“La lucha contra el narcotráfico la sostenemos con plata boliviana, no dependemos de la Unión Europea para luchar contra el narcotráfico. Antes dependíamos de Estados Unidos, Bolivia recibía cerca de 100 millones de dólares, hemos apartado esa ayuda”, dijo hoy el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, al canal ATB.
García Linera reaccionó así tras las observaciones planteadas por la Unión Europa (UE) sobre la decisión boliviana de subir el límite legal de los cultivos de hojas de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas.
La UE expresó su preocupación por la normativa y consideró que su ayuda a Bolivia debe ser “reenfocada”, lo que, según las autoridades de La Paz, implicaría que el apoyo europeo se dirija solo a la represión al narcotráfico dejando de lado otras áreas de desarrollo.
Las plantaciones de coca en Bolivia tienen un mercado legal sobre todo en el consumo por medio del masticado de la hoja o “acullicu”, los usos culturales y algunos proyectos industriales menores, pero una parte importante sirve de materia prima para el narcotráfico.
García Linera enfatizó que ante el mundo Bolivia tiene “autoridad moral” porque produce menos coca que Perú y Colombia y no está “mendigando dinero para la lucha contra el narcotráfico”.
“En Colombia cultivan 90.000 hectáreas, reciben un Premio Nobel y Estados Unidos les da 300 millones de dólares de lucha contra el narcotráfico”, cuestionó el vicepresidente, tras hacer notar que en esa nación las hojas de coca no tienen consumo tradicional.
De esa forma, García Linera aludió al hecho de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibió el Premio Nobel de la Paz 2016.
Además, subrayó que Estados Unidos no da cooperación económica para esa área y la UE da una “pequeña ayuda” a Bolivia.
Concluyó que Bolivia hace su aporte para combatir las drogas, pero Estados Unidos y Europa deben esforzarse para terminar con la demanda de cocaína que genera el narcotráfico.
El Gobierno boliviano asegura que se necesitan 18.000 hectáreas para cubrir la costumbre de la masticación de la coca o “acullicu” y que el resto de las plantaciones puede ser exportado, aunque Naciones Unidas mantiene vetada la comercialización de la planta.
Internamente, la polémica por la nueva ley de la coca también crece porque la oposición considera que más cocales en Bolivia solo pueden significar un beneficio para el narcotráfico.
Los opositores criticaron al ministro de Gobierno, Carlos Romero, por haber señalado el lunes en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, en Viena, que “siete de cada 10 personas en Bolivia consumen hoja de coca, sea de manera cotidiana o de manera convencional”.
Al contrario, un estudio financiado por la UE y presentado por el mismo ministro Romero en 2013 estableció que tres de cada diez bolivianos le dan un uso tradicional y habitual lícito al arbusto.
Según ese mismo estudio, los usos legales de coca en Bolivia demandan que se cultive solo 14.705 hectáreas.
El senador opositor Oscar Ortiz opinó que las autoridades comenzaron a “inventar estas historias que nadie conoce” para justificar la legalización de los cultivos de hoja de coca en el Chapare, donde están las bases cocaleras del presidente Evo Morales.
Un comunicado del Ministerio de Gobierno señala que la cifra citada por Romero se refiere a que siete de cada diez personas consumen mates o infusiones con hojas de coca, que se usa para el mal de altitud, y añade que solo tres de cada diez mastican la hoja.
Bolivia es el tercer productor mundial de hoja de coca y de cocaína, después de Colombia y Perú.
