El organismo concluirá en las próximas semanas su investigación sobre la función pública que cumple y el patrimonio personal del titular de la cartera.
Si bien desde la oficina del PRO intentan justificar lo injustificable, Aranguren claramente ha cometido un delito, dado que poseer acciones de una empresa no lo es, pero hacerlo y ser funcionario del área si y está tipificado en la Ley de Ética Pública.
“Aranguren posee acciones de una compañía que es del sector petrolero y él es ministro de energía… se está estudiando si alguna de las decisiones de Aranguren podrían beneficiar a Shell o a él mismo”, explicó Alonso.
Laura Alonso, una mujer claramente incapacitada para ocupar el cargo que ocupa, que más que anticorrupción es el de una suerte de escribanía trucha de no corrupción de miembros de su partido, pretende ignorar que Aranguren dejó de comprar gas a Bolivia y se lo compró a Brritish Petroleum, a través de Chile, que es una empresa controlada por Shell.
“Esperamos tener una recomendación preventiva para que él evite caer en un conflicto de intereses”, señaló. El actual ministro fue CEO de la petrolera hasta diciembre del año pasado.
Aunque aseguró que poseer acciones de una compañía privada no es un delito en sí mismo, Alonso reconoció sobre el caso de Aranguren: “Él tiene acciones de la compañía a nivel internacional. El caso es el más complicado que tiene la Oficina Anticorrupción porque no es tan blanco ni tan negro”.
