El plan para habilitar la incineración de la basura en la Ciudad de Buenos Aires avanza a toda marcha. Días atrás el gobierno de Rodríguez Larreta presentó un proyecto para modificar la Ley Basura Cero, que actualmente prohíbe esta alternativa. Se trataría el próximo 19 o el 26 de abril. El Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad acompaña la lucha de la Federación de Cartoneros: “No a la Incineración, Sí al Reciclado”.
Sin más información oficial que el propio texto de la propuesta presentada, vemos cómo se está cumpliendo el plan que informalmente pudieron indagar las organizaciones ambientalistas y la Federación de Cartoneros en los últimos meses: en marzo se presenta el proyecto, en abril se aprueba la modificación de la ley y en junio se abre la licitación para la planta de incineración en el Complejo Norte III del CEAMSE[1].
No es la única planta: se habla de otras cinco en la zona metropolitana –José C. Paz ya dio un paso en ese sentido- y una en la propia Ciudad de Buenos Aires, en la Comuna 8, integrada por los Barrios Soldati y Lugano, actualmente en la “Zona Roja” de emergencia del saneamiento del Riachuelo.
A fines de diciembre del 2017 distintas organizaciones, académicos y entidades integrantes de la Comisión Asesora de la Ley Basura Cero alertaron sobre esta situación[2], cuando el propio gobierno propuso discutir en ese ámbito las tecnologías de “termovalorización energética” –la forma en que se refiere a la incineración con obtención de energía- y la modificación de la Ley Basura Cero.
Más allá de los cuestionamientos presentados, el ámbito no funcionó hasta principios de febrero de este año, cuando convocó a una reunión de trabajo de un día para otro, mandando cinco informes “científicos”, más de 200 páginas en inglés, sobre las “ventajas” de estas tecnologías. A pedido de la Federación de Cartoneros y demás organizaciones, se suspendió la reunión, por considerarla una burla a la participación.
En esos días vimos en los principales diarios del país la crónica del viaje de funcionarios y legisladores oficialistas por las principales ciudades de Europa, de la mano del presidente del CEAMSE, recorriendo las plantas de incineración, maravillados con la energía producida con la basura[3]. Sin mencionar que en realidad, la Comunidad Europea hoy está desalentando los subsidios a estas tecnologías, por considerar que desalientan la reducción y el reciclado[4].
La siguiente señal del Ejecutivo fue directamente la presentación del proyecto de ley, el 23 de marzo. Todo un dato la decisión del gobierno de avanzar sin debatir, sin siquiera responder los pedidos de informes de distintas organizaciones. ¿Dónde van a poner las plantas, cuánto van a costar, qué van a hacer con las cenizas, cómo van a controlar las emisiones, qué va a pasar con los centros de reciclado, con los cartoneros? Hasta el día de hoy nadie dice una palabra.
El 3 de abril, en una reunión conjunta de comisiones de ambiente y obras públicas de la legislatura para presentar el proyecto oficial, el secretario de Higiene Urbana de la ciudad dijo poco y nada, limitándose a leer textuales los artículos del proyecto en respuesta a los interrogantes señalados. En iguales términos se expresó el presidente del CEAMSE, allí presente: “No va a haber planta, quedate tranquila”, contestó al retirarse del recinto. No hay razones para estar tranquila: tienen los votos para aprobarla, la oposición se manifestó en contra, la bancada de Lousteau se mostró disconforme, la Coalición Cívica se llamó al silencio. La Federación de Cartoneros ya inició su plan de lucha y movilización, en defensa de la Ley Basura Cero y su fuente de trabajo.
Las razones de la oposición
El gobierno dice que ya hizo todo lo que podía hacer para reducir la basura de la Ciudad, por eso no le queda otra que modificar las actuales metas de reducción, “imposibles de cumplir”, por otras “más reales”, y habilitar la posibilidad de incinerar, siempre y cuando sea para obtener energía. Como desde hace años sucede en Europa o Estados Unidos.
No es cierto que en todos estos años el gobierno haya apostado a reducir y reciclar. Según un informe reciente de la Auditoría General de la Ciudad, los gastos totales para la recolección de la basura rondan el 7% de los 16.400 millones de pesos -800 millones de dólares- que conforman el presupuesto total de la CABA para 2018. Desde la Federación de Cartoneros señalan que de ese porcentaje, la porción mayor se la llevan las empresas recolectoras: la Dirección General de Reciclado, a cargo de la recolección de reciclables, recibe sólo del 5 al 10% de lo abonado a estas empresas. Y no todo lo que recibe esa dirección va a los cartoneros: una buena parte se destina a publicidad, o a comprar máquinas de alto costo que podrían ser reemplazadas por fuerza de trabajo.
La tarea que realizan los cartoneros de concientización a la comunidad para la separación en origen y recolección de la fracción reciclable, sigue dependiendo en gran medida de su propio esfuerzo y organización. Hoy están muy lejos de lo que este gobierno podría garantizar en infraestructura, logística y fuerza de trabajo, si realmente quisiera reducir lo enviado al CEAMSE. Tampoco se han abordado aunque sea a escalas incipientes, otras estrategias de reducción mucho más sencillas y económicas que la incineración, como el compostaje y la biodigestión, como sí lo vienen haciendo distintas localidades del país como Tandil o Bahía Blanca, con mucho menos presupuesto que esta ciudad.
