Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 18:30
Latinoamerica
(19/07/18 - Brasil)-.Jueces que ordenan desobedecer órdenes judiciales. Tortura psicológica. Una jueza que lo declara proscripto siendo competencia del Tribunal Electoral. Entrevista a la abogada de Lula.
La negación de libertad a Luiz Inácio Lula da Silva por un juez de primera instancia y sin competencia, que fue ordenada por un camarista, dejó en evidencia la imparcialidad con la cual el expresidente fue juzgado y las violaciones a sus derechos que son cometidos por los jueces de Curitiba. A Lula no le respetan el derecho de compartir la visita de una hora con dos amigos a la vez, lo dejan incomunicado de viernes a lunes, negándole también la posibilidad de recibir a sus abogados. APU entrevistó a Valeska Teixeira Martins, una de sus abogadas y una de las responsables por la identificación del Lawfare contra los presidentes de la región.
Desde el comienzo del proceso judicial, la defensa de Lula señaló la falta de competencia del juez Sérgio Moro para juzgar al expresidente, ya que conforme al derecho, la competencia de un juez está determinada por dónde sucedió el delito o el domicilio del acusado. La excusa para involucrar a Lula dentro del proceso Lava Jato fue acusarlo de haber recibido un departamento tríplex en el litoral paulistano, como consecuencia de contratos entre Petrobras y la constructura OAS, siendo que el propio juez reconoció que el tribunal jamás afirmó que Lula hubiese recibido un departamento como consecuencia de contratos entre las dos empresas. Se lo condenó por “hechos indeterminados”.
La segunda incompetencia que cometió Moro fue ordenar a la Policía Federal de Paraná, provincia de la cual Curitiba es capital, a no cumplir la orden de liberar a Lula, siendo no sólo que estaba de vacaciones, cuanto que conforme la legislación local un juez trata del proceso penal y otro de la ejecución de la pena. La jueza responsable por la ejecución de la pena contra Lula es Ana Carolina Lemos, del Tribunal Nº12 de Curitiba. Sobre el histórico domingo brasilero, en el que desde un juez de primera instancia hasta dos camaristas respondieron un domingo para evitar que liberaran a Lula, conversamos con su abogada.
Desde que involucraron a Lula en la Operación Lava Jato la defensa indicó que el juez Sérgio Moro no tenía competencia para juzgarlo.
Moro no tiene competencia porque la Operación Lava Jato se restringe a la corrupción en el ámbito de Petrobras. En el mismo momento en que él confesó que el Tribunal jamás afirmó que Lula hubiese recibido beneficios indebidos de contratos de la Petrobras, en aquel momento, él anuló el proceso entero, porque fue conducido por un juez flagrantemente incompetente. Lo que nosotros sustentamos es que se trata de la primera dimensión del Lawfare, que es la elección de la jurisdicción. Los fiscales eligieron cuidadosamente la jurisdicción de la Lava Jato de Curitiba para juzgar a Lula por las características de aquel juez que ostentaba una animosidad política con relación al acusado, nuestro cliente, el ex presidente Lula.
La decisión de Moro del domingo, de vacaciones, ordenando que no lo liberen, siendo que la competencia sobre la ejecución de la pena está en manos de la jueza Ana Carolina Lemos, acabó probando que sin competencia igual interviene.
Más allá de que se trata de un juez jerárquicamente inferior, un juez de primera instancia, desobedeciendo la orden de un camarista, tenemos el hecho de que él no es más el juez que conduce el proceso del tríplex, porque su competencia acabó cuando dictaminó la sentencia. No solo estaba de vacaciones, cuanto sin competencia. No sólo emitió una decisión, cuanto actuó activamente para que no se cumpliera la orden judicial, lo que representa un hecho sobre el cual la sociedad brasilera merece una respuesta, porque no podemos permitir que ningún miembro del poder judicial no cumpla la ley.
Cuando ustedes presentaron el relatorio ante las Naciones Unidas uno de los aspectos que señalaron era que se le estaba violando a Lula el derecho de cualquier preso de recibir visitas, establecer contactos con el exterior, de socializarse aún ahí dentro. Ese fue un aspecto que también reconoció el camarista Rogelio Fraveto en la sentencia que ordenó su liberación. El miércoles la jueza Lemos negó el derecho de Lula de ser entrevistado por los medios, siendo que la televisión y los diarios entran a las cárceles para entrevistar líderes de organizaciones de narcotráfico, argumentando que Lula está proscripto de las próximas elecciones.
Es una decisión flagrantemente arbitraria y viola la decisión de las Naciones Unidas de mayo de 2018, donde alertaron al Estado brasilero de tomar cualquier medida que venga a causar un daño irreparable al ex presidente y venga a frustrar la decisión del comité sobre las violaciones ahí comunicadas. Recordemos que en esa decisión admitieron violaciones al artículo 25, que son las violaciones a los derechos políticos de Lula, que es el derecho que cualquier ciudadano tiene de votar y ser votado en sufragio universal, periódico. Cualquier tipo de casación de esos derechos políticos sólo puede realizarse si es precedida de un juzgamiento justo, independiente e imparcial.
