(29/09/14 - Guatemala)-.Denuncian internacionalmente muerte de miembros de la comunidad El Pajoques del municipio de San Juan de Sacatepéquez, zona asediada por proyecto de instalación de una cementera al margen de la ley, a escasos 30 kilómetros de la capital de Guatemala.
Al menos 7 personas murieron, y temen que la violencia y provocación continúen ante el establecimiento del Estado de Excepción y la orden de captura de más de 30 dirigentes, tras inculpar a organizaciones defensoras del territorio sin investigar en profundidad el patrón de acciones provocadoras.
La denuncia fue formulada por tres organizaciones que integran la coalición global GAIA, que ha expresado su solidaridad con las comunidades que enfrentan los riesgos sanitarios y ambientales de la cementera. Tres miembros de esas organizaciones habían estado reunidos con representantes de las 12 comunidades de la zona el mismo viernes 19 de septiembre, dando asesoría técnica en una reunión pública.
El Licenciado Carlos Arribas Ugarte de la organización española Ecologistas en Acción advirtió que la cementera, que apunta a ser la mayor de América Central, "pudiera quemar grandes volúmenes de residuos peligrosos para obtener energía, y es de toda lógica que las comunidades se opongan a ello".
El Dr. Raúl Montenegro por su parte, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y premio Nóbel Alternativo –el otro experto que estuvo en la zona- anticipó que lo ocurrido "será denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU" y que en los próximos días "se multiplicarán las condenas internacionales para que el asedio de la cementera se detenga".
Denuncia Pública
La denuncia de estos hechos fue realizada en simultáneo desde cuatro países: Alicante (España), Córdoba (Argentina), El Salvador (El Salvador) y Berkeley (Estados Unidos), por otras tantas organizaciones ambientalistas de esos países.
Reconocidas organizaciones de España, Argentina y El Salvador, que integran la coalición global GAIA, denunciaron internacionalmente "la muerte de al menos 7 miembros de la municipalidad de San Juan de Sacatepéquez, en la Aldea de Los Pajoques, a escasos 31 kilómetros de la capital de Guatemala, zona asediada por una propuesta de instalación de cementera una al margen de la ley”, hechos ocurridos los pasados 19 y 20 de septiembre.
Desde hace años las 12 comunidades organizadas de San Juan Sacatepéquez sufren la persecución, arrestos y criminalización de sus luchas por defender la vida y el territorio ante la amenaza de la instalación de la planta de cemento “San Gabriel” de “Cementos Progreso” que proyecta ser la más grande de América Central.
La denuncia internacional fue formulada por Ecologistas en Acción de España, FUNAM de Argentina y CESTA Amigos de la Tierra de El Salvador. Todas ellas, miembros de la coalición global GAIA, asesoran técnicamente a las comunidades sobre los riesgos sanitarios y ambientales del proyecto de Cementos Progresos. Tres miembros de esas organizaciones habían estado reunidos en un taller con comunidades de la zona, pocas horas antes de ocurridos los hechos.
GAIA, la coalición global contra la incineración –que tiene su Secretaría en Filipinas- había organizado ese taller de expertos y pobladores precisamente para que se conocieran los datos técnicos "que Cementos Progreso permanentemente oculta a las comunidades".
A raíz de los hechos ocurridos, las autoridades han decretado estado de excepción en las 12 comunidades que se oponen a la construcción de la cementera y una carretera relacionada, en un claro acto de criminalización y silenciamiento de personas que no estuvieron involucradas en los hechos ocurridos. Policías han sido desplegados en las 12 comunidades, y más de 30 personas tienen orden de captura en su contra, un hecho que siembra mucho miedo entre la población.
Las demandas de las comunidades
Las organizaciones que suscriben este comunicado apoyan las demandas de las comunidades por: 1) el respeto a los derechos humanos, indígenas, y ambientales de la población, la que en su mayoría se opone a la cementera y el proyecto de carretera; 2) la intervención inmediata del Sistema Nacional del Diálogo para la resolución del conflicto en una forma no impuesta; 3) una investigación profunda y objetiva de los hechos sucedidos en Los Pajoques: 4) la protección de la dirigencia de las comunidades en resistencia, la mayoría de las cuales no vive en los Pajoques y no estuvieron involucrados en los hechos ocurridos, pero que ahora se encuentran bajo Estado de excepción; 5) el rechazo definitivo a la construcción de la cementera en este lugar, por la destrucción del ambiente que traerá consigo y en respuesta a los derechos que otorga el Convenio 169 a los pueblos indígenas.