Está claro que no hay voluntad de disminuir la basura: el proyecto plantea como “meta real” enviar al CEAMSE para el año 2021 la misma cantidad de residuos enviados en el 2017. Se modifica además el “piso base” para calcular la reducción, ya no es más el total en toneladas enviadas en el año 2004 (1,5 millones) sino las 2,1 millones enviadas en el 2012.
En cuanto a la generación de energía, desde hace tiempo la Fundación Ambiente y Recursos Naturales-FARN, viene señalando que no es correcto considerar la incineración de residuos como energía renovable, cuestionando a la propia empresa del Estado, ENARSA, por tomar la iniciativa en los últimos años. No sólo se cuestiona la ecuación energética en sí -la mayoría de los materiales combustibles permitirían un mayor ahorro energético reciclados y no incinerados- sino también los altos costos que se pagarían por insertar esa energía a la red. A razón de 150 dólares el MW, contra 50 dólares que se paga hoy en promedio por cualquier fuente renovable. Será el Estado, con nuestro dinero, el que terminará subsidiando este precio.
Lo que seguramente va a generar la incineración es una importante cantidad de cenizas, mínimo un tercio del total de la basura quemada. Ya no pueden ser considerados como residuos comunes, son peligrosos por sus componentes, tienen por destino rellenos de seguridad, a diferencia de los rellenos sanitarios como el CEAMSE. Hay un régimen especial para este tipo de residuos, el gobierno lo sabe, y por eso también intenta modificar la ley de residuos peligrosos vigente, están circulando borradores desde el año pasado.
Silvia Ferrer, coordinadora hasta hace pocos años del Departamento de Salud Ambiental en el Ministerio de Salud de la CABA, recordó a legisladores de la oposición que esta ciudad prohibió hace tiempo la incineración de los residuos patogénicos -aquéllos generados en establecimientos médicos, también considerados residuos peligrosos-, por el riesgo a la salud que significan las emisiones al aire de gases y partículas mucho más pequeñas que el hollín, difícilmente controlables aún por filtros de última tecnología.
Hay muchas sustancias en común resultantes de la incineración de los patogénicos y los residuos comunes. Se trata de contaminantes altamente persistentes en la atmósfera, como las dioxinas y furanos, que se acumulan en el organismo y causan enfermedades crónicas, como leucemias, y otros tipos de cáncer. Argentina tiene compromisos internacionales firmados para la prohibición de estos tipos de contaminantes, esa normativa también debe tenerse en cuenta al momento de dar vía libre a la incineración de residuos.
En los próximos días FARN presentará un informe bastante grave sobre los rellenos de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con situaciones de vertidos clandestinos. Varios de ellos sancionados por los propios organismos de control provincial; pagan la multa, levantan la clausura y siguen funcionando.
¿Qué garantías de control existen en la zona metropolitana para los residuos peligrosos y las emisiones a la atmósfera de estas siete plantas de incineración que se proponen? Si para el saneamiento del Riachuelo es la propia Corte Suprema de Justicia quien controla a la autoridad de aplicación, la ACUMAR, y así estamos sin avances concretos, ¿qué nos queda pensar para estas plantas, con el mismo color político gobernando la Ciudad, la Provincia y la Nación?
Lo único que justifica la urgencia para avanzar con este plan son los negocios posibles a futuro, en esta oportunidad llevados adelante por la CEAMSE, una sociedad del estado conformada por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Se calcula que una planta similar a la que el gobierno destaca en Europa, representa un costo de 500 millones de dólares. Según la Federación de Cartoneros, con un 4% de lo que cuesta sólo una de esas plantas se podrían construir al menos 40 centros de reciclado en toda la región, con la condiciones de infraestructura necesarias, brindando muchas más fuentes de trabajo, preservando mucho más la salud y el ambiente.
Es importante conocer y difundir todos estos argumentos para refutar la idea que esta propuesta del gobierno representa un paso adelante, una mejora. No es la primera vez que se intenta avanzar con una iniciativa de este tipo, pero ahora cuentan con los votos para hacerlo. Después restan los siguientes pasos hasta que se lleve a la práctica, pero hay que dar la pelea debatiendo de cara a la sociedad. Ya empezó la cuenta regresiva.
[1] https://www.infobae.com/sociedad/2018/04/08/el-gobierno-porteno-quiere-que-el-proyecto-para-incinerar-la-basura-se-apruebe-antes-de-fin-de-mes/
[2] http://tallerecologista.org.ar/sitio/noticias-sec.php?sec=622
[3] https://www.clarin.com/ciudades/incineracion-basura-modelo-europeo-podria-adoptar-buenos-aires_0_SyhPHy7df.html
[4] https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-34-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
Por Silvia Ferreyra, ISEPCI
