Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 20:30
Sociedad
(01/12/17 - Memoria Verdad y Justicia, por María Freier, Telam*)-.Hermana de Verónica, vista por última vez en la ESMA en 1978, la autora de este texto siguió de cerca el juicio, del que el miércoles se conoció la sentencia.
Una síntesis para comprender las complejidades del proceso y redimensionar el rol de los testigos. Estamos a horas de lo que será el veredicto del Juicio ESMA III. Un final muy esperado, que también despierta interrogantes a quienes de una u otra manera estamos vinculados con las 789 víctimas.
El proceso judicial requirió cinco años, lo que fue acrecentando la inquietud entre los diversos actores vinculados a la causa y fue objeto de observaciones, como las del abogado querellante Pablo Llonto, para quien “ESMA se inscribe dentro de lo que sucede en la actualidad con todos los juicios por crímenes de lesa humanidad y uno de sus problemas radica en la cantidad y tiempo de las audiencias donde el principal responsable es el Poder Judicial, también el Presidente de la Corte". Son ellos quienes deberían haber tomado la decisión de acelerarlas…”.
El objetivo central es demostrar que la ESMA funcionó como centro clandestino de tortura y exterminio y contextualizarlo dentro de lo que fue la política de Estado de la Dictadura, que institucionalizó el crimen en todas sus formas. También se añade un tema crucial: los llamados “vuelos de la muerte”, por la que están imputados cuatro pilotos y un mecánico naval.
Pero la historia de este juicio que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal y Federal Nº 5, integrado por Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo A. Bruglia, tiene antecedentes que vale la pena conocer para entender las complejidades por las que atravesó.
El primer Juicio ESMA previsto para diciembre 2007 no se realizó porque su único imputado, el prefecto Héctor Febres, fue encontrado envenenado con cianuro dentro de su celda el 10 de diciembre de ese año.
El segundo juicio finalizó el 26 de octubre de 2011 con la condena de 16 imputados, 12 de los cuales recibieron la pena de reclusión perpetua.
En el tercer juicio se unificaron diferentes tramos de la causa y se incluyó la investigación de los “vuelos de la muerte", en los cuales miles de detenidos-desaparecidos fueron dopados y arrojados con vida al mar o al Río de la Plata. Este aspecto reviste también trascendencia internacional, en particular por los casos de Dagmar Hagelin, la joven sueca baleada en la calle en 1977 y llevada a la ESMA, y las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. Y también por la imputación de Julio Poch, conocido por sus declaraciones durante una cena en Bali: “...pero estaban drogados” y “tendríamos que haberlos matado a todos”.
ESMA III se ubica entre los juicios más importantes de la historia judicial. Se investigaron 789 casos de víctimas con más de 800 declaraciones testimoniales. A comienzos de la causa había 68 imputados, de los cuales 17 ya tenían condena previa (ESMA II y Plan Sistemático de robo de bebés).
En la actualidad el número de imputados descendió a 54, debido al fallecimiento de Víctor Francisco Cardo, Enrique José de Saint Georges, Carlos Jaime Fraguio, Carlos Galián, Carlos Orlando Generoso, Eduardo Morris Girling, Jorge Raúl González, Oscar Rubén Lanzón, Roberto Pérez Froio, Raúl Enrique Scheller y Julio Antonio Torti. Además, Manuel Jacinto García Tallada, Pedro Antonio Santamaría y Antonio Vañek fueron apartados por razones de salud.
En las primeras audiencias se leyeron los casos de todas las víctimas, entre ellos los de niñas y niños que fueron secuestrados juntos a sus padres y madres o que nacieron en cautiverio. Tras lo cual, se enunciaron las acusaciones a los 68 imputados. Esta instancia que finalizó en la séptima audiencia presentó inconvenientes por planteos de las defensas, en particular la de Guillermo Fanego que solicitó la recusación del Tribunal "ante el temor de parcialidad que sienten sus asistidos", aunque no fue la única. Finalmente el 19 diciembre de 2012 el Tribunal rechazó los planteos.
