La jornada marca la continuidad de un trabajo de la CPM que busca seguir fortaleciendo la capacidad de intervención de estas organizaciones en el territorio. Las actividades se inscriben en el marco del día internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, que se celebra el 26 de junio para recordar la fecha de lanzamiento de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
(CPM) El diseño e implementación de políticas de prevención, asistencia y sanción de la tortura, que se constituye actualmente como una práctica sistemática ejercida por las instituciones punitivas del Estado, es una de las grandes deudas pendientes de la democracia. Desde sus inicios, los organismos de derechos humanos de todo el mundo han luchado por su sanción y erradicación; en ese marco, el 26 de junio de 1987 se puso en vigencia la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas. Diez años después, la misma asamblea proclamó esa fecha como el día internacional en apoyo a las víctimas de tortura y reclamó la aplicación efectiva de los principios expuestos por la Convención.
Más allá de de los mecanismos y estrategias desarrolladas, en nuestro país la tortura sigue siendo una práctica de control social que se aplica contra los sectores más pobres de la sociedad tanto en el territorio como en los lugares de encierro. En reiteradas oportunidades, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ha denunciado las múltiples violencias que despliega el Estado como correlato de la implementación de políticas de seguridad, penitenciarias, de niñez y salud mental que violan los derechos humanos y las garantías reconocidas por la Constitución nacional y provincial.
La CPM, a través de su Comité contra la Tortura, inspecciona desde hace más de 12 años cárceles, institutos de menores y comisarías, desde el programa de Salud Mental se inspeccionan desde hace 4 años hospitales neuropsiquiatricos y desde hace 7 años el programa de Justicia y Seguridad Democrática monitorea el accionar policial en el territorio. A esto deben sumarse el trabajo del equipo de Litigio Estratégico que patrocina víctimas y familiares de estas graves violaciones de derechos humanos.
Desde 2015 y en el marco de las múltiples acciones que realiza para denunciar y erradicar estas prácticas sistemáticas, violentas e ilegítimas del Estado, la CPM asumió el desafío de fortalecer el trabajo con organizaciones de familiares víctimas de la violencia institucional. Con ese objetivo, durante el año pasado, se desarrollaron dos encuentros nacionales que reunieron a unos 500 familiares de todo el país; estas jornadas funcionaron como un espacio para conocerse, intercambiar experiencias personales y reflexionar sobre las problemáticas específicas que cada organización encuentra en su barrio y localidad.
Estos encuentros de reflexión y debate, sentaron las bases para la realización en febrero pasado de la primera jornada de capacitación para pensar y construir herramientas de registro de las denuncias por violencia policial, carcelaria y judicial. El encuentro que se realizará este sábado y domingo en la sede de la CPM de calle 54 Nº 487 se inscribe en esta línea de trabajo y buscará evaluar las experiencias en registro que han desarrollado cada una de las organizaciones y, al mismo tiempo, construir un conjunto de herramientas para intervenir directamente en cada caso ante las autoridades judiciales.
FAVISIC, ACIFaD, la cooperativa Esperanza, la asociación Camino al Siglo XXII de Lomas de Zamora y La Matanza, la Coordinadora contra la impunidad policial, Familiares de la masacre de Quilmes, Familiares y amigos de Florencia “la China” Cuellar, COVIC, familiares de Lobos y del Municipio de la Costa, e integrantes del Consejo municipal contra la violencia institucional de Punta Indio. En total, una decena de organizaciones y más de 60 familiares participarán de esta doble jornada.
Pensar este espacio de encuentro en el día internacional en apoyo a las víctimas de la tortura implica un reconocimiento no sólo a la lucha de los hombres y mujeres que, desde su dolor personal, buscan organizarse contra la violencia y la impunidad sino también un reconocimiento a la capacidad de intervención que poseen los familiares en su despliegue territorial. Para la CPM, el fortalecimiento de esta red de organizaciones y el desarrollo de herramientas colectivas para la promoción y defensa de los derechos humanos son indispensables para llegar a la sanción y erradicación definitiva de la tortura.
