Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 14:00
Latinoamerica
(15/04/18 - Brasil, Opinión, Por Stella Calloni *)-.¿Puede un Tribunal Superior Federal (TSF) en un país como Brasil funcionar y sesionar como si nada hubiera sucedido, después que al menos tres generales uno de ellos el jefe actual del Ejército advirtieran públicamente que si el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva no iba preso, se verían “obligados” a dar un golpe militar?
Después de un intento de homicidio contra el ex presidente ocurrido la semana pasada en el estado de Paraná, el general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, dijo a la prensa en forma amenazante que el TSF induciría a la violencia en el país si Lula no iba preso y amenazó con un golpe de Estado.
También el general, Paulo Chagas, dijo que “nuestro objetivo (fuerzas armadas) es evitar que se cambie la ley y que el jefe de una organización criminal, condenado a 12 años de prisión, circule libremente, pregonando el odio y la lucha de clases”. Con una clara connotación de guerra fría.
Si algo faltaba pocas horas antes de que sesionara el STF el jefe del Ejército, general Eduardo Villas Boas, afirmó que su fuerza “comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudiar a la impunidad”, más diplomáticamente, pero la amenaza es la misma.
Cualquier magistrado mínimamente decente o simplemente apegado a la ley debió negarse a estar sentado en un Tribunal, que ante tal amenaza había perdido toda su autoridad. Además en todo caso se trataba de una amenaza de un golpe, en un golpe que ya se ha dado.
El golpe de estado mediático, jurídico, parlamentario sucedió en agosto de 2016 cuando la presidenta Dilma Rousseff fue destituida por una conjunción de medios de comunicación con la red O Globo a la cabeza, una justicia manejada por jueces que trabajan desde hace tiempo para Estados Unidos como Sergio Moro, cumpliendo el papel que les asignaron, un parlamento mayoritariamente corrupto, que destituyó sin pruebas a la mandataria lo que resultó en un golpe de Estado.
En mayo de 2016 Rousseff había sido separada de su cargo, y asumió el vicepresidente Michel Temer, quien, sin que nadie interviniera, cambió el gabinete, lo que no le correspondía porque simplemente estaba reemplazando a la presidenta mientras durara el juicio. Sin embargo tomó medidas en forma ilegal todas en contra del pueblo y los trabajadores, pero más aún medidas que lesionaron gravemente la soberanía en Brasil, comenzando por la entrega de los grandes yacimientos petrolíferos (pre-sal) sacándolos del control de Petrobras. Esta empresa como todas las estatales fueron víctimas de espionaje como los gobiernos de Lula y Dilma lo que revelaron las denuncias documentadas del ex agente de la Seguridad norteamericana Edward Snowden.
El juez que persiguió a Dilma y Lula, Sergio Moro, es uno de los tantos jueces o empleados judiciales cooptados por Washington, que de hecho ahora mantiene una especie de Escuela de las Américas para policías y judiciales en El Salvador. La condena de Moro contra Lula es una monstruosidad jurídica, ya que –como en el caso Dilma-no existe ninguna prueba en la causa por la cual fue condenado, lo que lo convierte en un rehén político, no ya de Brasil, sino de Washington, favorecido por el ex informante del Comando Sur, el actual presidente Michel Temer.
El esquema estadounidense de infiltrar a las estructuras judiciales de América Latina, surgió como metodología de trabajo en los planes contrainsurgentes y estratégicos para la región, en los 90, para aplicar en los primeros años del siglo XXI. Se planteó entonces un nuevo modelo: las “Democracias de Seguridad nacional”, en reemplazo de las dictaduras de Seguridad Nacional, que convirtieron en un cementerio a América Latina en el siglo XX.
La “democracia” planeada en encuentros en la sede del Comando Sur, no eran sino dictaduras encubiertas para manejar los Conflictos de Baja Intensidad en el Siglo XXI. Dispersar el Comando Sur de su sede en la Zona del Canal de Panamá mediante la instalación de bases y establecimientos militares dependiente del mismo en territorios estratégicos de América Latina, fue otra de las decisiones para acabar con la rebelión en el continente, golpear todo proyecto de integración y controlar directamente al mejor estilo colonial la región.
