Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 22:00
Sociedad
(23/06/16 - Violencia Institucional)-.Visitas familiares en “jaulas” a la intemperie, deficiencias en materia de infraestructura, encierros prolongados en celdas sin luz natural o artificial, falta de alimentación, imposibilidad de acceder a la salud o a actividades recreativas forman parte de las graves violaciones a los estándares fijados en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de la ONU.
La Procuvin y el fiscal general ante la Cámara Federal de Mendoza, Dante Vega, presentaron acciones de habeas corpus para obtener una reparación urgente, al tiempo que denunciaron penalmente a las correspondientes autoridades penitenciarias.
El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, conjuntamente con el fiscal general ante la Cámara Federal de Mendoza, Dante Vega, denuncióaron penalmente a las autoridades del Complejo Penitenciario I “Boulogne Sur Mer” y del Complejo Penitenciario II “San Felipe”, ambos ubicados en la provincia de Mendoza, al constatar durante una inspección las graves condiciones de detención que padece parte de la población penal.
Al no cumplir con las exigencias mínimas para el alojamiento de personas privadas de la libertad, la Procuraduría especializada interpuso además las correspondientes acciones de hábeas corpus, de tal modo de obtener una urgente reparación a situaciones que “colocan en riesgo la salud de los detenidos”.
Las circunstancias pudieron ser corroboradas durante la inspección llevada a cabo el 9 de junio pasado por representantes del Sistema Interinstitucional de Control de Unidades Carcelarias, del que forma parte la Procuvin. Por esta última, participaron el fiscal ad hoc José Nebbia, la subsecretaria letrada Bárbara Franco y la integrante del equipo interdisciplinario Laura Sobredo.
En relación al Complejo Penitenciario II “San Felipe”, la denuncia se centra en las condiciones detectadas en el pabellón 5-B, donde son asignados detenidos con sanciones disciplinarias o bajo medidas de resguardo de integridad física. La inspección de las instalaciones y las entrevistas confidenciales mantenidas con las personas allí alojadas –algunas de las cuales solicitaban a gritos ser escuchadas- permitió constatar situaciones que representan un claro agravamiento de las condiciones de detención. Las pésimas circunstancias registradas abarcan todos los aspectos que hacen al régimen de encierro: deficiencias de infraestructura, sanitarias, de alimentación, acceso a la salud, a actividades educativas y de esparcimiento, vulnerando así derechos fundamentales de los detenidos, “afectando su vida e integridad”.
Celdas de ínfimas proporciones con humedad y una absoluta ausencia de luz (ni natural, ni artificial), conexiones eléctricas precarias, falta de camas y mobiliario, y sin provisión de agua –los internos mencionaron que debían suministrarse a sí mismos un balde de cinco a diez litros que debía alcanzar para los tres días de encierro- forman parte del alarmante cuadro registrado durante la inspección. A los detenidos, no se les provee ningún tipo de elemento de higiene o limpieza, además de no contar con abrigos que permitan mitigar el intenso frio, mientras que la escasa comida provista fue coincidentemente descripta como “incomible” o de mala calidad.
Ninguna de las personas allí detenidas accede a actividades educativas o laborales, permaneciendo la mayoría hasta 23 horas por día en la celda, sin ningún tipo de atención médica y psicológica, aún en los casos en que se pudo corroborar detenidos con heridas que necesitaban de una atención urgente.
“La instauración de condiciones inhumanas referidas al espacio físico de detención (lugar insalubre, deterioro) y al destrato dispensado (falta de higienización y de obras que reparen los elementos deteriorados), las que contribuyen, en su síntesis, al establecimiento de una situación que es constitutiva del delito de tortura y por la que deben responder los sujetos activos que se encontraban a cargo de la guarda, custodia y vigilancia de los detenidos”, señala la presentación.
Represión
Durante el recorrido por el Módulo 6–A del Complejo Penitenciario II “San Felipe”, los representantes del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles tomaron contacto con un detenido que expresó la voluntad de realizar una denuncia penal respecto a hechos ocurridos durante la jornada previa. En su declaración, indicó que un grupo de internos se encontraba reclamando la hora de recreación y que ante la negativa se exigió hablar con alguna autoridad de mayor rango entre quienes se encontraban en ese momento en el penal. Ante una nueva negativa, sobrevino una represión “con tiros, gases, golpes, nos encerraron a todos, cada uno entraba a cualquier celda porque entraron disparando”, relató, e hizo entrega de un cartucho de escopeta con dos postas de goma y dos bolas de munición de gas pimienta – postas de pintura.
Otros internos brindaron un relato coincidente de los hechos. En ese contexto, el fiscal ad hoc de la Procuvin José Nebbia y la subsecretaria letrada y coordinadora del Área de Violencia en Instituciones de Encierro de esa Procuraduría especializada formularon una denuncia penal para que se investiguen delitos de acción pública por parte del director y subdirector, el jefe de Seguridad Interna y el jefe de Guardia del Módulo 6 – A de la mencionada unidad.
Se “vulneran los derechos fundamentales de los detenidos, afectando su vida e integridad”.
Jaulas para las visitas en Boulogne Sur Mer
En cuanto al Complejo Penitenciario I “Boulogne Sur Mer”, la presentación de la Procuvin y el fiscal general Dante Vega se centra en las condiciones de detención registradas en el pabellón 18 -donde se alojan presos con sanciones disciplinarias o bajo medidas de resguardo de integridad física-, las cuales “vulneran los derechos fundamentales de los detenidos, afectando su vida e integridad”.
Hacinamiento, falta de agua, de atención médica, de servicios sanitarios, instalaciones inseguras, oscuras e infectas son algunas de las graves irregularidades reflejadas durante la inspección. “Todo el pabellón se encuentra en pésimas condiciones de higiene, se observaron en el piso restos de suciedad, alimentos en estado de descomposición y agua estancada que inunda importantes partes del patio. Luego se constató que también hay celdas inundadas”, señala la denuncia, que llama la atención sobre la actitud “intimidante” del personal de requisa, que insistió en no alejarse de la puerta de las celdas durante el tiempo en que se desarrollaban las entrevistas confidenciales mantenidas con las víctimas. En cuanto al régimen de vida, la mayoría de los entrevistados manifestó que debían permanecer hasta 24 horas encerrados en las celdas.
La totalidad de la población alojada en ese módulo refirió que las visitas deben desarrollarse en unos “jaulones” que se encuentran a la intemperie, motivo por el cual padecen junto a los familiares el frío y la lluvia, situación que pudo ser constatada por los integrantes de la comitiva.
“Las personas alojadas en dicho pabellón se ven obligados a residir en un lugar sucio, carente de instalaciones sanitarias adecuadas, sin la entrega –o posibilidad de elaboración- de alimentos adecuados, a pasar sus horas de descanso diario en colchones que no resultan dignos de tal nombre, con las inevitables consecuencias en la salud que esto conlleva, y a estar encerrados en celdas diminutas por 23 horas diarias o inclusive por varios días”, ponderó la denuncia.
Violaciones a los estándares mínimos
Los representantes del MPF indicaron que las condiciones anteriormente descriptas violan varias de las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela)”, aprobadas por Naciones Unidas en diciembre del año pasado. En este sentido, enumeraron violaciones a las reglas 1 y 3 (Principios Fundamentales); 13, 14, 15, 16 y 17 (Alojamiento); 18 (Higiene Personal); 21 (Ropa y cama); 22 (Alimentación); 24 y 25 (Servicios Médicos).
También, expusieron abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la obligación del Estado argentino de garantizar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas, así como de penalizar las violaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
