Dicen quienes lo conocían que Gualberto murió en noviembre de 2011, cuando un grupo de policías desapareció y mató a su hijo Daniel, en el Valle Medio de la Provincia de Río Negro. Sin embargo, Gualberto parecía más vivo que nunca: durante estos seis años y medio acampó, toleró los fríos del invierno patagónico, se encadenó y realizó huelgas de hambre, reclamando saber qué habían hecho con su hijo.
Muy lejos de su Tartagal salteño, se convirtió sin quererlo en protagonista de una historia trágica. Y repetida: el Estado se había cargado con la vida de otro joven pobre, y su familia reclamaba saber quiénes y por qué.
Los 2.171 kilómetros que separan Tartagal de Choele Choel se habían convertido en ruta habitual para el pedido de Gualberto. Los recorría semanal o mensualmente, iba y venía, o se quedaba meses, en un modesto acampe en el Valle Medio, apenas asistido por un párroco, un par de abogados y un sector de la comunidad.
Muchos otros, en cambio, prefirieron la solidaridad con los siete policías apuntados como responsables de la desaparición y asesinato de Daniel, quien se había animado a cuestionar la estafa laboral que sufría de parte de Expofrut y la empresa Agrocosecha.
Los detalles de lo que ocurrió esa noche en el boliche Macuba, el traslado de Daniel, el cambio de auto, los golpes y la desaparición, se están ventilando en la etapa oral y pública del juicio, que se está realizando en estos momentos en un Tribunal de General Roca.
Gualberto no llegará a saber si se hizo justicia, por lo menos con los responsables materiales del asesinato. Esta madrugada del 3 de abril de 2018, falleció el padre de Daniel, luego de algunos días internado. Otra muerte con el sello del Estado.
Foto: José Luis Pierroni, Patagonia Fotopress