Del total de los imputados, aproximadamente la mitad amplió sus declaraciones, en las que no sólo obstaculizaron las preguntas y negaron su participación, sino que intentaron criminalizar a las víctimas. Ellos son: Jorge Eduardo Acosta, Rodolfo Luis Agusti Scacchi, Juan Ernesto Alemann, Juan Arturo Alomar, Paulino Oscar Altamira, Mario Daniel Arru, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Azic, Daniel Humberto Baucero, Julio César Binotti, Carlos Octavio Capdevila, Ricardo Miguel Cavallo, Rodolfo Oscar Cionchi, Miguel Enrique Clements, Daniel Cuomo, Alejandro Domingo D'Agostino, Juan de Dios Daer, Hugo Enrique Damario, Carlos Eduardo Daviou, Francisco Armando Di Paola, Jorge Manuel Díaz Smith, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Rubén Oscar Franco, Miguel Ángel García Velasco, Pablo Eduardo García Belasco, Alberto Eduardo González, Orlando González, Ricardo Jorge Lynch Jones, Jorge Luis Magnacco, Roque Ángel Martello, Rogelio Jorge Martínez Pizarro, Luis Ambrosio Navarro, Víctor Roberto Olivera, Rubern Ricardo Ormello, Edgardo Aroldo Otero, Mario Pablo Palet, Guillermo Horacio Pazos, Antonio Rosario Pereyra, Antonio Pernías, Claudio Orlando Pittana, Julio Alberto Poch, Héctor Francisco Polchi, Jorge Carlos Rádice, Francisco Lucio Rioja, Miguel Ángel Alberto Rodríguez, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar Savio, Hugo Héctor Siffredi, Emir Sisul Hess, Carlos Guillermo Suárez Mason, Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa, Eugenio Bautista Vilardo y Ernesto Frimón Weber.
En febrero de 2013, cuando el juez Bruglia le solicitó a Alfredo Astiz que de sus datos personales, este respondió: "Soy el Capitán de Fragata de la Armada Argentina, Alfredo Astiz. No voy a responder ninguna otra pregunta". Bruglia le explicó que obligatoriamente debía responder. "Eso es problema de ustedes", contestó, a lo que el juez respondió: "Nuestro y suyo".
Finalmente, Astiz dedicó el documento que leyó a "los suboficiales privados ilegalmente de su libertad, en particular a los muertos en cautiverio. Son las víctimas más injustas de este proceso".
En marzo del 2013 comenzó la etapa testimonial, que duró cerca de dos años. Familiares, amigos, compañeros y sobrevivientes relataron experiencias devastadoras. Cada uno de los testimonios conllevó un grado particular de singularidad; no obstante el conjunto construye un relato teñido por el dolor y la ausencia. Niños nacidos en cautiverio que tardíamente recuperaron su identidad; ex detenidas que dieron cuenta de haber sido víctimas de abuso sexual; madres, hermanos e hijos reclamando que se rompa el pacto de silencio.
Hablar y testimoniar es un hecho también reparador. Los desaparecidos son nombrados, son sujetos presentes, lo que representa una verdadera victoria de ellos sobre sus asesinos.
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A principios del mes de julio de 2015 el Ministerio Público Fiscal abrió la etapa de alegatos. En la primera parte detalló el esquema represivo implementado entre los años 1976 y 1983, incluyendo el repaso de la documentación utilizada como prueba y destacando el valor de los testimonios de las víctimas-testigo. Además, resaltó el rol de cada uno de los imputados y sus responsabilidades criminales.
En la segunda parte, se hizo referencia a cada una de las 789 víctimas, que fueron agrupadas por cadenas de “caídas”. Más de 100 horas le llevó a los fiscales la descripción del plan represivo.
El tema de mayor contundencia fue la acreditación y el análisis de pruebas referidas a los “vuelos de la muerte”. “La desaparición de personas mediante aeronaves navales garantizó la impunidad de los hechos…fue el método por excelencia de exterminio utilizado por el grupo de tareas …
La modalidad de los ‘traslados’: eran colectivos en su mayoría, tenían una frecuencia semanal, los secuestrados eran puestos en fila, se les inyectaba pentotal, se les creaba a los secuestrados falsas expectativas sobre traslados a granjas en el sur, se escuchaban camiones y helicópteros que facilitaban el traslado hacia las aeronaves, se escuchaba música estridente esos días, los miembros del grupo del tareas utilizaron eufemismos como: ‘se van para arriba’, ‘comida de peces’ o ‘monjas voladoras’”.