El proyecto, que atenta contra los derechos de los pueblos indígenas de la región a la salud y a un ambiente sano para el desarrollo de sus formas de vida, fue formalmente rechazado por las comunidades Maya Kaqchiqueles del lugar en Mayo de 2007. En esa ocasión, una consulta popular para conocer la opinión de las comunidades ante la minería y la cementera dio como resultado 8,994 votos en contra de la instalación de la empresa Cementos Progreso y4 a favor. Guatemala ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, y pese a ello las obras continuaron.
El Licenciado Carlos Arribas Ugarte de Ecologistas en Acción advirtió durante su visita a la región que la cementera, que apunta a ser la mayor de América Central, "pudiera quemar grandes volúmenes de residuos peligrosos para obtener energía, dado sus prácticas en la planta San Miguel en otra parte de Guatemala, y su vinculación histórica con la cementera multinacional Holcim, lo cual promueve estas prácticas en otras partes del mundo también".
El Dr. Raúl Montenegro por su parte, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y premio Nóbel Alternativo –el otro experto que estuvo en la zona- anticipó que los hechos ocurridos "serán denunciados ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU" y que en los próximos días "se multiplicarán las condenas internacionales para poner freno a la criminalización y la violencia" [1].
Ratificó asimismo que la cementera, que apunta a ser la mayor de América Central, "es ilegal porque las obras empezaron sin que se haya cumplimentado el Artículo 6 de la Convención 169 de Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo [2]. A fuerza de autoritarismo y con el silencio cómplice del gobierno, la cementera Progreso quiere imponer una planta que afectará no solamente la salud de las comunidades indígenas Kaqchikeles, sino que amenaza además el cultivo de flores, una de las principales actividades económicas de la zona".
Además de la planta de cemento, ha empezado la construcción de una ruta que atraviesa los territorios comunitarios, "y que es tan ilegal como la propia cementera pues nunca hubo consulta formal", sostuvo CESTA Amigos de la Tierra, de El Salvador.
Magdalena Donoso, coordinadora de GAIA para América Latina, consideró que "esta situación es una muestra más del enorme daño que provocan estas grandes compañías que imponen en forma inescrupulosa sus propuestas en contra de la voluntad de las comunidades.”
Cementera y desinformación
Astrid Martínez, de CESTA Amigos de la Tierra, explicó que la empresa cementera Progreso "no solo está construyendo ilegalmente su planta sino que obstaculiza todo intento de información a la comunidad. Esa corporación sabe que cuando las personas conocen los impactos negativos de estas cementeras sobre la salud y sobre el cultivo de flores, y cómo se violó impunemente la convención que los ampara, la resistencia pacífica es inevitable. Corporaciones y gobierno no pueden hacer oídos sordos cuando miles de personas marchan contra la cementera".
"Para socializar los conocimientos disponibles, las comunidades de San Juan Sacatepéquez, CESTA Amigos de la Tierra y GAIA organizamos un taller técnico al que asistieron más de 300 personas, en el cual disertaron los dos expertos de Argentina y España", indicó Astrid Martínez, de CESTA. En este encuentro que se realizó en la mañana del día 19 de Septiembre se escuchó el testimonio de la población sobre su historia de oposición pacífica al proyecto.
Durante el encuentro –inaugurado por la representante de CESTA y Alcaldes Comunitarios de la zona- Montenegro explicó cómo la empresa cementera Holcim en Córdoba, Argentina, "descargó ilegalmente durante dos años, en 2009 y 2010, dioxinas cancerígenas sin que lo supiera la comunidad". Agregó que "casualmente Holcim ha sido parte de cementos Progreso hasta el 17 de enero de 2013. Compartió por lo tanto sus ilegalidades e intentos por ocultar los daños potenciales de la planta que ahora se está construyendo". Cemcal progreso, la accionista mayoritaria de la cementera, adquirió en 2013 el 20% de las acciones que tenía Holcim en el grupo.
Por su parte el Licenciado y Master Carlos Arribas Ugarte, de España, resumió los principales procesos productivos de cemento y como sus actividades, en particular la quema de residuos peligrosos, afectan directamente la salud de las personas.
Referencias:
[1] Las presentaciones que efectúan pueblos indígenas afectados en sus derechos son recibidas por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpus, en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en Ginebra (Suiza).
[2] El Inciso a) del Artículo 6 de la Convención indica que "Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán (…) "consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente". La Convención entró en vigor en Guatemala el 5 de Junio de 1996.
