de proyectos de energía renovables. El modelo elegido busca la construcción de megaproyectos y las condiciones entregadas solo pueden ser cumplidas por las grandes corporaciones internacionales de la materia. No solo el modelo extractivo del macrismo, sino el que lo sustenta, el energético, busca ser concentrado y de alto impacto socioambiental.
Volver al mundo
En esa misma línea está la importación de gas por Chile, que es un negocio caro y no demasiado relevante para el escenario energético nacional. Sin embargo sus razones se explican más allá del posible enriquecimiento indirecto que le puede generar a un ministro. El negocio no está solo en el gas sino en a quién se le está comprando, en este caso a Chile, país que es visto como modelo por la administración macrista, en particular por su apertura comercial[5]. El ministro de Energía chileno, Máximo Pacheco destacó que la firma del acuerdo es el “inicio de una nueva etapa en la integración energética entre Chile y Argentina”. Macri viajará a ese país durante la primera semana de julio para sumarse como observador en la reunión de la Alianza del Pacífico, instancia multilateral conformada por México, Colombia y Perú, además de Chile, que se ha transformado en el principal espacio regional de interlocución con EEUU. hasta el punto de sumarse al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) a través del cual Washington pretende aumentar su influencia en la región.
Aunque por el momento el Mercosur seguirá siendo la principal referencia continental de Argentina, remplazar gas boliviano por la importación desde Chile es una señal muy clara. En última instancia Macri pretende sumarse al TPP, para abrir una nueva época de acuerdos comerciales. Además, antes de ir a Chile, participará en un foro empresarial en Colombia, y después se embarcará a Bélgica para agilizar las negociaciones de un posible Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, gestiones que hasta antes de su victoria electoral estaban congeladas. La movida chilena, entonces, no es un abandono del espacio Mercosur, sino una diversificación de mercados (antes les llamábamos países).
Es este marco político el problema que se plantea hoy en materia energética, donde la permanencia de Aranguren no es anecdótica, pero su eventual destitución sí. En definitiva, el problema no es que Aranguren tenga poco tacto político, como dice Clarin, ni solo es problemática su incompatibilidad para ejercer cargos públicos. El fondo del asunto es la reorientación extractiva de Macri que, como escribió en su Facebook, se prepara para esa “Argentina que viene”, que “vuelve al mundo”.
Notas:
[1] Los programas estímulo durante el kirchnerismo estaban destinados a la perforación de nuevos pozos o la reactivación de los que estaban paralizados. Si bien el macrismo le da una continuidad a esa política, también subió los precios para los pozos que ya están en producción.
[2] Si bien el desacople de los precios es una política que viene desde el fin de la convertibilidad, la baja del precio del petróleo en 2014 revirtió su sentido: si hasta entonces mantenía a nivel interno precios inferiores al internacional, esta relación se ha invertido para asegurar rentabilidad a las operadoras e ingresos a gobiernos provinciales en tiempos de Vaca Muerta.
[3] Datos obtenidos de la página web de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines y del diario Los Andes
[4]Excepto la soja que tendrá una disminución progresiva hasta llegar a $0 en 2022
[5]Aunque la economía argentina es dos veces más grande que la chilena, recibe solo un 25% de los capitales extranjeros que ingresan en ese país (Cepal, 2015)
ANRed
Fuente: OPSur
