El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires convocó a sus matriculados para realizar este jueves una manifestación en la capital provincial para apoyar el proyecto presentado por el diputado renovador Lisandro Bonelli para que la Legislatura expida una declaración de certeza sobre la vigencia de la Ley 10.606, que regula la instalación de farmacias en territorio bonaerense.
En paralelo, la entidad profesional que preside Isabel Reinoso inició una campaña para exigir la intervención de la gobernadora María Eugenia Vidal, que hasta ahora solo manifestó que se trata de un litigio que debe resolver la justicia. Sin embargo, los farmacéuticos consideran que "el juicio de (Mario) Quintana es contra la provincia, por eso no entendemos como la gobernadora Vidal no marca posición".
"Estamos sorprendidos. Todos los gobernadores han defendido la salud de la gente. Este no es un tema comercial. Es un tema de salud pública y acceso al medicamento", advirtieron a través de las redes sociales.
Según trascendidos, para descomprimir la situación, el oficialismo aceptaría el debate en diputados en dónde incluso el proyecto podría ser aprobado, para luego pasar al senado, en donde con mayoría absoluta Cambiemos tiene capacidad de cajonearlo y/o hacerlo "pasear" por diferentes comisiones dilatando eternamente su aprobación, a tono con las necesidades de la empresa del vicejefe de gabinete nacional.
En paralelo, y mientras el gobierno central se mantiene prescindente, los concejos deliberantes de por lo menos una veintena de municipios ya se manifestaron en contra de la instalación de la cadena de farmacias shopping, estableciendo una prohibición expresa para su llegada, aunque no lo hicieron ninguna de las grandes ciudades de la provincia como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, verdaderos objetivos de Farmacity.
El litigio de la cadena de farmacias que creó Quintana comenzó en 2012, cuando la compañía intento ingresar en territorio bonaerense y se topó con las limitaciones que impone la ley al determinar que una sociedad anónima no puede ser controlante de una farmacia y que la instalación se realiza de acuerdo a un criterio sanitario y no a uno comercial.
La ley determina que solo se habilitarán nuevas farmacias cada 3 cuadras o cada 3 mil habitantes, como forma de distribuirlas en todo el territorio y garantizar el acceso de los bonaerenses al medicamento.
La justicia bonaerense le dio la razón a los farmacéuticos en todas las instancias y ahora la disputa se juega en el plano federal, con un recurso extraordinario que la Corte Suprema puede admitir o no.
Por eso el planteo de Farmacity es básicamente para obtener una autorización a violar la ley, lo que además sentaría una precedente que pondría en riesgo todo el andamiaje sanitario que hoy sostiene al sistema de dispensa de medicamentos en la provincia, si el resto de los farmacéuticos reclaman el mismo criterio.
Vale recordar también que hace apenas unos días, Quintana admitió que sigue siendo el dueño de la empresa, lo que representa un claro caso de colisión de intereses, porque el funcionario no escatima críticas contra los farmacéuticos bonaerenses en cada ámbito en el que le toca participar, dejando en claro que realiza un lobby permanente a favor de Farmacity.
Por otro lado, uno de los miembros de la Corte nacional que deberá decidir sobre el recurso extraordinario reservado por la compañía es Carlos Rosenkrantz, ex abogado de la compañía y responsable de haber reservado ese recurso ante al máximo tribunal cuando perdió todas las instancias en la justicia bonaerense.