En el caso del juez Sergio Moro, quien estudió Derecho en la Universidad regional de Maringá, muy rápidamente entró en contacto con Estados Unidos asistiendo a un programa “especial” para instrucción de abogados nada menos que en la Harvard Law School (Estados Unidos).
Además participó en el “Programa para Visitantes Internacionales” organizado en 2007 por el Departamento de Estado norteamericano, especializado en la prevención y el combate al lavado de dinero. En ese curso realizó visitas a distintas agencias de Estados Unidos, entre ellas las de inteligencia como la CIA y el FBI..
Ya Estados Unidos había previsto que para “controlar” la región, debía infiltrar las estructuras judiciales, además de apropiarse de la mayoría de los medios masivos de comunicación o al menos controlarlos, mediante sociedades multimillonarias. En el caso de los parlamentos, el control se lograba mediante la cooptación ideológica de legisladores y la corrupción.
El juez Moro fue también instruido en el análisis de crímenes financieros, y en los delitos realizados por grupos criminales organizados y desde esos momentos pasó a ser un hombre al servicio de Washington.
Es uno de los tantos magistrados que trabajan conjuntamente con algunas de las Fundaciones estadounidenses, y sus Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que invadieron silenciosamente a América Latina desde los años 80 hasta la actualidad.
Como se conoció durante los gobiernos de Lula y Dilma, Brasil estuvo sujeto a un espionaje intenso por Estados Unidos y especialmente sus grandes empresas, sobre las que Washington había puesto la mira desde hace tiempo, lo cual permitió preparar la ofensiva necesaria en el momento necesario. .
Esto es parte de la estrategia de las derechas del continente, que responden directamente a los intereses imperiales de Estados Unidos y a su proyecto geoestratégico de recolonización continental. Se utilizan diversos y renovados mecanismos golpistas como hemos visto en los últimos años y especialmente en los casos de Honduras (2009), Paraguay (2012)y Brasil (2016) donde los golpes de Estado se concretaron, todos destinados a acabar con gobiernos auténticamente populares.
Otro método es el tema de las elecciones con fuerte injerencia de Washington como fueron las celebradas en Argentina en 2015 para lo cual se gastaron unos 40 millones de dólares en la decisión estadounidense de terminar con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sometida a una brutal guerra psicológica de desgaste, desacreditación y en la actualidad de una persecución despiadada tanto mediática como judicial.
En ese trabajo de destrucción fue clave en Brasil tanto la figura de Sergio Moro, como de otros jueces, y la brutal guerra de la Red O Globo, similar a lo actuado por el Grupo Clarín en Argentina. La prensa como arma de guerra, imprescindible en los planes de dominación continental.
En un artículo publicado en Brasil de Fato Daniel Giovanaz ubica el caso del juez Moro- convertido en un “héroe” en Estados Unidos, país para el que trabaja- y demuestra que esta acusación no es una “teoría conspirativa”, como suele banalizarse cualquier denuncia, porque existen pruebas suficientes en hechos y documentos.
Siempre se dudó del sorprendente ascenso del juez Moro a quien se señaló como un hombre de la CIA o el FBI de Estados Unidos. En junio de 2016, la filósofa e investigadora Marilena Chauí, citada por Daniel Giovanaz afirmó que el juez de primera instancia Sergio Moro había sido cooptado por el FBI para atender los intereses estadounidenses en la conducción de La Operación Lava Jato.
El vídeo con la denuncia de Chauí emitido por um canal (Nocaute) de TV de Brasil fue visto por más de 160 mil personas y originó debates entre juristas, historiadores, cientistas políticos y sociólogos brasileños.
“El recibió un entrenamiento característico de lo que hacía el FBI en el Macarthismo (política de persecución anticomunista adoptada por Estados Unidos en los años 1950) y fue después del 11 de septiembre que la “intimidación y la delación” se extendió” señala Chauí- La filósofa brasileña establecía que Estados Unidos tenía un objetivo: desestabilizar Brasil para apoderarse de los grandes yacimientos petroleros (pre-sal) y otros inmensos recursos y controlar nada menos que a la gran potencia latinoamericana.
“En este sentido la Operaçión Lava Jato es, vamos a decir un preludio de la gran sinfonía de destrucción de la soberanía brasileña para el siglo XXI)” denunció Chauí, cuya hipótesis fue respaldada por un documento de Wikileaks, que se conoció el 30 de octubre de 2009.
