Publicado por: Redacción
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Sociedad
(24/04/18 - DDHH/Violencia Institucional)-.El megaoperativo policial desplegado en los barrios platenses El Mercadito y La Unión genera preocupación entre vecinas y vecinos de la zona que ven afectada su vida cotidiana y su circulación desde hace dos semanas. 560 efectivos de la policía federal y provincial, un helicóptero, gran cantidad de patrulleros, camionetas, motos, un camión hidrante blindado y tecnología de avanzada en comunicaciones invadieron la zona.
Hace pocos días se hicieron presentes en el lugar el Intendente Julio Garro, Cristian Ritondo, Ministro de Seguridad bonaerense, y Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, con el objetivo de supervisar la intervención. Por Colectivo Contra el Gatillo Fácil.
El argumento que utilizan para desplegar este descomunal operativo tiene que ver con el combate del narcotráfico, la disputa entre bandas y la delincuencia. Pero vecinos de la zona, que pidieron identidad reservada, explican que “es un operativo aparatoso e innecesario, me parece que es más para mostrar hacia afuera como que están haciendo algo, porque ya se llevaron algunas armas y detenidos, y siguen estando ahí”.
Además remarcan las arbitrariedades que sufren y la constante intimidación y amedrentamiento. “Están a una cuadra de mi casa, cada vez que salgo me paran y me piden documentos, y yo como estoy en la moto más todavía. Te amenazan de mala manera; yo le dije que me pararon 5 veces y que si la moto que tengo fuera robada ya les hubiera figurado, pero yo la tengo a mi nombre. Dos veces me identificaron con las huellas digitales en un aparato”, expresó con indignación un vecino, y además agregó que “es la policía la que mueve la droga, y con todo esto joden a los vecinos. Hay mamás que van a llevar a sus hijos al jardín y las paran para pedirles documentos, ¿no se dan cuenta que no son narcotraficantes?”.
Otra vecina contó que a las 22 ya no se puede salir a la calle y que nadie se atreve a circular por temor a los controles, por lo que de hecho hay instaurado un toque de queda. Además remarcó: “me dificulta ir a trabajar, porque tengo que dejar a mis hijos menores de edad en la casa y me da miedo que entre la policía. A mí me pidieron mis documentos, mis horarios de trabajo, y el DNI de los chicos”.
En la misma sintonía otra mujer relató que “los niños se asustan y preguntan qué hace la policía con tantas escopetas y pistolas. Además hay muchos helicópteros que pasan a metros del techo y mi nena se asustó porque uno le apuntó la luz a la cara y ella quedo shockeada porque pensó que le iban a disparar.” Además, agregó: “a mi marido lo pararon en la moto porque no tenía los papeles en ese momento, y para dejarlo pasar le pidieron plata”.
Los relatos sobre situaciones abusivas e intimidatorias son innumerables y la presencia de las fuerzas genera mayor inseguridad y temor. “Estamos sitiados y nos estigmatizaron, parece que somos el peor barrio de la plata. Ahora andá a decir que ‘Soy del mercadito’, es como si fuésemos todos delincuentes y malandras”, se lamentó uno de los vecinos.
En el Mercadito y La Unión, como así también en otras zonas pobres de la ciudad, se viven muchas problemáticas estructurales: las conexiones inseguras de gas y electricidad; las calles de tierra y la falta de cloacas y desagües que genera que se inunde todo cada vez que llueve; la escasez de líneas de transporte público que dificultan la circulación y el acceso al barrio; la desocupación y la precarización laboral; la dificultad para acceder a la salud y la educación; la casi nula oferta de espacios de contención y recreación para jóvenes y niños; el hambre y la contaminación del ambiente, son sólo algunas de ellas.
El Estado no tiene una política efectiva para atender estas necesidades básicas, sino que su intervención especifica en los barrios pobres es a través de la represión, la estigmatización, y la gran disposición de recursos para la militarización. Con la excusa de combatir el narcotráfico y la inseguridad el gobierno se desliga de la responsabilidad que tienen las instituciones y sobre todo de la vinculación de la policía con este tipo de delitos.
Así ataca a los sectores populares como los únicos responsables de ese negocio, mientras que tiene una ineficaz intervención con los grandes narcotraficantes. Es decir que comienzan por los últimos eslabones de la cadena criminalizando al conjunto de la población en las barriadas. De esta manera la presencia de las fuerzas policiales deja librado el escenario para que aumenten situaciones violatorias de los derechos humanos.
Los sectores más afectados son la juventud, que se ve sometida a detenciones arbitrarias por averiguación de antecedentes y cacheos solo por portación de rostro, y por otro lado las mujeres, quienes se encuentran más expuestas a situaciones de acoso, abuso, y maltrato.
Los relatos de las vecinas y vecinos dejan en evidencia que las consecuencias de la presencia policial se viven y sienten en la vida cotidiana, teniendo que cambiar sus hábitos de circulación y sus formas de habitar el barrio por el temor y la intimidación que sufren constantemente. Por lo que lejos de generar una solución lo que esto acarrea es mayores situaciones de vulnerabilidad social.