Los hechos que sucedieron el domingo dejaron de manera clara la falta de imparcialidad con la que el juez Moro actúa en cualquier proceso relativo a Lula, algo que denunciamos en el 2016 al Comité de Derechos Humanos de la ONU, anunciando que el juez era flagrantemente imparcial, enemigo, un juez que va a condenar independientemente de las pruebas, advertimos que Lula no tendría un juicio justo y por lo tanto debía recusarse, ser removido, salir del proceso para que pudiera tener justicia.
Entonces percibimos que en el momento en que la jueza Lemos prohíbe que el ejerza sus derechos políticos de forma amplia, aún desde la prisión, ella está violando, confrontando, una decisión expresa del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Además de los derechos políticos, Fraveto también señaló que fue violado el derecho de Lula de recibir atendimiento de su médico personal, siendo que tuvo un tratamiento por cáncer.
El aislamiento en que se encuentra es una violación a sus derechos. Él tiene permitido una hora por semana de contacto con un líder religioso, visita de abogados, la visita una vez por semana de la familia y la visita de dos amigos. La jueza entiende que no puede haber reunión política por lo que esos amigos no pueden estar juntos, tiene que estar media hora con uno y después con el otro.
¿En eso están estableciendo diferencias con los otros presos, los otros pueden recibir más de una persona en el horario de visita?
Claro. El hecho es que de viernes a lunes Lula queda en completo aislamiento, ni los abogados pueden entrar.
¿Eso es legal?
No. Ni a los abogados dejan entrar. Para una persona como Lula eso es una tortura psicológica, creo que hay una cuota de crueldad en todas esas decisiones, que además de arbitrarias violan toda garantía individual que cualquier ser humano tiene y más para una persona como Lula en un período preelectoral, donde lidera todas las encuestas. Todas esas decisiones van dejando mucho más clara la persecución política que nosotros siempre relatamos, que la caracterizamos técnicamente como persecución política porque las pruebas, los documentos, todo es tan frívolo, sin materialidad, que la conducción de ese proceso sólo puede tener fines políticos, y ahora quedó mucho más claro.
Pero esto coloca en jaque también a la propia democracia brasilera, tanto en el ámbito local como internacional, porque la legitimidad del proceso es cuestionada por todo el mundo, la legitimidad de las elecciones queda cuestionada, la legitimidad de un próximo presidente queda cuestionada, y eso es muy dañino y perjudicial para cualquier Estado democrático de derecho.
¿La jueza Lemos también no se está metiendo en una competencia que le corresponde al Tribunal Superior Electoral, que es quien decide quién puede o no participar de una elección?
Sí, la decisión del miércoles es arbitraria, ilegal, ella usurpa competencia, dice que él es inelegible, cuando no es un hecho, en realidad hay varias violaciones: de competencia, de derechos humanos, de la propia ejecución, es una serie de ilegalidades que nosotros iremos a recusar en los plazos establecidos por la ley, pero te adelanto que esto significa otra afronta a la dignidad humana y a la determinación del Comité de DDHH de la ONU.
¿Qué lectura hacen de la rápida respuesta del Relator de la causa y del presidente del Tribunal Federal Regional Nº4?
¿Cuál es la definición de imparcialidad? Tenés un juicio justo cuando el ciudadano medio, es lo que establece las Naciones Unidas, tiene la percepción de que el juez es imparcial. Entonces, lo que se puede observar en las últimas encuestas es que es perjudicial para los jueces, camaristas, ministros del supremo, que haya personas que actúen de esa manera, con tanto activismo y pasan la percepción a la población de que se trata de una persecución, de que Lula es tratado de forma diferente. Lo que significa que Lula no está por encima de la ley, sino que está por debajo de la ley, él no tiene derechos, sus derechos no son respetados. Eso es muy nocivo para Lula como para la Operación Lava Jato y el poder judicial como un todo. Hoy las personas se preguntan si Lula tuvo un juicio justo, imparcial, tras las actitudes precipitadas del domingo.
Si a uno no le gusta una decisión, si altera tu lógica o no, si te parece tautológica, no importa, tenés que obedecerla y recurrirla, sólo conseguís la legalidad recurriéndola dentro de la jerarquía judicial, con los recursos que nuestra legislación establece y no desobedeciendo. Principalmente si la desobediencia viene de parte de jueces y camaristas.
A lo que Lula no va a renunciar es a su dignidad y a probar su inocencia, porque es un hombre inocente. Él tiene como misión de vida probar su inocencia nacional e internacionalmente, limpiar su nombre, su biografía y probar en cualquier tribunal imparcial que es un hombre inocente.
Por Santiago Gómez, APU, Desde San Pablo
