Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 15:49
Argentina
(14/12/15 - Poder Judicial)-."Los trabajadores y las trabajadores no estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos adquiridos y nos solidarizamos en la defensa irrestricta de aquellas políticas públicas e instituciones que nos defienden".
¿ Cómo no vamos a defender a quienes defienden a los trabajadores y sus hijos en su tarea cotidiana como operadores de la justicia? ¿ Cómo no vamos a comprometernos con quiénes se comprometen con los que más los necesitan?
Como lo venimos haciendo en los últimos años junto a la Procuradora Alejandra Gils Carbó y los trabajadores del Ministerio Público Fiscal, a partir de la reforma profunda y sin precedentes que se encaró desde que asumió su gestión en el año 2012.
Para comprender la trascendencia de un Ministerio Público Fiscal comprometido con el conjunto de los trabajadores que vivimos en la Argentina y el por qué de nuestro compromiso con el nuevo MPF y la Procuración General de la Nación , es imprescindible saber de dónde veníamos y el desapego que parecía irreversible, de los trabajadores y la educación pública con este tipo de instituciones judiciales, y reconocer todas las dificultades que implica la titánica tarea de transformar una cultura y una estructura judicial centenaria que si a algo le ha esquivado es a mezclarse con los problemas de los trabajadores y el pueblo. El primer desapego era el de la institución respecto de la comunidad: organizaciones sociales, escuelas, sindicatos parecían invisibles a los ojos vendados de determinadas agencias judiciales. Y esto lo sabemos por experiencias concretas del pasado y del presente. Conocemos los cambios positivos y los desafíos. Sentimos la diferencia entre lo que era un Ministerio Publico Fiscal ausente y enemistado con los intereses de los trabajadores y un Ministerio Público Fiscal presente y solidario con quienes requieren su asistencia y compromiso.
Porque fue el Ministerio Público Fiscal quién se dio la tarea de reencontrarse con los trabajadores, y la comunidad de los barrios populares para empezar a revertir en tan sólo poco más de tres años esta historia de desencuentros. Fueron pequeños pasos de una tarea gigante de largo aliento en el tiempo, aquella de vincular la labor del Ministerio Público Fiscal que es la de la defensa de los intereses generales de la sociedad y la asistencia a toda la comunidad en la defensa de sus derechos con el mundo de la clase trabajadora, sus organizaciones, sus agendas reivindicativas y expectativas de un futuro mejor.
La posibilidad de que las Nuevas Unidades Especializadas de la Procuración General de la Nación como la PROCUVIN( Violencia Institucional), la DOVIC( Orientación a la Víctima), ATAJO, PROTEX, (Trata y Explotación), UFEM( Femicidios) entre otras, a cargo de Fiscales, especialistas y trabajadores comprometidos con la política de estado de ampliación de derechos y acceso a la justicia se acerquen a las Escuela Pública para diseñar y ejecutar conjuntamente con la comunidad educativa la promoción, difusión, y formación de derechos y garantías es fundamental en el fortalecimiento de ambas instituciones básicas y estratégicas de la democracia: la escuela y la procuración, la educación y la justicia
Estamos convencidos que así como la escuela pública, las fiscalías deben ser herramientas al servicio del pueblo, de pedagogía en derechos apropiables por la comunidad y de la búsqueda de justicia frente a actos ilegítimos e ilegales tanto estatales como sociales. Tener al alcance esos dispositivos creados recientemente es de vital importancia para un conjunto de hechos cotidianos que suceden en la Escuela Pública y sobre los que la Escuela sostiene un compromiso y una intervención permanente de cara a la sociedad: casos de violencia institucional, de explotación laboral, explotación sexual, violencia de género y asistencia en general a víctimas de delitos y personas vulneradas en sus derechos que se acercan a la Escuela Pública como punto de referencia primario.
Los trabajadores y las trabajadores no estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos adquiridos y nos solidarizamos en la defensa irrestricta de aquellas políticas públicas e instituciones que nos defienden. Una escuela pública que forme ciudadanos emancipados necesita un sistema judicial y un Ministerio Publico Fiscal que además de contribuir en esa gesta irrenunciable de todos los órganos estatales sea independiente del poder político pero jamás neutral en la defensa de los intereses del pueblo.
*Por Eduardo López, Secretario General UTE-CTERA y Gabriela Carpineti, Abogada y Docente de Formación E. y Ciudadana-CTA