En la última parte, el MPF, además de solicitar que las imágenes y pruebas del tramo III se declaren de interés histórico y patrimonial, pidieron reclusión perpetua para 52 imputados, entre otras penas.
En febrero del 2016 se produjeron los alegatos de las querellas: la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; el grupo Kaos; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el Dr. Luis Zamora y Justicia Ya; mientras que en mayo llegó el turno de la defensa de los imputados, que continuó a principio de este año, con los abogados particulares.
Entre ellos, Guillermo Fanego fue el defensor privado que más llamó la atención en el juicio ESMA III. “Su entusiasmo parece contagiar a los defensores que se sientan cerca de él e irritar, en igual medida, a los querellantes, a los fiscales y, alguna vez, a los jueces”, señalaron en "Los Abogados del Diablo" Félix Bruzzone y Mónica Zwaig.
Defensor de seis ex marinos, su discurso "tuvo un claro tinte político al obstinarse en hablar de ‘guerra revolucionaria”, comentó Federico Gaitán Harabedian, abogado del CELS.
A fines de septiembre, estaba previsto comenzar con las etapa de “réplica” por parte del Ministerio Público Fiscal y de las querellas y de “dúplica”, de las defensas, pero estas instancias fueron suspendidas, justificadas por la prolongación excesiva de este debate.
Solamente se dio lugar a las palabras del fiscal general Abel Córdoba, quien hizo un “desagravio público por las víctimas de estos crímenes, cuya integridad y dimensión ética destacamos, rescatamos y tenemos como ejemplo".
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La última etapa es la que permite a los acusados expresar sus últimas palabras, antes del fallo. Todos insistieron en negar las acusaciones y su participación en los hechos. Mantuvieron una posición homogénea, al arremeter contra los fiscales, sobrevivientes y familiares. Y el pacto de silencio.
Fue Alfredo Astiz -ya condenado en el Juicio ESMA II a la pena de prisión perpetua por lo que cumple su arresto en el Penal de Marcos Paz y, también y con la misma pena, por la Corte de Apelaciones en lo Penal de Roma- el que tuvo una de las actitudes más beligerantes: se tomó casi una hora y media para leer su escrito, lo que no respetó los 40 minutos dispuestos por el Tribunal, que tampoco le ordenó cortar con la lectura, ni cuestionó su lenguaje, que puede verse como una “apología del crimen”.
Astiz manifestó su absoluto desconocimiento a los tribunales que lo juzgan y de no necesitar defensa. “… estábamos en una guerra, por lo que deberíamos ser juzgados por el código de justicia militar por los supuestos hechos”. Se victimizó como un perseguido por el “terrorismo judicial”. Como los otros acusados, despreció a los testigos, afirmando que habían sido “capacitados” por la fiscalía. Se refirió a los procesos judiciales de lesa humanidad como “juicios de venganza” y que la verdadera razón fue siempre “destruir y quitar poder a las Fuerzas Armadas por la derrota sufrida durante los 70”. Tampoco escatimó injurias contra los organismos de derechos humanos como “pequeños y molestos grupos residuales” y le restó toda culpa a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, durante un discurso provocador, carente de sustento y de una pobreza intelectual significativa.
Podríamos ubicar estas declaraciones en lo que Hannah Arendt resalta en su libro Un estudio sobre la banalidad del mal, publicado en 1963 con motivo del juicio a Eichmann, en Jerusalén. La pensadora alemana afirma que aparte de un deseo de mejorar su carrera, Eichmann no mostró ningún rastro de daño psicológico. El concepto banalidad del mal indica que el comportamiento de Eichmann en el juicio no mostró ni culpa, ni odio. Sostenía no tener responsabilidad alguna, porque estaba simplemente "haciendo su trabajo, cumpliendo con su deber".
Astiz se ubica en un lugar similar cuando se refiere “a cumplir dentro de la guerra a la subversión”, pero difiere de Eichmann. No sólo destila odio y rencor en sus dichos, sino que se exhibe como un héroe de la nación por haber tratado de salvar a su Patria. Lógicamente al desconocer al Tribunal, mantiene silencio acerca de su responsabilidad sobre las víctimas de ESMA.
