En el homicidio de Fortuny, militante del espacio peronista que lideraba Ragone, se vislumbra "una plataforma fáctica considerablemente más amplia que lo sucedido entre el tirador y la víctima y la definición de la sentencia del tribunal de juicio provincial", señaló Villaba.
Emilio Pavicevich, autor material del asesinato cometido en un bar céntrico de Salta el 27 de noviembre de 1973, fue condenado en 1978 por la justicia provincial a tres años de prisión por homicidio en estado de emoción violenta. Pero, como señaló el juez Medina, la fiscalía sotiene que "hubo un plan ilegal" y que "en la planificación y ejecución de ese plan hubo intervención de funcionarios" estatales "relacionados con el imputado, que permitieron que el tirador se fuera del lugar del hecho y luego abandonara el país sin dificultad alguna”.
El magistrado citó además lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Arancibia Clavel, Enrique”, donde afirmó que “cualquier tipo de actos dirigidos a perseguir y exterminar opositores políticos pueden ser considerados crímenes contra la humanidad".
En coincidencia con el fiscal, señaló que "la acción penal respecto de la nueva plataforma fáctica propuesta como orientativa de una nueva investigación se encuentre vigente".
"Respecto de los nuevos hechos relatados por la fiscalía, existe el deber de investigarlos que recae en los órganos federales competentes para investigarlos, para buscar la verdad y así poder dar una respuesta adecuada, en plazo razonable, a los interesados”, concluyó el juez y precisó que la acción penal en este caso será ejercida de acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), que se encuentra vigente.
El fiscal Villalba recordó que en la época sectores de derecha con los que se alineaba Pavicevich, junto a miembros de las fuerzas de seguridad, protagonizaron frustrados intentos de derrocamiento a Ragone, sucedidos por el accionar de grupos terroristas parapoliciales. En este marco, destacó que el nombramiento como jefe policial de un civil, sumado a los cambios que Fortuny implementó durante su gestión, generaron rechazo inmediato de integrantes de la plana mayor policial.
Esto se agravó cuando se les impuso la obligación de cumplir con las directivas de quién ordenó no reprimir la protesta social, fueron clausurados calabozos que había en la Central de Policía y logró detener y procesar a miembros de la fuerza imputados por torturas y otros delitos.
En cuanto a estos últimos hechos, oficiales superiores de la Policía de Salta comandados por el comisario Joaquín Guil (por otra parfte, condenado en varios juicios de lesa humanidad en Salta) habían perpetrado apremios ilegales e incumplido deberes de funcionarios públicos en perjuicio de ciudadanos, en un hecho de octubre de 1972 conocido como el fallido intento de toma de la finca Ampascachi.
Considerando estas y otras circunstancias, el fiscal pidió investigar "los pormenores que rodearon al hecho criminal" para "verificar y confirmar" que el asesinato de Fortuny "no fue un hecho delictivo aislado, sino que se presenta como una grave violación a los derechos humanos".
Ragone gobernó Salta entre el 25 de mayo de 1973 y el 23 de noviembre de 1974, cuando la entonces presidenta María Estela Martínez dispuso la intervención de la provincia.
Segun lo estableció la justicia federal, Miguel Ragone fue secuestrado y asesinado el 11 de marzo de 1976 cuando se dirigía a la clínica San Bernardo en Salta, en la que había vuelto a trabajar como médico. Los secuestradores intentaron no dejar testigos del hecho, por lo que balearon a Margarita de Leal, una transeúnte que sobrevivió y luego fue testigo, y a Santiago Arredes, un vecino que murió en el hecho.
