Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 8:00
Latinoamerica
(28/01/19 - Chile)-.La política que se han dado los sucesivos gobiernos derechistas de Chile desde que comenzó la aún inconclusa transición democrática en el país trasandino hacia los pueblos originarios puede catalogarse de racista y discriminatoria, si no de criminal.
El 24 de enero, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol dio lectura a la sentencia en contra del sargento segundo de Carabineros, Christian Rivera Silva, quien fue condenado por el delito de lesiones graves, debido a que protagonizó el brutal ataque que recibió Brandon Hernandez Huentecol en la comuna de Collipulli, en diciembre de 2016.
El uniformado recibió una pena de tres años de presidio, pero con el beneficio de la libertad vigilada intensiva.
El sargento segundo Christian Rivera Silva recibió una pena de tres años de presidio más 541 días, por los delitos de lesiones graves y vejación injusta, pero recibió el beneficio de la libertad vigilada intensiva.
La terna de jueces –Germán Varas Cicarelli (presidente), Wilfred Ziehlmann Zamorano y Francisco Boero Villagrán (redactor)– condenó además al policía a 541 días de reclusión, más la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo que dure la condena, como autor del delito consumado de vejación injusta del joven mapuche.
Brandon tenía 17 años al momento de recibir un disparo que lo dejó con 180 perdigones en su cuerpo. Había acudido en auxilio de su hermano menor, quien había sido reducido por Carabineros, mientras se realizaba la detención de un grupo de personas que se trasladaba en una camioneta. Con estos antecedentes, la familia del adolescente solicitaba una condena por homicidio frustrado, figura desechada por el tribunal e incluso por el Ministerio Público, que lo formalizó por cuasidelito de lesiones graves gravísimas y apremios ilegítimos.
“Lamentablemente, nos convencimos de que en Chile no existe justicia. Presentamos muchas pruebas contundentes, concretas, reconstitución de escena, testigos, informes médicos, peritaje balístico… no sirvió de nada”, señala Ada Huentecol, madre de Brandon, en conversación con POLITIKA.
“Siempre dijimos que fue un homicidio frustrado”
Según la reconstrucción de los hechos expuesta en el fallo, Brandon enfrentó a Rivera, “empujándolo, forcejando con él, por lo que fue reducido por este, quien lo botó al suelo y puso un pie sobre su espalda, luego retiró el pie de la espalda permaneciendo en el lugar junto a la víctima, para luego manipular la correa transportadora de la escopeta fiscal que portaba cargada con cartuchos de munición de plomo, preparada para disparar y sin estar asegurada, disparando hacia la zona de la pelvis, cadera derecha [del menor], quien permanecía acostado en el suelo boca abajo, provocándole una lesión que tardó en sanar entre doscientos a doscientos cuarenta días, cuya calificación jurídica es de lesión grave”.
Sin embargo, la interpretación de la familia difiere de la resolución de los jueces y de las consideraciones del Ministerio Público. Al respecto, Ada Huentecol comenta que “Fiscalía siempre dijo que había sido un accidente, que Rivera nunca tuvo intención de matar a mi hijo. Nosotros como querellantes, siempre dijimos que fue un homicidio frustrado, en donde este carabinero había sido entrenado para usar ese armamento, la escopeta tenía cinco procedimientos antes de apretar el gatillo y él tenía todo preparado”.
De hecho, el tribunal constató los conocimientos que Rivera Silva tenía sobre el uso de armamento, cuestión que plasmó en el fallo: “El acusado es una persona que tiene preparación para el uso de armas, y de ello no resulta excusable que hubiera manipulado su arma de servicio cargada y sin seguro al lado de la víctima”.
Ada Huentecol recuerda que su hijo relató que Rivera “le puso el peso de la espalda, lo amenazó desde el primer momento que le iba a disparar, porque mi hijo dice que escuchaba cuando él le decía ‘tírense al suelo, sino les disparo, porque ando con balines de goma’. Le puso el pie sobre la espalda y en ese momento le disparó. Brandon sintió cuando (Rivera) jaló el gatillo. No fue un accidente, sino que él sabía el daño que iba a provocar”.
Recurso de nulidad
La sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol fue recibida con “rabia” por la madre del joven mapuche, quien además la considera una “burla”. Por lo mismo, anuncia que apelarán a la resolución judicial, mediante un recurso de nulidad que busca iniciar un nuevo juicio, pero con otros magistrados.
“No voy a dejar de luchar por mi hijo, de hacer justicia. Esperemos que otros jueces puedan actuar correctamente. Tenemos 10 días para anular este juicio y hacer otro, que se haría en marzo o abril, pero con jueces distintos”, avisa Ada Huentecol.
Respecto de los reparos sobre la actuación de los magistrados, la madre de Brandon centra sus críticas en “un juez que estuvo enjuiciando a la machi Francisca Linconao, a los Tralcal. Él mismo participó en el juicio. Entonces, creemos que también ha sido parte de un sistema racista y clasista”.
Huentecol se refiere al juez Germán Varas Cicarelli, quien integró la terna que condenó a José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel y José Peralino por el caso Luchsinger-Mackay. Pese a que la machi Francisca Linconao fue absuelta en ese proceso, Varas tuvo un voto disidente y consideró que la autoridad ancestral mapuche debía ser condenada igualmente.
Secuelas
Luego de sufrir el ataque a manos del sargento Rivera, Brandon estuvo 45 días hospitalizado. Desde diciembre del año 2016 a la fecha ha debido enfrentar 17 operaciones. “Brandon quedó cojito, porque el disparo le molió la pelvis y para unir el hueso de la pelvis, le colocaron una placa de titanio.
El año pasado, en febrero, tuvieron que retirarle unos pernos, ya que le estaban sobresaliendo de la piel y eso le molestaba, ni siquiera podía pararse, ni menos caminar”, explica su madre.
El joven víctima de la brutalidad policial todavía tiene más de 80 perdigones incrustados en su cuerpo. Los médicos no han podido retirarlos, por los riesgos asociados a una intervención de esa naturaleza. “Sus cicatrices son tremendas. Nos marcaron por siempre, sobre todo a mis hijos, es un daño tan terrible el que nos hizo esta institución”, acota Ada Huentecol.
Los perjuicios también son psicológicos. Ada cuenta que sus hijos “no están tranquilos, sabiendo que el asesino anda suelto”. Para ella, la reciente resolución judicial termina por “rematar este daño” a la salud física y psicológica de Brandon y su hermano.
“No hay ninguna garantía ni seguridad con este caso. Mi hijo es un sobreviviente de un disparo de un funcionario de Carabineros. Él pudo verle la cara directamente en el juicio, pudo relatar el momento. Muchos jóvenes han sido asesinados por los gobiernos de turno y ellos no han podido contar la realidad y mi hijo sí lo pudo hacer, pero lamentablemente no se pudo hacer justicia”, asevera.
Fuente: Resumen Latinoamericano/ANRed