“El nombre de Sergio Moro- además de su relación clave con Estados Unidos- es citado como participante de uma conferencia ofrecida en Río de Janeiro por Bridges Project (Proyecto Pontes, puentes de la ley), vinculado al departamento de Estado cuyo objetivo era “consolidar el tratamiento bilateral (entre Estados Unidos y Brasil) para la aplicación de ley. Para entender ésto Washington comenzó a asesorar en temas de justicia contando no sólo con Moro, sino con otros jueces, que pasaron por sus cursos.
De acuerdo a este documento “los juristas brasileños que participaron en la conferencia con el pretexto del “combate al terrorismo” señalaron a las autoridades estadounidenses - entre ellas la Consejera Residente para Cuestiones Legales de La Embajada de Estados Unidos - cierta “incapacidad” del código Penal de Brasil para enfrentar estas situaciones”. En este caso Sergio Moro era la figura clave que planteaba los problemas legales más frecuentes en los casos de lavado de dinero en las Cortes brasileñas.
Entre las conclusiones tomadas por Wickileaks sobre aquella conferencia, los responsables del Proyecto Pontes sostuvieron “la necesidad continua de asegurar el entrenamiento a jueces federales y estudiantes de Brasil para enfrentar el financiamiento ilícito de conducta criminal”. La estrategia debía ser de “largo plazo” y coincidir con la formación de “fuerzas de tarea de entrenamiento” que podrían establecerse en São Paulo, Campo Grande o Curitiba.
Cinco años después de ese evento de Río de Janeiro estalló la Operación Lava Jato y demostró el “perfeccionamiento” del Poder Judicial en las investigaciones sobre causas y lavado de dinero en Brasil, pero al mismo tiempo instauró en el país un clima de inestabilidad política muy importante para los planes de Estados Unidos.
La injerencia sin límites
Estados Unidos, que ya tenía su grupo de control encabezado por Moro, se colocó en disposición de colaborar con el avance de la Operación Lava Jato.
En el año 2015, las autoridades estadounidenses aceptaron un pedido del Ministerio Público Federal (MPF) para rastrear depósitos que permitieran desmontar el engranaje montado por la empresa Odebrecht para pagos de coimas en el exterior. De esta manera Washington controlaba, manejaba y manipulaba las operaciones..
Documentos clasificados como ultra secretos por la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU conocidos en 2013 revelaron que Dilma y sus principales asesores eran centro directo de espionaje por parte del gobierno estadounidense. “Así como es imposible desvincular La Operación Lava Jato de la coyuntura política de inestabilidad que resultó en el golpe contra Dilma, son evidentes las ventajas obtenidas por Estados Unidos con el cambio de gobierno en Brasil”, señala Brasil de Fato.
Un ejemplo; Pedro Pullen Parante fue escogido por Michel Temer (PSMDB) para presidir a Petrobras y ya inició en mayo de 2016 un proceso de venta de activos y facilitó la privatización del sector petrolero. La entrega de yacimientos (pré-sal) al capital extranjero comenzó con parcelas preciosas de las áreas de Carcará, Lara y Lapa.. El 24 de mayo, La Federación Única de Petroleros (FUP) publicó una carta exigiendo la renuncia de Parente bajo acusaciones de destrucción del patrimonio público e interferencia de intereses extranjeros en la administración estatal. Pullen Parente fue ministro de la casa civil en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y vicepresidente ejecutivo de RBS, afiliada a La Red Globo en el sur Del país. El círculo siempre cierra.
Por cierto, se revela asimismo que en los últimos dos años las visitas de Sergio Moro a Estados Unidos se hicieron cada vez más frecuentes. En Julio de 2016 dio una conferencia en Washington sobre “La importancia de los medios en apoyo a sus investigaciones criminales”. En septiembre – en el auge del Lava Jato- participó de un ciclo de conferencias en Pennsylvania donde fue presentado como “líder central en el fortalecimiento del Estado de Derecho en Brasil”. Vale preguntarse si los acontecimientos sucedidos no han terminado com el Estado de Derecho que debería regir en una democracia real, que no existe en Brasil. Lula es inocente y nunca se ha probado lo contrario. Su defensa es la defensa de nuestros derechos y de nuestro futuro en libertad.
(*) Periodista y escritora