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Después de estos cinco largos años y a pocos días de la esperada sentencia son muchas las expectativas y dudas sobre el fallo del tribunal. Lo central de esta causa es demostrar efectivamente que la ESMA funcionó como centro clandestino de tortura y exterminio y es fundamental que se ponga en evidencia tanto lo sucedido allí como contextualizarlo dentro del marco de una política de Estado que institucionalizó el crimen en todas sus formas.
ESMA III anexa un tema crucial: los llamados “vuelos de la muerte”. La cuestión radica en demostrar que esos vuelos fueron parte de un plan sistemático de exterminio. La frase “caían como hormigas”, que se le atribuye al imputado Emir Sisul Hess, cabe como un simbolismo especial: confirma qué significaban las víctimas para los responsables de ese centro clandestino. Y esto no es una cuestión menor para analizar el próximo fallo.
La instancia testimonial llevó cerca de dos años con más de 800 exposiciones. “Quien vino, declaró, también supuso que a los pocos meses llegaría la respuesta judicial a su planteo. Presentarse y venir a declarar en la audiencia genera situaciones muy especiales porque han sobrevivido o vivido una experiencia altamente dolorosa”, reflexionó Córdoba.
En un plano más personal, como testimoniante del juicio, todo lo vertido compuso un caleidoscopio que entrecruzó experiencias devastadoras con secuelas gravísimas. Un relato altamente emocional y de gran esfuerzo energético por librar a las víctimas del silencio y del olvido.
Hay mucho más para decir sobre la importancia de hablar en una audiencia: se ponen en juego también muchos matices. Se toma la palabra por todos aquellos que no pudieron tener la oportunidad de hacerlo. “El derecho y el deber de contar lo que sucedió, nos convierte en cronistas de un tiempo excepcional. Callar y silenciar la barbarie sería otorgar la victoria a los perpetradores de esa misma barbarie, los señores de la muerte”, escribe el italiano Giorgo Agamben.
La palabra alivia y repara, pero también otorga un lugar: las víctimas son nombradas. Son personas que ‘aparecen´ asumiendo la historia y enfrentando lo trágico de su propia experiencia. “Historias escritas con nudillos ensangrentados que obligan a contar otras tantas que están ocultas”, escribe John Berger.
Todo el proceso de ESMA III ha dejado al descubierto el grado de sadismo, impunidad y perversión de todas las fuerzas que operaron en conjunto dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Juicios como este operan como un faro que ilumina los hechos históricos sobre los cuales se ha fundado nuestra Nación. Sellan a las cúpulas de las Fuerzas Armadas en su rol histórico de custodios de un modelo económico-político-social diseñado para beneficio de los sectores más ricos y poderosos y que se remonta hasta épocas de las matanzas a nuestros pueblos originarios, “los primeros desaparecidos”, y que frente a los recientes hechos de represión actualiza lo más horroroso del accionar estatal.
Lamentablemente no todo el conjunto social ha comprendido por qué pasó lo que pasó en nuestro país. Por eso los juicios importan, hacen visible ese daño y, de algún modo, concentran la vida de todos nosotros desde hace más de 40 años.
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Soy parte de esta causa. Querello en la misma por la desaparición de mi hermana Verónica, que fue vista en la ESMA en 1978. Espero con ansiedad esta sentencia por ella y por todas las víctimas. Una sentencia que va más allá del tipo de condena que se imponga; pero que esperamos resignifique la dignidad de las personas que han pasado por esas situaciones y que el que cometió esos actos extremos sea castigado.
Retomando las palabras de los fiscales, espero que a partir de este dictamen se quiebre de una vez y para siempre la impunidad, en los términos de la reubicación de la dignidad moral de quienes pasaron por la ESMA, de todos los que sufrieron por ellos y de la sociedad en su conjunto.
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*Antropóloga, querellante en la Causa Unificada ESMA III. Esta nota apareció en la revista Haroldo, del Centro Cultural Haroldo Conti, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. María Freier es periodista de la agencia Télam
**Las citas corresponden a anotaciones de la autora de este texto realizadas durante las diferentes audiencias de este juicio, bibliografía especializada, entrevistas, conversaciones con sobrevivientes e integrantes de organismos de derechos humanos y debates con amigos y compañeros.
